más impuestos indirectos (IVA) -los que pagan todos los ciudadanos independientemente de su renta y riqueza- y menos impuestos progresivos, menos salario y mayor precariedad y recortes en la sanidad y educación públicas son las recetas de moda del nuevo modelo socioeconómico de este decadente capitalismo del siglo XXI. Se vuelve a arremeter contra el sistema público de pensiones y se exige a los trabajadores, profesionales y autónomos mayor capacidad de ahorro anual (el 6% de los ingresos) y alargar cinco años la edad de jubilación. La propuesta es una tomadura de pelo insultante en una época de desempleo, precarización laboral y caída de los salarios. La supuesta oferta salvadora es incompatible con la realidad laboral de hoy, pero no se trata de ofrecer soluciones, sino de expandir ideología. Menos salario y más paro, y menos democracia y más autoritarismo. Estos es, inyectar en la opinión pública un modelo autoritario que asuma poner límites a los derechos y libertades de la democracia. Estos años de crisis-estafa inducida y mantenida han demostrado que las reformas y recortes impuestos para desmantelar el Estado de Bienestar y su modelo de derechos civiles, sociales, políticos y laborales no ha detenido la desmesura de la avaricia y la usura mercantilista. Es inagotable su obsesión por traspasar las rentas de las clases medias y desfavorecidas a los bolsillos de unas elites cada vez más reducidas y más enriquecidas. Sus medidas siempre terminan suponiendo un asalto financiero, social y económico responsable de la destrucción de economías enteras, el empobrecimiento de las clases medias y la exclusión social de millones de familias y desempleados. Es la ideología que ha abierto la puerta a la nueva ultraderecha y a los populismos neoliberales y reaccionarios porque los necesitan como arietes contra los valores democráticos y la garantía de solidaridad y convivencia. Y no perdamos de vista que eso es lo que también quieren traer -en cierta medida ya lo están haciendo o intentando- a esta Navarra que aún mantiene la igualdad de oportunidades, la prestación de servicios públicos, la cohesión y la justicia social de prioridades.