Cuatro meses después de que el alegrón de ganar al Madrid en El Sadar se viera empañado por una carga policial que desde el minuto uno muchos calificamos de desproporcionada, el informe elaborado por la comisión de investigación constituida para analizar lo sucedido corrobora esa primera impresión. Y no se trata de un estudio realizado a boleo, sino que es fruto de la recopilación de testimonios y entrevistas personales, así como de la revisión de documentación y diverso material audiovisual.
Sus autores se han preocupado en justificar las conclusiones, que no dejan precisamente en buen lugar a los responsables de la seguridad del estadio, donde se propinó más de un porrazo indiscriminado.
Es llamativo que haya quedado acreditado que el origen de los incidentes residió en la identificación de la persona que lanzó desde la grada una botella de plástico vacía al terreno de juego. Es decir, por sancionar a un individuo se acabó actuando de forma “desproporcionada y contundente” de manera que se vieron “afectados menores y familias”. Y como tampoco se logró aislar adecuadamente el foco inicial de conflicto, no se evitó que “la tensión se extendiera a zonas de tránsito ordinario y evacuación general del estadio”.
Desde el mismo día de los hechos, la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, defendió que la intervención de la Policía fue “adecuada y proporcionada”, y aseguró que las cargas “no pusieron en riesgo” a nadie que no estuviera relacionado con los incidentes. No es cierto que así fuera, y sería conveniente que se asumiera el error, porque ese reconocimiento es fundamental para que hechos de esta naturaleza no se repitan.
Lástima que tanto representantes de la Policía Nacional como la propia delegada del Gobierno hayan declinado colaborar con la comisión que firma este informe.