Es otro clásico reiterado de la política recentralista contra el autogobierno de Navarra. El recurso sistemático ante el Tribunal Constitucional de leyes forales aprobadas en el Parlamento de Navarra y emanadas de la voluntad política democrática mayoritaria de los navarros y navarras. En unos casos por no gustar al Gobierno de turno en Madrid sus contenidos y propuestas por cuestiones de discrepancia política o ideológica. En otros, por el impulso de cualquier alto funcionario de la Abogacía del Estado que encuentra invasión de competencias en cada normativa navarra que acuerda mejoras para la ciudadanía que aún no se han aprobado con carácter general en el Estado. Es evidente que en los despachos de los ministerios de Madrid se analizan las leyes forales con un lupa mucho más grande que las de otras comunidades autónomas. Una recentralización progresiva que ya ha recortado las competencias propias de Navarra con los sucesivos recursos de inconstitucionalidad presentados -tanto por gobiernos del PP como del PSOE-, contra leyes forales navarra. He perdido la cuenta de los sucesivos ataques a la legislación foral en los últimos años. Pero superan seguro la quincena de leyes recurridas. La última, la de actualización del Fuero de Navarra -hace unos meses, también con Sánchez de presidente, fue la Ley Foral de Residuos-, aprobada por unanimidad en el Parlamento de Navarra. Fue, para más inri, el estreno del Gobierno de Sánchez que forman el PSOE y Unidas Podemos. Una unanimidad en Navarra que incluyó los votos de PSN y de Podemos en la Cámara foral, partidos que ahora forman el Gobierno de coalición en el Estado que llevado la normativa al Constitucional. Sin olvidar que aún quedan en el Amejoramiento un buen puñado de competencias pactadas hace ya casi 40 años con el Estado que aún no se han transferido a Navarra. Todo en orden. Al parecer, PSOE y Unidas Podemos siguen en Madrid la misma estela centralizadora del PP, un camino en el que ha contado casi siempre con la complicidad del alto tribunal para imponer una uniformidad política que convierte en papel mojado la bilateralidad política e institucional entre Navarra y el Estado y empeora el modelo de bienestar y cohesión social de Navarra. En ese contexto, la descentralización tiene apenas un alcance administrativo y de utilitarismo político interesado en función de la necesidad periódica de apoyos políticos en Madrid. Un actitud antiforal del PP -y también del PSOE-, en la que ha tenido habitualmente a su rebufo incomprensiblemente a UPN. La última, hace apenas unos días, dando una vuelta de 180 grados a su posición histórica en favor de recuperar en exclusiva la competencia de Tráfico para la Policía Foral. De hecho, equiparar los derechos de los ciudadanos a peor en vez de aplicar las mejoras -como las que recoge en el ámbito civil la actualización del Fuero Nuevo- a todos los ciudadanos del Estado es una obsesión del centralismo político para devaluar los derechos históricos y el autogobierno de Navarra. Que el nuevo Gobierno de PSOE y Unidas Podemos retire el recurso a la actualización del Fuero Nuevo, una competencia propia e histórica de Navarra, es un mínimo de credibilidad en su proyecto de regeneración democrática.