Recuperación de administraciones locales (II)

La reversión de la reforma del artículo 135 de la Constitución y la derogación de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y de la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales, son medidas imprescindibles para recuperar unos ayuntamientos y concejos que sean capaces de responder a sus responsabilidades sociales. No es una batalla fácil, pero hay que darla.

La prioridad constitucional de las obligaciones de la deuda sobre cualquier otro tipo de gasto público es una imposición descarada del capitalismo que hubiese hecho imposible, por ejemplo, la recuperación keynesiana de la crisis de los años 30. Los procesos constituyentes no están a la vista, pero será necesario incluir la reversión del artículo 135 en la agenda de los mismos.

La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera es el desarrollo de esa reforma constitucional. Si se revierte esa reforma, esta ley quedaría sin fundamento. Pero sin esperar a que eso se produzca, habrá que perseguir la eliminación de, al menos, sus aspectos más lacerantes: estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y regla de gasto que encorsetan el funcionamiento de ayuntamientos y concejos.

La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la Ley Montoro, ha añadido: un recorte competencial sin precedentes y un importante retroceso de los servicios que prestan las corporaciones locales; una reducción de las contrataciones de personal, una disminución en la calidad de los servicios prestados y la disolución de empresas públicas que prestan servicios públicos esenciales que no arrojaron beneficios en los ejercicios de 2013 y 2014. De ahí las cartas de Montoro exigiendo la disolución automática de empresas públicas; el fomento de la iniciativa privada en detrimento de la gestión directa, abriendo paso a las privatizaciones y a la corrupción; la consolidación de la tutela preventiva de la Administración General del Estado, que coloca a la Administración local en situación de sumisión y sometimiento.

La falsa justificación de “garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso” carece de sentido ya que los ayuntamientos ofrecen un porcentaje de deuda pública casi insignificante (5%) y cerraron sus cuentas en 2015 con un superávit del 0,44%.

La Ley Montoro se aprobó con el rechazo de casi todas las fuerzas parlamentarias. Contra ella se han presentado recursos de inconstitucionalidad interpuestos por parte de varios grupos políticos, de parlamentos (entre ellos el de Navarra) y de gobiernos autonómicos. Buena parte de esos recursos han sido atendidos y, en consecuencia, diversos artículos han sido declarados inconstitucionales. Más de 3.000 ayuntamientos de todo el estado expresaron su rechazo a esta norma. Madrid, Cádiz y otros ayuntamientos mantienen un tenso pulso político con Montoro.

Unidos Podemos ha presentado en el Congreso de los Diputados de una Proposición de Ley para derogar la mayor parte del articulado de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales, la Ley Montoro.

Esta Proposición de Ley para la aplicación de medidas urgentes en materia de Régimen Local pretende volver al escenario previo e implementar medidas urgentes para que las administraciones locales puedan prestar los servicios esenciales y garantizar los derechos de la ciudadanía.

Con la aprobación de esta Proposición de Ley, los ayuntamientos podrán recuperar la autonomía local, lo cual incluye primar la gestión directa de servicios municipales, recuperar competencias y establecer otras nuevas.

Además, la Proposición de Ley define cuáles son los servicios esenciales que debe prestar el ayuntamiento y fija las bases para acabar con los límites a la contratación de personal de cara a prestar estos servicios.

También permite que los consistorios formalicen nuevas operaciones de crédito cuando cumplan determinados requisitos.

En la disposición adicional tercera se establece un mandato al Gobierno del Estado para que en el plazo de nueve meses tome las medidas necesarias para reordenar las bases del régimen local, rediseñar las competencias de los entes locales y regular la financiación de las haciendas locales que garantice la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.

Son ya numerosos los ayuntamientos de Navarra -y, entre ellos, los más poblados- los que han aprobado mociones demandando la derogación de las normas referidas. Son centenares los cargos electos que se han adherido al Manifiesto de Oviedo que defiende similar pretensión. Pero es necesario que este debate se lleve a los consistorios, a las candidaturas municipales, a la sociedad en su conjunto. No se trata de cuestiones técnicas, aunque su comprensión no siempre resulte fácil, sino de la pervivencia de esas administraciones que debieran dar la primera y más cercana respuesta a las demandas de la ciudadanía.