Programa de gobierno y servicios públicos

09.02.2020 | 23:33

Una vez que el Gobierno de Navarra ya ha comenzado su andadura toca planificar las políticas generales y desarrollar el acuerdo programático. En este acuerdo son muchas las medidas contempladas en el campo de los servicios públicos, esos que afectan a la vida de la inmensa mayoría de nuestra ciudadanía y favorecen una sociedad más cohesionada e igualitaria.

En el plano educativo se habla del impulso de un pacto social y político, del aumento gradual de los recursos públicos hasta alcanzar el 5% del PIB, de priorizar y promover la escuela pública, apostar por la coeducación y la educación inclusiva, avanzar hacia la gratuidad de las escuelas infantiles, desarrollo del plan estratégico de formación profesional e integración de los diferentes modelos lingüísticos.

En Sanidad se pretende elaborar una nueva ley de salud, aumentar el presupuesto con el horizonte del 6,5% del PIB, revisar los conciertos vigentes, promover la salud pública, priorizar la atención primaria, desarrollar la norma de salud sexual y reproductiva, la atención al final de la vida y promover la despenalización de la eutanasia, aprobar un plan de lucha contra la contaminación ambiental y potenciar el papel de la enfermería.

En Políticas Sociales se recoge un amplio paquete de medidas en materia de dependencia, discapacidad, infancia, familias, mayores, inclusión social (consolidación del modelo de renta garantizada y la mejora de la empleabilidad de las personas en situación de exclusión social), cooperación (objetivo del 0,6% en 2023), juventud (empleo y alquiler entre otras) y vivienda (rehabilitación, parque de vivienda asequible).

Todas son medidas que CCOO comparte y apoya.

Ahora bien, conseguir alcanzar esos objetivos requieren, como mínimo, dos condiciones básicas sin las cuales resultarían inalcanzables: financiación y plantillas suficientes.

La financiación se consigue a través de los impuestos y que éstos graven más a unos o a otros es una decisión política. Conseguir dedicar el 5% del PIB a nuestro sistema educativo, el 6,5% al sanitario, o el 0,6% a las políticas de cooperación, por citar sólo algunas de las metas del acuerdo programático, van a requerir que Hacienda recaude más y mejor. ¿Y cómo se recauda más?

Por una mayor actividad económica: a mayor incremento del PIB mayor recaudación, aunque no se aumenten los impuestos.

Por un reparto de la riqueza más equilibrado entre las rentas del trabajo y las del capital. Simplemente con que las trabajadoras y los trabajadores ganaran más los ingresos para las distintas administraciones crecerían. Aproximadamente el 50% de nuestros ingresos son para el pago de cotizaciones, impuestos (IRPF, IVA, gasolina, electricidad, alcohol, tabaco) y contribuciones municipales.

Por un mayor control del fraude fiscal y de la economía sumergida: según datos ofrecidos por el propio Gobierno de Navarra, el fraude fiscal supone una pérdida de 541 millones de euros y la economía sumergida supera el 10% de la actividad económica en nuestra comunidad.

Y por un mejor reparto de la carga impositiva: actualmente la inmensa mayoría de los ingresos por impuestos provienen de la clase trabajadora. No es lógico que un trabajador o una trabajadora aporte, proporcionalmente, mucho más que las empresas (que vienen a tributar en torno al 10% de media sobre sus beneficios), o que un trabajador o una trabajadora declare más ingresos que sus propios jefes (es lo que sucede con uno de cada cinco autónomos con personal a su cargo).

El segundo de los pilares en los que se asientan unos servicios públicos de calidad es el del personal. Es necesaria una plantilla suficiente, equilibrada y estable. El empleo debe ser de calidad, también en las Administraciones Públicas.

Otra fuente oficial, en este caso la Cámara de Comptos, en su informe sobre las Cuentas de Navarra presentado a finales de 2018, dice lo siguiente: "El número de plazas fijas ha descendido, las bajas no se están cubriendo, las necesidades? se están ocupando con personal temporal y el número de vacantes ha aumentado; esto ha motivado que, ante la necesidad de seguir prestando los servicios, se haya incrementado la temporalidad en el empleo alcanzando un índice excesivo y preocupante y un envejecimiento de la plantilla con los problemas que esto puede conllevar".

El índice de temporalidad ha pasado del 33% en 2013 al 45%, llegando al 55% en Osasunbidea. Desde 2014 a principios de 2018 el personal fijo ha disminuido más del 8% y, entre ese personal, las personas de más de 50 años pasan del 41% en 2013 al 51% en 2017.

La temporalidad y el envejecimiento de las plantillas son dos graves problemas que afectan a las administraciones. Ambas circunstancias combinadas van a provocar, en pocos años y si no se pone remedio inmediato, una descapitalización masiva de profesionales que podría poner en riesgo la continuidad y calidad de muchos de los servicios públicos. El autor es responsable de Políticas Sociales y Públicas de CCOO de Navarra

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