a nueva medida de paralización de las actividades no esenciales va a tener un impacto profundo en nuestra economía. Había que tomarla para frenar el aumento de contagios, evitar o retrasar el máximo posible el colapso de la sanidad y, de este modo, limitar el número de fallecimientos. Anteponer la salud a otras consideraciones y, por ende, decidir hibernar la economía era lo más prudente desde el punto de vista humanitario y social.
Pero sorprende, y mucho, que la medida de la que se venía hablando durante tantos días se haya tomado de manera tan precipitada, de un día para otro, y sin consensuar con los diferentes Presidentes de autonomías, ni con las organizaciones empresariales y autónomos. Se anunció el sábado y no se materializó hasta el día siguiente a altas horas de la madrugada. La consecuencia fue que el domingo muchas empresas aún no sabían si tenían que abrir o no. No es concebible mandar parar de un día para otro sin aclarar siquiera a quién afecta dicha medida. ¿Quiénes toman estas decisiones? Por desgracia, aquellos que nunca han gestionado el día a día de una empresa, los políticos. Que yo sepa, la Ministra de Trabajo jamás ha contratado a nadie.
Lo lógico hubiera sido dar un plazo para que las compañías pudieran implantar la medida de manera escalonada y razonable y con el menor coste económico posible, intentando excluir a todas aquellas empresas claves para la región, además de las esenciales. Pero no ha sido así, con lo que mucho me temo que la recuperación económica será más lenta que lo previsto por el presumible deterioro de la actividad productiva. En esta selección de empresas los responsables autonómicos hubieran tenido mucho que aportar, pero la precipitación e improvisación hizo que no se les tuviera en cuenta.
Siempre he defendido que ningún empresario despide a quien necesita. Es decir, si las empresas tienen actividad, pedidos -muchos de ellos internacionales- seguirán necesitando de su personal. Y a la inversa, si los pedidos descienden, las plantillas tendrán que ajustarse para seguir siendo competitivas. Pero la situación en la que nos encontramos ahora es paradójica: existen pedidos, pero la empresa no puede, por ley, trabajar, y no se sabe aún durante cuánto tiempo (hasta el 9 de abril mínimo), con lo que muchos de esos pedidos se perderán debido a que los clientes buscarán otro proveedor en el mercado internacional. Además, tampoco tiene derecho a rescindir contratos, aunque sea por causas objetivas. Esto abocará a muchas compañías, en especial a pymes, a tener que cerrar. Sobre todo a las que antes de que la crisis del COVID-19 -contabilizadas en 4 de cada 10- ya estaban en situación de resultado contable negativo.
Nos encontramos en que a día de hoy no todas las empresas pueden garantizar el empleo futuro. Algunas aún no saben ni cómo pagarán los salarios, las cotizaciones sociales y las obligaciones fiscales. A esta situación impuesta por el Gobierno se le llama mirar a corto olvidándose del medio y largo plazo. Y es lo peor que se puede hacer en términos de gestión empresarial. No escuchar a los que saben, a los que van a sufrir en primera persona las medidas, los responsables políticos regionales, los empresarios y autónomos… y no involucrarlos en la búsqueda de las mejores soluciones resulta imperdonable.
Lo que debiera hacerse es ofrecer a las empresas libertad, flexibilidad y apoyos para mantener su actividad en esta fase tan crítica en las condiciones sanitarias requeridas para evitar contagios. Y aunque suene paradójico, la forma de preservar los empleos de cara al futuro no es prohibiendo los despidos.
Desde varios sectores empresariales se está reclamando que, al considerarse de fuerza mayor, la medida no deben pagarla solo las compañías y los autónomos, sino que la Administración también debe ayudar a sufragar esos gastos. En caso de que se llevara a la práctica, esta medida plantearía una segunda derivada: además de lo maltrecho que va a salir el sector privado de esta situación, ¿cómo va a quedar la Administración pública? La obvia pérdida de ingresos por recaudación tributaria va a descuadrar las cuentas de muchos gobiernos, que se van a ver obligados a tirar de deuda pública para poder cubrir los servicios públicos. El cuento de la cigarra y la hormiga se queda corto frente a la improvisación y la falta de miras, incluido el Gobierno de Navarra, que a pesar haber ido reduciendo su deuda en los dos últimos años, a día de hoy todavía es de más de 3.000 millones de euros.
La improvisación y la incertidumbre no son buenos compañeros en este viaje. Tanto el sanitario como en el económico. Mucho me temo que, en lo económico, la crisis que ya tenemos encima va a continuar -olvidémonos de la tan deseada crisis en V, de rápida caída y rápida recuperación- y la van a pagar, de manera directa, los trabajadores.
Presidente del think tank Institución Futuro
