Mesa de Redacción

La gestión de la Seguridad Social desde Navarra

22.02.2020 | 23:48

el acuerdo alcanzado entre el Estado y la CAV para pactar bilateralmente un calendario que complete el proceso de transferencias pendientes desde hace 40 años en el Estatuto de Gernika que incluye por primera vez de forma explícita la gestión de la Seguridad Social debe ser el paso definitivo para el cumplimiento de la legalidad del actual ordenamiento jurídico del Estado autonómico. Y afecta directamente también a las reclamaciones de autogobierno de Navarra incluidas en el Amejoramiento del Fuero y aún pendientes de transferirse desde 1982. También en referencia a la gestión foral de la Seguridad Social. El PP y otras formaciones de derechas y los principales medios de Madrid se han apresurado a descalificar este acuerdo como una cesión del Gobierno de Sánchez, pero ¿qué cesión puede haber en avanzar en el cumplimiento de una ley orgánica que forma parte del bloque constitucional tras décadas de incumplimiento? Ninguna. La descentralización política exige también una descentralización financiera que permita vertebrar económicamente el Estado en sus diferentes realidades sociales y laborales como otra herramienta de lucha contra el despoblamiento. La descentralización económica –que Navarra tiene garantizada por el Convenio Económico y la CAV por su Concierto–, conlleva un ejercicio necesario de corresponsabilidad ciudadana y política en la gestión de los recursos públicos y es garantía de un más eficiente control del bien común y de las prioridades presupuestarias. Navarra lleva años reclamando las transferencias pendientes y, entre ellas, Tráfico para la Policía Foral –ya parece cerrada–, y la gestión de la Seguridad Social han sido prioritarias. Esa reclamación ha contado con el apoyo de todos los partidos navarros, incluido UPN con Sanz de presidente a la cabeza. No ha sido una cuestión partidista, sino una exigencia política general con argumentos jurídicos y competenciales. Basta repasar las actas del Parlamento en que se ha abordado esta reclamación legítima y legal y las intervenciones de los partidos navarros que han apoyado por unanimidad el traspaso de esa competencia. La transferencia de la gestión de la Seguridad Social no rompe la Caja Única, sino que cumple los compromisos pactados entre el Estado y Navarra que el Gobierno central no ha cumplido casi 38 años después. Es decir, se reclama el cumplimiento de la ley al margen del carácter unitario del régimen económico de la Seguridad Social –que su gestión por Navarra o por la CAV no pone en duda–, desde los principios de solidaridad y de viabilidad. Una solidaridad garantizada por la aportación anual de Navarra al Estado y una viabilidad que la gestión propia de Navarra de su sistema de pensiones pone a salvo del asalto político, económico e ideológico que se ha venido haciendo desde Madrid, el PP principalmente, contra el Fondo de la Seguridad Social, esquilmando el dinero de los cotizantes para encubrir su pésima gestión de corrupción y despilfarro y abriendo la puerta al negocio de la privatización de miles de millones de euros. La adecuación de las pensiones públicas a este siglo XXI y a un modelo propio de gestión exige remodelar sus vías de financiación y de organización, incluida la descentralización, y pretende garantizar un sistema sostenible y universal para los navarros y navarras al margen de los vaivenes socioeconómicos.