La afirmación de Sánchez señalando que hay jueces que “hacen política”, ha desatado una nueva tormenta política con las asociaciones de jueces conservadoras y el PP como punta de lanza. Pero el ruido no puede ocultar que las palabras de Sánchez solo reflejan una obviedad. Lo que ha ido ocurriendo poco a poco con el asalto y control del PP a los altos tribunales de justicia, al Poder judicial y a los juzgados penales clave es un buen ejemplo de esa situación incierta por la que transita la democracia. Otra cosa es que Sánchez y el PSOE se hayan dado por enterados tarde.
Controlar la justicia para poder utilizarla política o partidistamente ha sido siempre un interés prioritario de los poderes varios que se enmascara bajo eso que llaman pomposamente el imperio de la ley. Puro autoritarismo. Un show político, judicial y mediático –a veces también con la complicidad policial–, que ha derivado en una creciente pérdida de imparcialidad, independencia y credibilidad. No son la mayoría, pero ocupan ámbitos estratégicos. Y aunque en ocasiones, el sistema funciona y se enmiendan los errores de partida, con el daño perseguido ya hecho, eso sí, en otras muchas no hay posibilidad alguna de dar la vuelta al entuerto.
Lo cierto es que los altos tribunales han sido copados en los últimos años por jueces y fiscales afines al PP. Aquel reconocimiento con toda satisfacción de que con el nombramiento de Marchena “ocupamos la Sala 2ª de lo Penal del Supremo por la puerta de atrás” es la prueba más objetiva, aunque hay decenas de grabaciones entre imputados por corrupción y dirigentes del PP que señalan sin complejo alguno la necesidad de desviar los casos a magistrados concretos para que los delitos imputados acabaran en agua de borrajas. La acumulación de sobreseimientos, casualidades o errores de instrucción, casi siempre vinculados a los casos de corrupción del PP, es larga.
La más que evidente y necesaria participación de magistrados y ámbitos judiciales para impulsar casos construidos sin pruebas y sobre falsedades por la policía política del ex ministro Fernández Díaz con Rajoy contra dirigentes catalanistas o contra Podemos es un ejemplo palmario. Como lo son los sumarios que se perpetraron en esta tierra para ocultar y exculpar casos de torturas o malos tratos, de guerra sucia del Estado, etcétera. Fechorías judiciales bajo el paraguas de un modelo que mezcla la judicialización de la política y la politización de la justicia.
Rasgarse las vestiduras por señalarlo públicamente es un ejercicio de mero fariseísmo para tratar de ocultar las vergüenzas que lastran al sistema judicial. Ni siquiera se molestan en disimular y la afinidad política, el amiguismo corporativo o el nepotismo familiar lo impregnan todo. Perdidas las mínimas formas en el respeto a las reglas de juego político democrático y las bases de la separación de poderes de cualquier sistema parlamentario digno, la ideología campa a sus anchas en los autos de los jueces, en sus artículos de opinión y en sus intervenciones como tertulianos o en sus conferencias donde insultan o arremeten sin tapujos contra las políticas y los políticos que molestan a su ideario conservador. En esa encrucijada temerosa, la democracia y los principios constitucionales de una justicia independiente, democrática y garantista se van diluyendo en el olvido.
