Uharte como 'ínsula de la no-lugaría'

25.02.2020 | 01:29

con un Plan de Ordenación obsoleto y una falta absoluta de iniciativa para poner en marcha el que vaya a sustituirlo, la acción de nuestros munícipes, desde los tiempos del pasado reciente, gestiona la cuestión urbanística a golpe de excepción, si no de talonario, debido a las urgencias crematísticas del día a día. En el caso que nos trae, tratamiento del casco antiguo, esta carencia imposibilita operaciones que pudieran satisfacer la exigencia tanto de promotores, como de la administración y de los administrados. Por poner un ejemplo, sin ir más lejos, la posibilidad de permuta de solar a cambio de la preservación del resto testimonial de un ayer que definitivamente se nos ha ido y del que no habrá de quedar resto alguno siquiera para el recuerdo.

Una cuestión, ésta última, muy presente en todos los planes que tienen a bien considerase como tales, siendo olímpicamente despreciada por los gestores del nuestro. Sin una catalogación de aquello que se quiere preservar, el vacío legal originado lo único que favorece y promueve viene a ser esa tan denostada, por otra parte, práctica especulativa por la que se rige todo negocio, sin posibilidad de interponer reparo alguno. Es como si la voluntad de los mismos pasara por crear la necesaria tabula rasa en la que poder, a voluntad, escribir el futuro de la población prescindiendo de la insufrible carga del pasado. El precio al hacerlo de este modo, ya se sabe, es una pérdida de identidad, de aquella idiosincrasia de la que presumiera más de un gobernante local en sus discursos para la nada con los que han venido embelesando a nuestra población durante las últimas décadas.

Uharte es ínsula, o entrambasaguas –según– con gobierno de poca monta inmerso en el incontinente finito –pues todo tiene un principio y un fin– mar de la especulación.. Así nos lo describe el diccionario de la Real en su segunda acepción: "Ínsula: cualquier lugar pequeño o gobierno de poca entidad, a semejanza del encomendado a Sancho en el Quijote". Lo que no quiere decir, dada su dimensión, el que esta aborrecida práctica no se dé ni tenga lugar. Ni siquiera el que toda ella vaya a pertenecer al ámbito de lo ilegal, más aún teniendo en cuenta que si tomamos en consideración el que tiene como sinónimo a "canonjía" (palabra que curiosamente en otra de sus acepciones viene significando "aquel empleo de poco trabajo y bastante provecho" por el que parece regirse más de un político y algún que otro compadre especulador).

Hasta hace bien poco, sin embargo, esta Villa de la Comarca de Pamplona/Iruña, en toda circunstancia, presumía de haber sido ciertamente celosa en la salvaguarda de su identidad preservando los intereses propios frente a los intentos de asimilación por parte de la capitalidad. Luchas emblemáticas, habiendo sido ganadas en tiempos recientes, así lo confirma. Como aquella contra la construcción del embalse diseñado en los términos de la misma y de los valles de Esteribar y de Egüés, por el ingeniero René Petit –el mismo de Yesa–; proyecto auspiciado por técnicos del ayuntamiento de Pamplona/Iruña como el señor Galán. Frente a la actitud apocalíptica, en Eco, todo un integrado. Mas últimamente este celo se ha visto superlativamente mermado. Por lo que viene a cuento informar sobre iniciativas que al respecto se están dando en otros lugares no tan alejados de la comunidad que residenciamos.

Reunidos en octubre del pasado año de 2018 en Madrid, bajo el evento del XIV Encuentro de entidades para la defensa del patrimonio cultural en las Jornadas de Patrimonio Cultural y Sociedad, organizadas por Madrid Ciudadanía y Patrimonio y SOS Monuments, sus asistentes decidieron elaborar el conocido como Manifiesto de Boadilla. En él se denuncia explícitamente "el incumplimiento sistemático por parte del Estado y de las comunidades autónomas de las leyes estatales y autonómicas en defensa del Patrimonio Cultural, y [expresan] la exigencia de que dichos organismos acaten obligadamente su propia legislación". Añade dicho manifiesto, que debe ser la justicia quien "tenga un papel protagonista en la defensa del Patrimonio cuando el resto de administraciones plateen actuaciones que dañen bienes culturales, estén o no estén catalogados, pues acudir a la justicia [si fuera necesario] es un derecho ciudadano para evitar las arbitrariedades contra los bienes culturales", tras advertir que es el "patrimonio arquitectónico" el que en general está en peligro, "incluyendo los cascos antiguos, los centros históricos protegidos y la arquitectura popular de todo tipo..." (El Manifiesto de Boadilla fue proclamado en febrero de 2019 y en sus inicios contó con 29 asociaciones culturales estando abierto a futuras adhesiones).

De lo que continúa habré de prescindir por no hacer más mella de la debida en el alicaído ánimo de nuestros corporativos gestores. La utópica no-lugaría ha devenido finalmente en el burocrático no ha lugar con el que las administraciones despachan todo lo problemático mediante esa finisecular figura del silencio administrativo. Pero no habré de concluir sin citar la reflexión que realizara Robert Bevan al respecto, en su ensayo La destrucción de la memoria. Dice así: "El valor atribuido a tales lugares se incrementa cuando los esfuerzos por destruirlos hacen que la comunidad recuerde su valía. Si las piedras angulares de la identidad ya no están ahí, si ya no son palpables, los recuerdos se fragmentan y dislocan: su destrucción deliberada es, por tanto, una amnesia forzosa a la que se condena al grupo en cuanto que tal, así como a los individuos que lo constituyen. Lo que queda fuera de la vista puede quedar también, como consecuencia de ello, lejos de la mente, tanto para aquellos cuyo patrimonio ha sido destruido como para los destructores". Tengo la sensación, espero errónea y equivocada, de que en nuestro caso ya es demasiado tarde.

El autor es autor de la Encuesta etnográfica de la Villa de Uharte