Cuando el 135 impidió los 113

08.02.2020 | 18:02

solo 35,5 millones de euros, de los 113 previstos en el proyecto de inversiones sostenibles por el cuatripartito se van a poder invertir para mejorar el bienestar de la ciudadanía navarra. 35,5 millones de euros de los 113 contemplados; millones que son de Navarra, y fruto por cierto de una exitosa negociación del Convenio y de una buena gestión de lo público por este Gobierno. Pero no se pueden usar por decisión del socialista Gobierno de Madrid, que se negó a autorizar un crédito extraordinario preceptivo para estas inversiones. El galimatías puede ser considerable para la ciudadanía de a pie de calle: ¿Por qué un dinero que es de Navarra no puede ser empleado por Navarra? ¿Por qué es necesaria esa autorización del Estado, si el dinero está ahí y es la nuestra una Comunidad Foral con, se supone, elevadas cotas de autogobierno? La respuesta a esas preguntas es relativamente sencilla, y viene dada por la modificación del artículo 135 de la Constitución que pactaron, en 2010, PP y PSOE. En plena ola de recortes impuestos por Europa, aquella modificación constitucional limitaba el gasto de las Administraciones públicas y establecía para el Estado y las autonomías un déficit estructural máximo en relación con su PIB. Un límite de déficit fijado después por una ley orgánica que fue colocado incluso por debajo del que la Unión Europea permitía a sus estados miembros.

Cuando aquello ocurrió, Fernando Mikelarena, Goio Monreal y Álvaro Baraibar firmaban un artículo que resulta clarividente leído hoy tras la noticia del "mutilado" proyecto de inversiones, que titularon Modificación constitucional y régimen foral navarro. Puede encontrarse fácilmente en la Red. Destacaban los autores que la mayor parte del arco parlamentario, "ya fueran de izquierdas, regionalistas o nacionalistas" habían mostrado "su rechazo a la reforma por múltiples motivos: la ruptura del pacto constituyente, la expulsión del consenso de todas las formaciones políticas minoritarias, y, algo que toca a Navarra, la disminución de la capacidad financiera para fijar su déficit estructural". Porque la reforma suponía, para una Comunidad Foral como la nuestra, una clara cercenación de su capacidad reguladora en materia económica. Un contrafuero, vaya. Solo hubo un partido que se unió a PP y PSOE en aquella reforma exprés, aprobada mediante rodillo parlamentario tras una negociación con nocturnidad y en pleno agosto. Y ese partido fue? UPN. Un voto, escribían en aquel artículo, "otorgado gratis et amore, sin una contraprestación obtenida en una negociación de una reforma a la que no había sido invitado; [? ] por la mera voluntad de regalar el oído de los dos partidos estatales, de los que elogió su sentido de Estado". Sí: el voto de UPN no era necesario aritméticamente: se hizo por auténtico unitarismo español. Y se quedaron solos: hasta los canarios estuvieron en contra de la modificación.

UPN argumentaba entonces que tenían una promesa o un compromiso (algo similar a la carta que arguye Pedro Sánchez sobre Gibraltar): "Apoyad esto, y no iremos a por Navarra", venían a decir que les proponían. "Os dejaremos en paz", les habrían propuesto? Ya: ¿es "dejar en paz" llevar al Constitucional tantas leyes navarras como han sido recurridas? ¿Es "dejar en paz bloquear ahora las inversiones financieramente sostenibles? Lo único que el tiempo demuestra es que UPN no estuvo donde debía estar, si tan foralista se considera; y que el cambio de bando lo hizo sin conseguir nada por aquel respaldo a PP y PSOE. Y continuaba el texto mencionado que la postura de UPN resultaba "más chocante al tener en cuenta que, en el debate, la representante de Nafarroa Bai, así como el Grupo Vasco, advirtieron que la reforma podría lesionar gravemente la capacidad financiera y fiscal de los territorios forales, riesgo que se podría haber remediado de tramitarse la reforma por un procedimiento participativo". Aquella representante de Nafarroa Bai era Uxue Barkos, quien entonces se quedó sola como diputada navarra defendiendo la singularidad foral y denunciando el contrafuero; y que hoy es presidenta del Gobierno de Navarra, por lo que le ha tocado lidiar con las consecuencias de aquella reforma constitucional. Y es que aquel cambio en la otras veces "intocable" Carta Magna dejaba al albur del Gobierno central de turno el aprobar o no ese último paso que permitiera gastar el dinero propio, ¡propio!, en cuestiones decididas por sus organismos propios. En este caso, por el Parlamento foral. Y es que, viendo lo ocurrido ahora, con los 113 millones, es imposible no releer con media sonrisa aquel texto de 2010, especialmente esa parte en la que decía: "Al secundar UPN la iniciativa pactada a puerta cerrada por PSOE y PP, está poniendo de manifiesto que para los regionalistas la planificación de la actividad económica y el fomento del desarrollo económico de Navarra han de quedar supeditados a los criterios dictados desde Madrid, pese a que nuestra comunidad posee instrumentos fiscales e institucionales para modular su desarrollo en función de sus propias necesidades. Una vez más [?] ha quedado en evidencia el carácter meramente retórico del foralismo de UPN".

¡Qué razón tenían Mikelarena, Monreal y Baraibar! UPN apoyó aquella primera modificación constitucional de la historia democrática, hecha con absoluto oscurantismo y sumisión, en la que se invadió una competencia foral. Porque de aquella reforma constitucional ha venido la imposibilidad, ahora, de invertir 113 millones de euros para el bienestar de la ciudadanía navarra. El PSN ha quedado, una vez más, como un simple correveidile del PSOE, y no ha levantado la voz ante la decisión del Gobierno central. Pero peor ha sido la actitud de UPN: de modo chulesco y prepotente, han acusado de "vender humo" al cuatripartito que preparó el programa de inversiones, y al Gobierno que envió la documentación a Madrid. Foralistas de salón, solo de pose, de postureo, y tirando de una posverdad dopada de poder mediático, pretenden transmutarse de verdugo en víctima intentando volver en contra del Gobierno de Navarra un bloqueo que ellos propiciaron con aquel voto en 2010. La ignominia hecha propaganda política.

Firman este artículo: Virginia Alemán y Patxi Leuza (parlamentarios de Geroa Bai), y Juana García (miembro de Zabaltzen, asociación política integrada en Geroa Bai)