a justicia británica ha avalado finalmente la extradición de Julián Assange, periodista y fundador de Wikileaks, la red que filtró miles de cables secretos que ensombrecieron el respeto democrático en la actividad de ministerios de Defensa, Seguridad, Exteriores, embajadas y corporaciones multinacionales de decenas de estados. Una nueva derrota de la libertad de prensa propio de dictaduras y regímenes autoritarios ahora en las propias democracias. Un profundo error que abandona a una suerte sin garantías democráticas a Assange. EEUU le persigue con saña desde que en 2010 su red publicara documentación secreta sobre actividades ilegales del Pentágono, la CIA y empresas de seguridad privada, informaciones de las que se hicieron eco los principales medios de comunicación de todo el mundo. Pese a ello, la solidaridad y presión profesional y política en favor de los derechos de Assange ha sido más bien poca. Desde entonces, Assange, enfermo y con su vida en peligro constante, ha estado sometido a un duro cerco judicial, político y económico que puede concluir ahora con su extradición. Más allá del personaje, dejó una importante herencia. Puso de manifiesto ante todo el mundo la pérdida de calidad del sistema democrático ante la capacidad de presión de los intereses económicos y geopolíticos de las grandes corporaciones multinacionales y la sumisión de los gobiernos encargados en teoría de su supervisión. El escándalo de los correos de espionaje desveló un modelo en el que multinacionales, gobiernos y entidades financieras se saltan las leyes para obtener beneficios, aun a costa en muchos casos de ocasionar perjuicios personales y colectivos, políticos, económicos y empresariales a otros. Demostró que se han obtenido posiciones de poder y chantaje a costa de espiar, contratar mafias, comprar y vender información reservada e impulsar la corrupción. Esto ya lo escribí. Pero ninguno de los responsables de todo un cúmulo de operaciones ilegales y criminales, por ejemplo en las invasiones militares de Irak y Afganistán, ha tenido que responder política o penalmente. La documentación revelada por Wikileaks evidenció que los gobiernos siguen anteponiendo esa oscura idea de los intereses de Estado a la legalidad democrática y la ética política. Es una cuestión de libertad de prensa en un momento en que se persigue la libertad y los derechos de opinión, de expresión y de información señalando a periodistas y medios. Lo dejó claro Trump cuando chantajeó a Assange ofreciéndole el indulto a cambio de desvelar sus fuentes. La prensa libre nunca ha tenido un presente fácil y son periodistas cuyo trabajo representa un desafío contra intereses políticos, económicos, financieros, empresariales, militares, religiosos o delictivos los que son víctimas de intimidaciones, cierres, violencia, exilio o cárcel. Publicar aquella verdad que no quieren que sea publicada sigue siendo complicado y peligroso, pero es fundamental en una democracia. Y matar al mensajero --medios estadounidenses han publicado la existencia de planes oficiales para asesinar a Assange-, no oculta que nada de lo que se desveló con la filtración de esos documentos ha sido desmentido. Si Assange es extraditado a EEUU será otro grave paso atrás contra el derecho a la información como un pilar democrático fundamental.
