Alrededor de 20.000 bebés nacen cada año en el mundo mediante vientres de alquiler, más de 2.000 en España, una realidad de la que se habla poco hasta que salen –mejor dicho se venden en el Hola! (lean la tira de J.J. Aos)– casos como el de la actriz Ana Obregón. La mayoría de los compradores no son homosexuales, son parejas heterosexuales de alto poder adquisitivo, que tienen el capricho de ser padres y quieren que sus hijos tengan los mismos rasgos fisiológicos. Y recurren a la trata de seres humanos, la compraventa de recién nacidos. Como admite Ana Trejo de la plataforma Stop Vientres de Alquiler ser madre/padre no es un derecho. Los hijos son seres humanos, titulares de derechos que la subrogación vulnera. Comparto también con periodistas como Beatriz Gimeno la vinculación que existe entre la prostitución y la gestación subrogada. Entre la industria del sexo y de la reproducción. En ambos casos, las mujeres venden algo propio: sus servicios sexuales o sus servicios reproductivos. La libertad individual es el único argumento al que apelan los partidarios de regular los vientres de alquiler, señala. “No existe el derecho a usar a una mujer para que alguien satisfaga lo que es un deseo, legítimo, comprensible, pero un deseo. Comprar un embarazo, un órgano, sangre, óvulos, corneas…no es un derecho de nadie”, destacaba la periodista en un artículo publicado en El País. La gestante no es dueña de su propio cuerpo en ningún momento del proceso. Y es así, no hemos conseguido afianzar otros derechos fundamentales como la vivienda y sin embargo somos capaces de legitimar la explotación detrás de una patina de falso progresismo. Un mercado donde se impone el poder de compra y que obliga a las personas pobres a vender lo que nunca venderían de no verse en una situación de necesidad. Mujeres que, además, se arriesgan a que las dejen abandonados con bebés que no cumplen las expectativas de los progenitores. Nuria González López, abogada especialista en Derechos Humanos, relató en Público hace tres años su experiencia en la visita a una agencia especializada en alquiler de vientres para desenmascarar lo que hay detrás de este negocio multimillonario. Agencias que cobran también por los complejos trámites para que el Estado español asuma que son sus hijos. Por eso la mayoría son despachos de abogados. En el caso de Estados Unidos hablamos de 120.000 €-140.000 €. Relataba –en ese caso por ser mujer sola– la opción que le daban para que todo el proceso de embarazo se haría en Ucrania donde contaban con clínica propia y después, el juicio de custodia y el parto, se llevaría a cabo en Grecia. Podía elegir niño o niña y si no está todo lo sano que la clienta quiera, pues aborto y otra oportunidad. Es terrible. Entiendo el vacío que sienten muchas mujeres que no pueden tener hijos o a las que la edad les impide procrear. Entiendo el sufrimiento que genera la infertilidad. Y la frustración de quien está en lista de espera más de cinco años para poder adoptar. Pero hay otras alternativas. La acogida temporal por ejemplo. El año pasado había 260 menores, niños, niñas y adolescentes invisibles (no bebitos) esperando una oportunidad.