Ante el 1 de octubre

La fecha se acerca y resulta difícil seguir hablando del referéndum catalán sin repetirse ante la saturación de análisis y comentarios a favor -legal y vinculante-, o en contra: ilegal y antidemocrático. Lo que me lleva a escribir sobre este tema es una pregunta doble que no me deja en paz desde hace bastante tiempo. Parto de una ficción que solo se ha dado en las dictaduras, incluida la de Franco: si todas las personas con derecho a votar, lo hicieran con la papeleta del sí, ¿tendría alguna consecuencia la voluntad uniforme en Catalunya?

Los referéndums en las democracias no suelen requerir un porcentaje mínimo que valide el resultado. Recuerdo la entrada de España en la OTAN, con un resultado positivo que se salvó por los pelos. En el caso catalán, la pregunta que me hacía líneas arriba, tiene su continuación en lo siguiente: ¿qué manera tienen los catalanes de cambiar su actual estatus político? Se les cepilló el estatuto aprobado incluso en el parlamento español sin facilitarles ninguna salida a sus sentimientos, y al final, el 75% de catalanes está a favor del referéndum.

Por otra parte, la minoría parlamentaria catalana apela a los derechos de las minorías para reivindicar su oposición al referéndum y a la independencia. Pero es un abuso, aunque muy bien cocinado: cuando se afirma que la decisión mayoritaria de los catalanes de ir hacia la independencia supone una imposición a la minoría que debería protegerse, e incluso se dice que debiera prevalecer su voluntad por encima de la mayoritaria, no es un principio democrático ya que, seguir siendo España, es una opción con posibilidades de ser mayoritaria en Catalunya. Y la minoría, hoy unionista catalana, puede aspirar a ser mayoría si convence al resto, por lo tanto no es una minoría a proteger. Es minoría solo porque no convence.

En cambio, Catalunya es una minoría porque no puede aspirar a ser mayoría en España jamás, y por eso debe ser protegida; y por no serlo, quieren marcharse. Por eso no convence el argumento de que España es quien debe decidir sobre Catalunya a pesar de que ni con el 100% de los catalanes independentistas no serán mayoría en España. Como minoría que es, debe tener la posibilidad legal del derecho a la secesión para evitar que un pueblo mayor en número pueda dominar eternamente a un pueblo más pequeño.

Y ahora, las formas: una cosa es hacer las cosas chapuceras, como creo que las están haciendo los dirigentes catalanes, y otra, no dar pie a ningún diálogo político desde el Gobierno español que ha propiciado trastocar el ponderado seny político catalán en un clamor independentista. ¿Qué hay al fondo? El ejercicio del poder legal sin una pizca de autoridad; y esto es grave, porque ante la imposibilidad de votar ahora, las elecciones mostrarán una Catalunya más radicalizada. Y entonces, ¿qué?, ¿el mismo problema pero agravado? A diferencia de la fuerza, la manipulación y la persuasión, la autoridad se vincula a la existencia de cierta legitimidad que involucra no solamente a las personas que mandan sino también a las que obedecen. La relación de autoridad depende, en gran medida, del prestigio de las personas que ocupan los distintos cargos. Y ya vemos el panorama, con un poder utilizado incorrectamente de maneras distintas despreciando a los sentimientos nacionales catalanes: quitando a alguien algo a lo que tiene derecho, no usarlo cuando se debe para ejercer derechos básicos y el ejercicio inútil a través del cual la autoridad se va perdiendo a chorros.

Diríase que algunos han perdido el oremus, como el cura ante un misal sin pestañas (se llaman oremus) para pasar de golpe un bloque entero de hojas para ir de una sección a otra, y sin oremus no sabe cómo seguir la misa e interrumpe momentáneamente. Sí, algunos han perdido el norte de las soluciones políticas. Y la CUP, no parece fiable.