l desconcierto que se ha generado con la vacuna de AstraZeneca-Oxford muestra que la pandemia sanitaria va mucho más allá de ser solo una cuestión de salud pública, que es lo que debería ser. Y ese es el problema. AstraZeneca ha sido sujeto de polémica desde el comienzo por el constante bombardeo de informaciones sobre sus supuestos efectos negativos muy inusuales. Y pese a que la Agencia Europea del Medicamento ha ratificado esta semana la importancia de su utilización para avanzar en la inmunidad colectiva, varios gobiernos -España entre ellos- han decidido suspender su inoculación. Otro cambio de criterio que no se sustenta ni en los informes ni en la opinión de los expertos científicos y epidemiológicos. Basta escuchar a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, incapaz de explicar con claridad las razones de suspender AstraZeneca y menos aún las consecuencias que se derivan para quienes han recibido ya una primera dosis. Un caos que evidencia además una enorme falta de empatía con esos cientos de miles de ciudadanos condenados de un día para otro a un limbo absurdo. Navarra también ha seguido ese cambio errático de criterio. Una cosa es no suministrar AstraZeneca por falta de dosis y otra no hacerlo por razones cuando menos confusas. La imagen de la consejera Induráin vacunándose con AstraZeneca es importante por tranquilizadora, pero no cambia los hechos. Más aún cuando los datos confirman la llegada de la cuarta ola de la pandemia. El proceso de vacunación está funcionando en Navarra con su extensión a cada vez más población y de forma más rápida y efectiva, que son los objetivos prioritarios, y echar ahora marcha atrás con una de las vacunas disponibles no parece eficiente ni necesario sin una justificación clara. Eso sí, el descoloque es total en la UE y se extiende a gobiernos e incluso ya a territorios, regiones y comunidades del conjunto de Europa. Alemania, como antes Hungría o Eslovenia, está negociando directamente con Rusia para adquirir millones de dosis de su vacuna Sputnik V. También lo han intentado por su cuenta comunidades como Madrid, Andalucía o Valencia. No vale engañarse. El coronavirus no es solo una cuestión de salud pública, es también un espacio de batalla política geoestratégica en el concierto internacional y local e igualmente una compleja pugna de intereses económicos por los inmensos beneficios que genera en el mercado sanitario y farmacéutico. Y en ese contexto, la salud de las personas va quedando en un lugar secundario frente a la geopolítica y el negocio. Al menos es extraño que todo el volumen de información -con mucho de desinformación- solo centre sus alarmas en esta vacuna y no en los efectos secundarios que también conllevan Moderna, Sputnik o Pfizer, muy similares. Quizá lo más claro es la evidente incompetencia y descoordinación de la UE para gestionar un proceso de vacunación que otros espacios políticos han solucionado con mayor eficacia y rapidez. Y su fácil sumisión a las presiones de los lobbies multinacionales que han vetado cualquier intento de liberalizar las patentes pese a la gravedad de la situación sanitaria y sus costes económicos, sociales y laborales. La patética imagen de la humillación del supremacista e islamista turco Erdogán a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, es la metáfora del estado actual de desconcierto que impera en la UE como proyecto político común.