Un sistema público fuerte, asumido socialmente y de calidad, supone un plus en el fortalecimiento de los derechos básicos de los ciudadanos. El derecho a la sanidad supone la cima del Everest en el bienestar individual y poblacional cuyos atributos de calidad, equidad y justicia social están implícitos en el mismo; y las comparaciones internacionales así lo reflejan.
En la cadena epidemiológica de elementos que interactúan entre ellos para alcanzar los objetivos programados, se sitúan los tres eslabones básicos, cada uno con sus fortalezas, pero también con sus campos de mejora, incluso con sus cuellos de botella, que enmohecen mejoras en dicho ámbito.
Las interrelaciones entre los diferentes eslabones acompañan la multicausalidad y complejizan el sistema con lo que no caben soluciones sencillas. En el aspecto micro aquellos problemas que producen una mayor desafección se señalan:
Primero. El paciente debe ser copartícipe de las decisiones que le afecten y responsable de sus actuaciones; los miles de citas fallidas y no comunicadas para su reposición por otros pacientes es un aspecto claramente mejorable. Somos expertos en neutralizar las palabras para no herir: absentismo del paciente, le denominamos.
El derecho a la formación implica corresponsabilidad y minimización de la demanda innecesaria, aquella en la que acudir a un centro sanitario no supone ningún plus de beneficio (ej: procesos catarrales) respecto a no ir, conllevando incluso efectos perversos como aumento del gasto innecesario o iatrogenia. La formación y educación sanitaria puede y debe suplir este efecto, incluso sentenciar la actuación gestionando el paciente su enfermedad.
Y la formación no debe estar monopolizada por técnicas de resucitación, tan en boga por cuasi puro mercantilismo, sino debe incluir otros aspectos menos mediáticos pero más influyentes potenciando aquellos estilos de vida garantes de una mejor salud, dando vida a los años.
Este cambio implica la catarsis de argumentar en términos de responsabilidad colectiva lo que solo se considera supuesta gratuidad sanitaria.
Segundo. El profesional sanitario debe interiorizar y manifestar que el silencio no supone ninguna virtud. La obligación y el derecho a la formación están implícitos en el espíritu y en la praxis de la profesión. Junto a ello, el perverso que inventen ellos debe ser derrotado e iniciar los cambios necesarios para estimular la investigación, fundamentalmente en el ámbito de la atención primaria. Ambos focos de atención, además de constituir un estímulo y réplica contra el agotamiento profesional, deben suponer una alianza en la mejora de la relación médico-paciente.
Tercero. Los gestores, además de implementar los mecanismos para solventar los déficits en la relación entre pacientes y profesionales sanitarios, presentan aspectos específicos.
El problema de las listas de espera pueden ser consideradas un copago en especie, que ha conllevado incluso denuncia al Defensor del Pueblo. Hay un rifirrafe entre los inmaduros grupos que conforman el Gobierno y a quienes conforman la oposición, o viceversa. Parece el juego de la oca por el sambenito repetitivo y el enroque continuo en las cifras; usan las estadísticas como los borrachos utilizan una farola, para apoyarse y no para alumbrarse. Con un y tú más encaran algo que solo es manipulación y medias verdades por parte de unos y otros.
Olvidan que detrás de magnitudes hay personas con pérdida de calidad de vida; no necesitan silencio para pensar y actuar. No cabe desperdiciar fuerzas en discusiones bizantinas y diatribas que a nada conducen, excepto a la falta de respeto mutuo y con relación a la sociedad. La política de charanga y pandereta debe abandonar lo emocional y dejar paso a la reflexión, dejar de tratarnos como niños de poca edad con declaraciones rudimentarias. Y ello implica, como en las intoxicaciones, reconocer el problema y dejar de pensar en el reino de leche y miel de Shangri-la.
Un Pacto de Toledo sanitario entre todas las partes es necesario, inexcusable, urgente. Y ello incluye no solo a las diferentes opciones políticas, también a quienes sufren consecuencias de este déficit de gestión: pacientes y profesionales sanitarios. Hasta tanto no se considere este problema desde una óptica suprapartidista sufriremos sus efectos negativos. Ni ouija ni bola de cristal darán respuesta al problema, sino sensatez técnica y política.
Los voceros de los partidos y los gestores no son más populares por la arrogancia de su discurso, o por la sonrisa cínica como arma de discusión, sino por ser quienes primero se contagian de la gripe, están en el albero y son permeables a las necesidades de los sufrientes.
Pasan los años y las cosas no cambian; ni siquiera a peor. Y los votantes no demandan reformas por temor a las medidas que proveen perversas. Un estado democrático debe movilizar energías y recursos económicos, despertando voluntades y agudizando inteligencias para acabar con el lamento y poner manos a la obra con un sistema público potente que amortigüe las desigualdades sociales.
Con ser importante las listas de espera, a veces pareciera que se utilizan como estrategia de distracción para omitir otros problemas. Sirva de ejemplo el éxodo de la clase media del sistema sanitario público, con más de 10 millones de españoles que pagan un seguro privado de asistencia; y si ello continúa, puede quedar degradado a un servicio de beneficencia. Con recursos no hay garantía de éxito, pero sin ellos el hundimiento está cercano.
Con cierta frecuencia, el bosque no deja ver los árboles.
El autor es médico. Servicio Navarro de Salud