Estaba llamada a ser la obra de la legislatura y, sin embargo, se ha convertido en un dolor de cabeza. Hablamos –cómo no– del desdoblamiento de los túneles de Belate. Una infraestructura cuya ejecución viene reclamando la UE desde hace dos décadas, de la que se festejó por todo lo alto el compromiso de financiación del Estado, que aporta 40 millones para unos trabajos que se presupuestaron en 76 (IVA incluido), pero que últimamente no generan más que problemas. Y ruido. Mucho ruido. De hecho todo apunta a que esta adjudicación va a terminar siendo objeto de investigación judicial después de que la UCO haya instado a hacerlo.
Es verdad que la comisión investigadora del Parlamento no ha revelado irregularidades de calado, pero estamos en un punto en el que es obligatorio llegar hasta el final y aclarar todo lo que rodea a estos trabajos. Las comparecencias parlamentarias han puesto de manifiesto que en la mesa de adjudicación hubo malos rollos entre ingenieros y juristas, pero no injerencias políticas, y que algunos de estos últimos han sembrado dudas lo suficientemente sólidas como para dar munición a la derecha, que ha hecho casus belli con este asunto. Pero no se detiene aquí el problema.
El habitual sobrecoste de este tipo de obras, mal explicado, ha venido a agitar todavía más la coctelera. Y como nadie quiere que exista la más mínima sospecha sobre ella, ni siquiera la salida de Servinabar de la UTE ahora reducida a Acciona y Construcciones Osés ha calmado la situación. La suspicacias están a flor de piel y es momento de que el Gobierno tome cartas en el asunto y no le tiemble el pulso si tiene que adoptar responsabilidades políticas, tal y como le reclaman sus socios de Geroa Bai y Contigo y, por supuesto la oposición. No puede quedar entre la ciudadanía la más mínima duda de que algo no se ha hecho bien.