l decreto foral que regula la puesta en marcha de nuevos centros residenciales, de nuevos servicios como las mini residencias-hogar y que plantea como reto una "atención integral" del usuario centrada en la persona, establece un tope de 130 plazas en mayores y 70 para discapacidad, y entra en detalles como que todas las habitaciones tienen que tener baño, y un 80% de las plazas de habitaciones individuales. Un modelo en el que se viene trabajando desde 2019 que pretende ofrecer mayor seguridad ante situaciones como la covid y que llega tras el aterrizaje de nuevos proyectos en Pamplona y Comarca, en manos de diferentes firmas inversoras. Centros que se posicionaron antes de la pandemia no solo como modelo de negocio sino también para paliar una demanda insatisfecha por la Administración durante 20 años y por la que ha tenido que recurrir a conciertos. Navarra (más de 500 muertos en residencias durante la pandemia) no sufrió las masacres de Catalunya o Madrid pero sí la falta de derivaciones de enfermos a hospitales, de material y de personal sanitario especializado, en centros -donde conviven las personas de mayor riesgo- que dependen de Políticas Sociales y en los que el sistema público de salud se desentendió. De los errores habrá que aprender para que, además de construir centros menos masificados, los usuarios tengan el mismo derecho a la salud que cualquier ciudadano.
