La sucesión de escándalos políticos de las últimas semanas, con la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y la ampliación de una nueva causa que afecta a lo que fue el núcleo duro del PSOE hasta hace solo un año, ha convulsionado la actualidad política del Estado. Y ha asestado un golpe, quien sabe si ya definitivo, a una legislatura que nació frágil tras las elecciones de julio de 2023, que nunca ha terminado de remontar y que, tras el distanciamiento de Junts, apenas cuenta con margen de maniobra para continuar hasta su final, previsto en julio de 2027.
La facultad de convocar elecciones generales corresponde al presidente del Gobierno, que, a la luz de experiencias anteriores, intenta celebrarlas en el momento que más conviene a él o a su partido. Desde 1977 quizá la única excepción se vivió en la legislatura de 2008-2011, marcada por la mayor crisis económica y financiera de las últimas décadas, cuando precisamente Zapatero escogió un momento que suponía asegurarle a su partido una derrota contundente, como así sucedió. No parece que Pedro Sánchez, que ya ha demostrado en ocasiones anteriores su habilidad para girar el tablero y que es consciente de que la corrupción no suele ocupar de manera permanente las preocupaciones de los ciudadanos –los datos históricos del CIS muestran que los grandes picos se desinflan rápido–, vaya a optar por llamar a las urnas en un momento especialmente desfavorable a sus intereses.
Acierta en todo caso Aitor Esteban cuando califica el ambiente como “irrespirable” y cuando reclama a Sánchez que no demore hasta el 24 de junio las explicaciones que debe dar en el Congreso de los Diputados. Porque, al margen de la toxicidad de los casos de corrupción, que también salpican recurrentemente al PP, como muestra el caso Kitchen, en pleno juicio, y la imputación a Montoro por crear “una red de influencias” para beneficiar a empresas gasistas cuando era ministro de Hacienda, el resultado es una acción legislativa casi paralizada y sin presupuestos. Justo lo contrario de lo que sucede en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra, territorios donde los acuerdos y la estabilidad parlamentaria están permitiendo, al margen de aciertos y desaciertos puntuales, focalizar políticas en los verdaderos problemas de la ciudadanía, que es de lo que se trata.