l ruido de la crispación permanente en que camina la política española es insoportable. La moción de censura de 2017 que desalojó al PP de la corrupción del Gobierno ha dado paso a una situación de acoso y derribo insistente que busca un estado de inestabilidad en todos los ámbitos del Estado. La última víctima ha sido el diputado de Podemos -ya ex diputado-, Alberto Rodríguez. Le han birlado el escaño por la cara en una rocambolesca operación jurídico-política. Y lo que es peor aún, han anulado de golpe el derecho al sufragio universal libre y democrático a 64.000 electores canarios. Condenado en un cuando menos sorprendente juicio en el Tribunal Supremo tras la acusación de un agente de la Policía, cuatro años después de que se produjeran los supuestos hechos, en el que no hubo más pruebas objetivas ni testigos que la solitaria declaración del denunciante. El juicio, más allá de las consideraciones jurídico-ténicas -muy discutibles a la vista de lo leído y escuchado estos días a juristas y magistrados-, tenía más de atrezo de un tribunal bananero que de una justicia democrática y garantista. En la operación aparece de nuevo Marchena. Está en todas. No se pierde una el hombre. Pero para que el resultado de la operación fuera completa había que echar a Rodríguez del Congreso. Y ahí aparece la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet que acaba retirando el acta a Alberto Rodríguez. La escena del teatrillo comienza con un informe de los Letrados del Congreso que concluye que la sentencia no conlleva la pérdida de su condición de electo. Tiene lógica. Ni la ley ni la sentencia derivan a ello. Pero todo acaba con el diputado camino de Canarias y un nuevo informe del Letrado Mayor afirmando ahora lo contrario. El tradicional donde dije digo, digo Diego arraigado en la cultura española. La escena se completa con la actual pareja de Batet, el ex ministro de Justicia José Luis Campo, amigo íntimo de Marchena y con quien comparte mesa y mantel habitualmente y lo que venga después. Una escena que describe el cómo y dónde se juega la política hoy por encima de los intereses generales de la sociedad. Tiene mucho de ese impúdico jolgorio de las elites. No es casual. Es un clásico español que cuando la derecha pierde en las urnas el poder llega la inestabilidad. Los poderes fácticos reaccionarios que sostienen al PP y Vox controlan todos los resortes claves del Estado excepto el Gobierno y el Congreso, los poderes Ejecutivo y Legislativo. Por eso, los altos tribunales, los grandes grupos mediáticos y los lobbies empresariales y financieros tratan de instalar la inestabilidad en el día a día. La imagen de caos siempre ofrece réditos. La propia coalición de Gobierno se resiente. Ahora es la derogación de la reforma laboral de Rajoy de 2011. O el bloqueo de la derogación de la antidemocrática Ley Mordaza. Y si no será otra cosa. No solo es la pugna personal entre ministras como Calviño y Yolanda Díaz, que también, ni tampoco solo la pugna de interese partidistas entre el PSOE y Podemos, que también, la situación de inestabilidad va más allá y busca un cambio político por encima de la libre y democrática voluntad de los ciudadanos. Esta España de la crispación, aún desde la distancia de la situación política actual de Navarra, resulta insoportable. Cada día más.