Publicaba en su edición de ayer el diario El País que el Instituto Nacional de Estadística (INE) controlará los móviles de todo el Estado durante ocho días. Una operación que, en teoría, tiene como finalidad llevar a cabo un estudio sobre la movilidad de los ciudadanos. Y que, según también la teoría, mantendrá el anonimato de los datos obtenidos gracias a este acuerdo con las tres principales operadoras de telefonía. En este sentido, asegura la información que el estudio del INE obtendrá información de las posiciones de los números de cada teléfono móvil, pero no de los titulares de las líneas. No lo veo nada claro. De momento, y más allá de lo que dicen las salvaguardas del estudio, la realidad es que un organismo público va a tener acceso a los datos de la ubicación durante esos días todos nuestros móviles y por tanto también de cada uno de nosotros. No sé si incluso con las salvaguardas garantistas, es legal y no vulnera nuestros derechos. A mí más suena más a la asfixiante sociedad controlada por el Gran Hermano del 1984 de Orwell. O la excelente película Espejo Público. O cualquiera de las distopías de la literatura o del cine de antes o de ahora. Angustia pensar que esa ingente información personal pueda ser tan fácilmente accesible, controlable y utilizable. No soy tonto. Ya sé que ese control de los teléfonos, de nuestra ubicación, de nuestras conversaciones, de nuestros pensamientos, etcétera ya se lleva a cabo a través de las diferentes redes sociales -muchas veces con nuestro voluntario permiso, aunque casi siempre ignoremos el alcance real de lo que supone aceptar sus condiciones de uso-, del espionaje informático o de las mismas cloacas del Estado. Pero precisamente que sea el Estado el que avale ese tipo de medidas de control asusta aún más. Lo hace más inquietante. La tecnología ha permitido diseñar un big data de cada uno de nosotros y ha convertido la comercialización de nuestra intimidad en un inmenso negocio. El camino a que nuestra información personal, los más profundo de nuestra intimidad, campe sin control alguno convertida en algoritmos por miles de bases de datos de empresas, corporaciones, multinacionales, policías o gobiernos, da un paso más con esta operación del INE con el visto bueno del Estado. De nuevo, la realidad supera a la ficción. Espero que el Gobierno pare ese proyecto que vulnera derechos civiles constitucionales. Este presente cibernético de un inmenso mercado de datos, perfiles y usuarios acojona mucho.