l Parlamento de Navarra ha dado luz verde a la proposición de ley de EH Bildu que plantea medidas contra la deslocalización de empresas que se hayan beneficiado de ayudas públicas. La medida, sujeta ahora al debate político en comisión parlamentaria, fue avalada por PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E, mientras que Navarra Suma optó por la abstención. No sé cuál será el contenido final de la normativa, pero es una ley necesaria. El reciente cierre de la planta de Siemens Gamesa en Aoiz y el despido de sus 239 trabajadores ha sido el último caso de deslocalización empresarial de una larga lista. Siemens Gamesa ha recibido, como otras empresas que optaron por la salida de Navarra a la búsqueda de localizaciones más rentables laboralmente, millones de euros de ayudas públicas. Dinero de todos los navarros y navarras que una vez más asistieron estupefactos a la espantada empresarial. Una cosa es utilizar el autogobierno para impulsar la instalación de proyectos que generen empleo, y otra que las políticas de ayudas públicas acaben derivando en un absurdo de destrucción del tejido industrial y del empleo una vez cobradas las subvenciones. Urge una legislación foral propia y que sea jurídicamente efectiva para vincular las ayudas públicas al mantenimiento del empleo a largo plazo. Es el mínimo compromiso exigible a los grupos parlamentarios. Y sería bueno que esa nueva legislación -que plantea que las empresas que trasladen su producción fuera de Navarra y hayan recibido ayudas públicas durante los 10 años anteriores las devuelvan- tenga el máximo consenso político, sin que el debate parlamentario que viene ahora desvirtúe su contenido ni sus objetivos, como aval. Si Navarra quiere seguir manteniendo su apuesta de diversificación industrial con nuevos sectores estratégicos con dinero público debe ser a cambio del mantenimiento y creación de empleo como condición previa y no permitiendo que con esas mismas ayudas públicas se impulsen procesos de deslocalización o avalando despidos masivos.
