Insuficiente política pública de vivienda de alquiler

Hoy, cuando una familia es obligada a irse de su casa, no se le ofrece una solución habitacional alternativa, ni siquiera se le trata como desahuciada si no ha intervenido el juzgado. Es invisibilizada y los desahucios son silenciosos. Se vive una situación de bloqueo, a nivel estatal y autonómico, porque no hay vivienda pública de alquiler social suficiente. En marzo de 2019, en Navarra, las solicitudes de vivienda en arrendamiento ascendían a 7.525. Hoy son más de 8.000, tres de cada cuatro viviendas solicitadas lo son de alquiler, una de compra.

A la problemática de los desalojos por motivos económicos con las entidades bancarias le han seguido, en los dos últimos años, los desahucios de alquiler por impago, las situaciones de infravivienda y de hacinamiento en subalquileres de habitación en pisos patera y los desahucios por finalización de contrato, a consecuencia de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013, que todavía produce daños, y de la intervención de fondos buitre y Socimi, cuya regulación buscó favorecer la compra masiva de vivienda por inversores internacionales, expulsando inquilinos de sus hogares. Especulación inmobiliaria a cuenta de sacrificar la vivienda como bien de uso, que también ocurre en Pamplona, y que actualmente la sufren la vecindad de varios portales de la calle Santos Ochandotegui, en Buztintxuri, pues Cogremasa va a vender los pisos donde están alquilados, después de haber recibido mucho dinero público pero liberarse de los compromisos con el G.N. tras veinte años.

El nivel de protección social en vivienda está bajando enteros y el aumento de las situaciones de exclusión residencial es notorio. El parque público de vivienda en alquiler es muy pequeño en Navarra frente a tan amplia demanda, pero sin embargo la Administración pública no ejerce el tanteo-retracto sobre las VPO, ni se compra vivienda usada a grandes tenedores para aumentar el parque público, lo que ha dejado en manos de gestoras privadas, a menos del 55% de su valor bruto, montones de viviendas para especular. Baste uno de los últimos ejemplos publicados: la venta de 35.000 viviendas de todo el Estado del Banco Santander a la gestora Cerberus por 1.535 millones, a 43.850 €, perdiéndose así la oportunidad de recuperar la vivienda vacía para aumentar un parque de vivienda social repartida por toda la ciudad, evitando guetos y procurando alquilarla a estas familias, que hoy viven hacinadas, en algunos casos hasta 16 personas en un solo piso.

Para una familia con dos o tres hijos vivir en habitación no es sencillo. Tienen derecho a una balda de frigorífico, una sola cama para compartir entre todos sin importar las edades, una habitación que almacena todas las pertenencias familiares, turnos para la ducha, sin intimidad, sin sitio para jugar o hacer los deberes? Allí se desayuna, se come, se cena, pues el salón habitualmente es otra habitación, la de quien alquila. Pagan sin contratos, ni recibos, entre 300 y 400€ al mes, actualmente. A veces no les dejan empadronarse y deben pagar hasta 700€ por empadronarse en otro lado, y sufren, porque ponen en riesgo la Renta Garantizada. No tienen ninguna relación familiar, ni de cercanía, con quienes habitan las habitaciones de al lado. Si la persona adulta sale a trabajar, las niñas y niños quedan solos y expuestos a peligros que no deberían correr. En un elevado número la familia es monoparental, y muy probablemente la cabeza de familia sea mujer.

Su condición de mujeres en un alto porcentaje no es ajena a la situación de feminización de la pobreza tantas veces señalada en los últimos tiempos. Con recursos limitados y responsabilidades grandes, estas mujeres no cuentan con una vivienda en condiciones, deambulan muchas veces de habitación en habitación pues los niños molestan, invisibilizadas, mal informadas, desubicadas, con desconocimiento de sus derechos, compaginando empleos precarios, cuidado de hijas e hijos y complemento de Renta Garantizada.

Con problemas de soledad y salud, con episodios de depresión, cambios de humor, irascibilidad o cansancio, muchas mujeres no son el perfil sin techo vinculado a vivir en la calle, pero sí son mujeres sin hogar que han buscado cobijo para sus hijos, pero en muy malas condiciones. Si son desahuciadas no podrán acudir al albergue, pues allí no entran niños, y no hay ningún otro estamento público de acogida previsto. En demasiados casos han sufrido violencia de género y algunas provienen de situaciones vinculadas a la trata de mujeres y a haber sido obligadas a ejercer la prostitución. Cáritas, durante el año 2018, atendió a más de 2.000 mujeres que malviven hacinadas en habitación realquilada con menores.

Es evidente que el hecho de no disponer de vivienda termina comprometiendo otros derechos fundamentales como son la salud o la educación, pero hay algo que creemos que no se valora lo suficiente y no se debiera obviar, son los derechos de los menores.

La tensión psicológica que padecen estos críos, en prolongadas estancias en vivienda patera, afectan a su estado de salud. Vivir hacinados en una habitación con su madre o con sus padres, en la que tienen que descansar, jugar, comer, estudiar?, compartiendo piso con personas que no conocen, incrementa la dificultad que esos niños tienen para seguir el curso, para llevar una vida normalizada, y es además una amenaza evidente para su salud y su seguridad. La falta de vivienda en alquiler y la difícil acogida que en inmobiliarias tienen estos sectores de población, donde se les está discriminando por pobreza, por género y por racismo, nos encara a una difícil perspectiva para encontrar viviendas a estas familias. Y la vivienda es un elemento de inclusión clave para una vida con dignidad.

PAH Casco Viejo