La EOIP a examen

13.05.2020 | 02:04

Con fecha de 6 de mayo, el Departamento de Educación decidió que, a pesar de encontrarnos en medio de una pandemia global que impide la mínima concentración de personas, los exámenes certificativos de la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona –que este año cuenta con más de 11.000 alumnos y alumnas– tendrán lugar dentro del periodo convenido, decisión tomada antes de que la crisis del coronavirus trastocase nuestras vidas. Es verdad que, como concesión, Educación ha retrasado los exámenes escritos dos semanas, pero sin que todavía sepamos qué día regresaremos al centro educativo. ¿Saben ustedes lo que cuesta organizar un periodo de certificación?

Así, en su empeño surrealista de normalización de lo extraordinario, y a falta de instrucciones más precisas, pretende que tanto los y las estudiantes, las personas que se examinan por libre –parte de las cuales deberán desplazarse a Navarra desde otras comunidades autónomas–, así como los y las trabajadoras del centro, nos expongamos a los sinsabores de una pandemia sin demasiado remilgo, contraviniendo las propias indicaciones de la Administración: cientos de alumnos, en espacios reducidos, conviviendo durante un examen que dura horas, obligados a estar en contacto directo y permanente, y en circunstancias que no facilitan ni aseguran poder mantener la requerida distancia social (¿tienen pensado cómo organizar las visitas al baño en exámenes que pueden durar hasta 5 horas?).

Sin contar con el profesorado, de manera precipitada, mientras todavía dura el Estado de Alarma, el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha decidido imponer su criterio de normalización, y, pese a las objeciones por parte del sector educativo, en lugar de posponer los exámenes y/o pensar fórmulas alternativas que garanticen tanto la seguridad sanitaria como la calidad de la certificación, prefiere jugar a este juego de la eficiencia del sistema. Sin tener en cuenta una serie de consecuencias no deseadas, que, a la larga, podrían jugar en contra de ese principio de eficiencia, como la que podría suponer un nuevo brote. En su lugar, en una maniobra improvisada y arbitraria, sin contar con la opinión de los expertos, insisto, en mitad de la incertidumbre que genera esta situación, sin darnos tiempo a reincorporarnos a nuestros puestos de trabajo e ir adaptándonos a las nuevas exigencias con tiempo y serenidad, el Departamento de Educación ha decidido mantenerse firme, aunque dicha firmeza pudiera implicar una serie de modificaciones nada beneficiosas ni para nuestra seguridad ni para la calidad de las titulaciones.

Lo que proponen, simplemente, sería profundamente temerario. En primer lugar, porque haría imposible cumplir las condiciones establecidas en materia de seguridad y contradiría en gran medida las recomendaciones realizadas por el propio Gobierno en el BOE con fecha de 9/05/2020, tales como: limitación al máximo posible del empleo de documentos en papel, celebración de eventos con un máximo de 30 asistentes, o que la consulta de material disponible al público haya de permanecer en cuarentena catorce días tras su utilización (¿cuántos meses vamos a necesitar para corregir bajo estas medidas cientos de exámenes en formato papel?). Segundo, porque a dos semanas de comenzar el periodo de certificación, el propio departamento ha modificado las especificaciones del examen de tal modo que la prueba pueda ajustarse a la actual situación, lo que implica que tanto profesores como alumnos tengamos 14 días para asimilar las novedades –cuando llevamos ya como un mes tratando de aclarar cómo será una quinta prueba evaluadora que ha sido introducida este mismo año, y sobre la que, a día de hoy, no tenemos toda la información–. En tercer lugar, porque se ha propuesto la opción de realización de pruebas telemáticas desde "la comodidad de nuestros hogares" –un caramelito envenenado–, y, sin embargo, no se ha propuesto poner a disposición de los y las docentes ningún tipo de medio, ni humano ni tecnológico, lo que supondrá, no tenemos ninguna duda, un sinfín de problemas técnicos que harán del proceso de examen –ya de por sí complicado– una verdadera odisea (¿cómo aseguramos una efectiva realización de la prueba si hay problemas de conexión, o de sonido o de equipos? ¿Cómo garantizamos la no difusión de los soportes de examen –oficial– que con una simple captura de pantalla pueden ser inmediatamente reenviados?). Si la vía telemática no nos convence, nos ofrecen otras opciones para solventar las complicaciones derivadas de este improvisado procedimiento: una de ellas, tribunales de un solo profesor –frente a los dos o tres con los que se contaba hasta este año–; la otra, el examen presencial (con las inconveniencias que su realización puede suponer en las actuales circunstancias: ¿cómo valorar la calidad fonética de un examen oral realizado con mascarilla?). Y como cuarto y último, queremos subrayar que, si todo esto sigue adelante, seríamos nosotros y nosotras, los profesores y las profesoras, los responsables de que se cumplan las debidas medidas de protección y prevención. Todo ello dando por hecho que el cuerpo docente estará disponible al completo, y sin contemplar la posibilidad de que los propios trabajadores podamos estar ya infectados (¿Nos van a hacer test previos? ¿Se ha tenido en cuenta al profesorado perteneciente a grupos de riesgo debido a su edad o a patologías previas?).

Creemos que estas y otras interrogantes merman de manera excepcional la calidad de nuestro trabajo, y eso es algo con lo que, en conjunto, no nos gusta que se juegue.

Por lo tanto, consideramos y deseamos que se sepa que, en caso de acabar procediendo tal y como se pretende, Educación habría tomado una decisión precipitada, unilateral y poco técnica con la que no podemos estar de acuerdo, que podría repercutir seriamente no solo en la salud de mucha gente, sino en la propia calidad de la prueba, algo que, honestamente, a los y las profesoras de la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona nos preocupa sobremanera. En estas circunstancias, tal y como están pensadas las directrices bajo las que se desarrollarán las pruebas de certificación de este año, además de estar profundamente tensos durante las mismas, vamos a repartir titulaciones que ni certifican ni demuestran nada. Si se nos permite el símil irónico, diremos que si nos pusiéramos en la puerta de la escuela a repartir el título a todo el que pasase por allí, el servicio como organismo público que estaríamos ofertando sería prácticamente el mismo. Eso sí: nos ahorraríamos el riesgo, la responsabilidad y el estrés que va a suponer llevar todo esto a cabo en estas circunstancias. Si en otras comunidades autónomas del Estado han tomado decisiones sensatas y seguras para todo el mundo, como retrasar las pruebas a septiembre, ¿por qué aquí no?

Pues no. Aquí no, aquí el Gobierno de Navarra decreta, por imperativo, que las pruebas certificativas han de realizarse con normalidad, y en su impulso hacia esa normalidad, en realidad, nos está empujando a todos al abismo.

Sálvese quien pueda.

Las autoras son profesoras de Euskara de la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona / Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialeko Euskara irakasleak