La comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre las obras adjudicadas por el Gobierno a las empresas Acciona y Servinabar, presuntamente involucradas en la trama del llamado caso Cerdán, comienza su andadura con las obras de los túneles de Belate como primer objetivo de análisis. Geroa Bai sacó adelante su planteamiento de trabajo con el apoyo de UPN, PP y Vox y marcando distancias con sus socios en el Ejecutivo, PSN y Contigo-Zurekin y con EH Bildu, quienes planteaban otro orden de comparecencias y otro modelo de funcionamiento.
Las previsiones apuntan hasta comienzos del verano para su finalización, un periodo en el que comparecerán 41 personas en jornadas semanales de martes y miércoles en las que cada grupo parlamentario dispondrá de hasta 60 minutos para interrogar a cada una de ellas en sesiones que se pueden alargar hasta siete horas. Funcional no parece muy funcional, pero mantiene la tendencia al tedio habitual de la actividad parlamentaria. Y menos aún parece un sistema de trabajo eficaz para captar y retener el interés de la sociedad en el devenir de la comisión de investigación.
Eso mismo ya ocurre en otro foro en el Senado que analiza los indicios que señalan a Cerdán, Ábalos y Koldo en diferentes casos de presunta corrupción. Han desfilado por allí desde hace meses numerosas personas –algunos de ellos repetirán ahora presencia en la Cámara foral–, sin que hasta ahora haya habido aportaciones de interés en los interrogatorios para aclarar algo mínimamente relevante.
De momento, la comisión de investigación cuenta ya con diversos informes de fiscalización de las adjudicaciones y también dispondrá de las alegaciones a los análisis de la Oficina Anticorrupción, mientras que la investigación judicial en el Supremo y policial de la UCO seguirán activas al margen de esta comisión parlamentaria a la búsqueda de pruebas que puedan confirmar los indicios aportados por la Guardia Civil.
Parece difícil que esta comisión de investigación pueda aportar más luces y claridad sobre la existencia o no de esta trama en Navarra que lo ya sabido, más allá de las conclusiones finales que, sean las que sean y tengan que ver más o menos con la realidad de los hechos, acaban siempre perdidas en el olvido político y social como agua de borrajas.
Quizá como punto de partida ofrece el interés político añadido de situar sobre la mesa del debate foral la correlación de fuerzas que ha alumbrado su puesta en marcha con Geroa Bai y UPN de la mano. Quizá un aviso a navegantes y quizá también una señal de que los tiempos inciertos que rodean al actual Gobierno de Chivite tras la irrupción de caso Cerdán llegan acompañados de un aumento de las desconfianzas internas entre los socios de la actual mayoría política en Navarra.
Sea esa posibilidad o sea solo un movimiento circunstancial o una simple coincidencia de intereses parcial, al menos incentiva el interés político que pueda emanar de la comisión de investigación por encima de sus pocas posibilidades reales de aportar a la opinión pública algo más de lo conocido de todo este confuso entramado envuelto hasta ahora en la difusa niebla de la falta de pruebas objetivas.
Veremos qué se cuenta en la comisión de investigación y qué surge del tiempo parlamentario que viene los próximos meses.
