orren ríos de tinta hablando de la corrupción política, pero raramente llegan al océano empresarial. Existen hoy prácticas generalizadas aceptadas por los gobiernos, por las que multitud de empresas, principalmente las de gran tamaño, acunan sus domicilios sociales en paraísos fiscales (Singapur, las Bahamas, Suiza, Islas Caimán...) con el objeto de pagar menos impuestos, muchos del 5%, con el consiguiente quebranto económico para los países que les acogen, con sus infraestructuras, sus operarios, sus subsidios..., para que luego vayan a dar cuenta de sus beneficios a lugares donde resultan unos perfectos desconocidos. Hoy 27 empresas del Ibex 35 abonan un 0,3% de sus beneficios en impuestos, según la Agencia Tributaria, quien pone a buen recaudo sus nombres, y 134 multinacionales españolas abonaron de impuestos en haciendas de todo el mundo un 12,6% de su beneficio global, cuando el impuesto de sociedades aquí ronda el 25% de media. Delaware, uno de los 50 Estados que conforman los EEUU, es el principal paraíso fiscal favorito de las empresas del Ibex 35. Allí están localizadas más de 200 sociedades participadas por grupos españoles, como Iberdrola, ACS, Santander o BBVA.

Holanda, Irlanda o Luxemburgo, entre otras, han emprendido más recientemente ese mismo camino tan lucrativo, en el seno de la vieja Europa, ante la que ya se han interpuesto muchas denuncias que buscan poner coto a estas prácticas corruptas, poniéndose de perfil los países denunciados, a pesar de que multitud de empresas europeas han ido a parar a esas ciénagas inmundas que se precian de constituir las economías más transparentes de la Unión Europea, haciendo acopio del refrán "dime de qué presumes y te diré de qué careces".

Las cosas nunca son lo que parecen, y menos en política. Holanda sabe mucho de ello, cuando se ha presentado en las negociaciones para impulsar la economía de la UE, como el paladín del rigor y las cuentas claras a la hora de acotar subvenciones o préstamos a los países de la UE, para intentar repetir el modelo de la crisis de 2008, es decir, préstamos con intereses de mercado para consumir los productos de los países ricos, sujetos al aval del Estado respectivo, descargando así todo el peso de los rescates de Bancos y grandes empresas en la población. Mientras, Holanda se aprovecha, con técnicas torticeras, para enriquecerse a costa de empresas radicadas en otros países de Europa, con el señuelo de bajada de impuestos, empobreciendo al resto.

Abriéndose paso como buenos alumnos aventajados, la Comunidad de Madrid, de la mano de Ayuso, ha aprendido la lección. Han bajado todos los impuestos directos, el impuesto de sociedades con el programa de emprendedores, el impuesto sobre el patrimonio y donaciones, el impuesto sobre las pymes, el IRPF..., por debajo del conjunto de comunidades autónomas del Estado español, provocando la huida de multitud de empresas y patrimonios, desde todas las comunidades hacia la capital, y no solo desde Cataluña a cuenta del procés.

Hace solo unos años la Comunidad de Madrid era la tercera con el PIB más alto de todo el Estado, ahora es la primera, delante de Cataluña y País Vasco, al igual que su crecimiento demográfico se ha disparado de los 5 a los más de 7 millones de habitantes en lo que es el área metropolitana, en muy poco tiempo. La huida de empresas de Navarra a Madrid no era para escapar de una pretendida situación política inaguantable, como siempre ha vociferado UPN. Más bien, son inconfesables motivos económicos, poderoso caballero es don dinero, los que la propician, bajo el incentivo que ofrecía la Comunidad de Madrid a todas las riquezas del conjunto peninsular, ya que detenta el IRPF más bajo de todo el Estado. Del impuesto sobre el patrimonio, en Madrid se abona un 0%, mientras en Navarra se abona un abanico que va del 1,02%, hasta un 2% , de tal manera que el 67,6% de las grandes fortunas se refugian en Madrid.

Los últimos gobiernos de Madrid siempre se han escudado en la patria como estandarte de España, y siempre han criticado los intereses insolidarios y espurios de algunas nacionalidades como Cataluña y Euskadi, por mirar solo su ombligo, y despreciar las necesidades de los demás. Madrid, con la rebaja de impuestos de Ayuso, ocasiona un grave perjuicio al resto de comunidades, y se convierte en la nueva lideresa del nacionalismo madrileño. Hora es que se empiece a llamar a las cosas por su nombre, y dejar de atribuir el término de patriotas a quien está perjudicando al conjunto del Estado. Asturias ha sido la primera comunidad que ha denunciado esta situación como el mayor atentado a la Constitución, a la que sigue la Comunidad Valenciana en la que, su presidente, Simo Puig, ha declarado que hay que quitar poder a Madrid, hay que compensar el efecto capitalidad, hay que impedir el dumping fiscal, hay que descentralizar las instituciones del Estado, hay que cambiar el modelo radial por un modelo en red, hay que avanzar en justicia territorial.

Mucho me temo que tal maniobra de Ayuso le vaya a reportar nuevos electores, porque a nadie amarga un dulce, cuando la solidaridad se bate en retirada, como lo demuestran los últimos acontecimientos exhibidos en la pandemia. Aquellos aplausos en los balcones se han diluido como un azucarillo, y han desnudado a otra sociedad individualista y desprovista de valores.

Los intentos de Castilla y León por emular a su vecino de la Comunidad de Madrid, bajando los impuestos, están condenados al fracaso, porque el que pega primero pega dos veces, y además, Castilla y León carece de la aureola que irradia la capitalidad, como un imán que atraiga a compañías y grandes patrimonios. El pragmatismo, en este caso, aconseja unir fuerzas con otras comunidades y estudiar cómo poner coto a estas prácticas abusivas. Seguir el rastro de la Comunidad de Madrid es un camino sin salida y sería ahondar en el desequilibrio territorial que tanto han criticado quienes ahora lo provocan. El astro de las grandes fortunas es el que ilumina los destinos de Ayuso y no los intereses patrios del que gustan alardear en público.