Al presidente del Gobierno español y a la ministra de Defensa, la responsable política de la Seguridad del Presidente, de la Seguridad del Estado y del respeto al derecho de todos los ciudadanos de Estado a su intimidad y privacidad en las comunicaciones, les han espiado sus aparatos de telefonía móvil con el sistema Pegasus.

Para mear y no echar gota. El mundo del espionaje español es ya una mezcla de maniobras tenebrosas desde las profundidades oscuras y de chapuzas propias de ineptos profesionales. No vale engañarse. Lo importante es lo primero. Hay mucho en juego y lo que está sobre el tablero saltándose las reglas no es nuevo. Las cloacas de Villarejo y del ex ministro del PP Fernández Díaz, ahora el banquillo de los acusados por el caso de espionaje Kitchen, eran la primera punta de un iceberg mucho más enorme en peso y dimensiones. Quizá la parte más cañí, de botijo y pandereta, de una inmensa operación contra la democracia española que lleva años fraguándose desde las entrañas más profundas del Estado oscuro.

Las cloacas policiales del PP ya habían espiado a políticos catalanistas y sus tentáculos se extendían a banqueros, periodistas y empresarios. También muy cutre todo. Los aparatos de Seguridad, desde el Cesid, al CNI o la Guardia Civil habían espiado ilegalmente antes a políticos vascos, al mismo PSOE de González, a periodistas, a las amantes de Juan Carlos de Borbón -y supongo que las novias de juventud de Felipe VI-, y a otros miembros de esos mismos aparatos. Y a partir de ahí a cualquier ciudadano que pasara cerca de cualquier lugar de riesgo por trabajo, familia, amistad o vecindad. La dinámica viene de lejos y si ha empeorado con el tiempo es porque los costes políticos y penales de esas sucesivas agresiones antidemocráticas han sido siempre mínimos.

Este grotesco agujero de ahora en la Seguridad del Estado no parece solo una cortina de humo para dejar en segundo plano el espionaje a al menos 65 personas vinculadas al catalanismo -ya se apunta que puede haber 150 ciudadanos más afectados por esa trama ilegal e inconstitucional-, porque el precio de desvelar este caso lleva irremediablemente al rincón de la dimisión o la destitución a la ministra Robles y posiblemente también al ministro Marlaska, además de a la directora del CNI y a todos los principales responsables de los aparatos del Estado de Seguridad en los diferentes cuerpos policiales. Por lo dicho por el ministro Bolaños, los responsables externos no están lejos. Porque si ha sido el régimen de Marruecos, como apuntan otras versiones, el ridículo ya puede ser terrible. O quizá por eso la traición al pueblo saharaui que acaba de protagonizar el Gobierno es una traición sin explicación posible. Son hechos de una gravedad extrema, ilegales y mafiosos, que exigen una investigación profunda, limpieza total y asunción de responsabilidades políticas y policiales hasta las últimas consecuencias. O quizá sea verdad que un Estado que no es capaz de proteger el secreto de las comunicación de su presidente de Gobierno ni de la ministra responsable de esa protección es un Estado en manos de una agencia de Seguridad como la TIA de Mortadelo y Filemón y la empresa de chapuzas de Pepe Gotera y Otilio, ambos del gran Ibáñez. Por favor, por dignidad, que alguien limpie de una vez toda la mierda.