as estadísticas siempre son relativas pero dibujan con bastante aproximación los perfiles de los problemas. Por eso, cuando el informe anual que elabora la UGT cuantifica en 51 los días que la mujer trabaja al año gratis en España como consecuencia de la desigualdad salarial existente, se podrá relativizar la cifra todo lo que se quiera, pero no negar una discriminación inaceptable para la mitad de la población y ruinosa para el conjunto de la sociedad.
De acuerdo con dicha cifra, a partir del 11 de noviembre, algo antes en nuestra comunidad, las mujeres de este país dejan de percibir el salario que les correspondería si se les tratara laboralmente como a los hombres, pero siguen trabajando hasta final de año.
Hay que tener en cuenta que el informe del sindicato se ha elaborado sobre los datos proporcionados por Eurostat, una herramienta que da un tratamiento homologado a la realidad del conjunto de los países de la Unión Europea y permite hacer análisis comparativos, que establece la brecha salarial por razón de género en España en un 14%, ligeramente por debajo de la media de la UE (15,7%), cifra inferior a la que habitualmente proporciona la Encuesta Anual de Estructura Salarial que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Puesto que ningún convenio colectivo, ni sectorial ni de empresa, establece salarios diferentes para hombres y mujeres con la misma categoría laboral, cabe preguntarse cómo es posible que se produzca esta discriminación, que los últimos datos oficiales del INE correspondientes a 2018 elevan a 5.726,3 euros y 6.848,5 euros anuales en España y Navarra, respectivamente.
Y la respuesta es que el problema está en que existe una discriminación laboral y social generalizada que se acaba traduciendo en dinero.
Una discriminación que lleva a muchas empresas a utilizar la mano de obra femenina como mecanismo de ajuste laboral, contratando mujeres para labores subalternas o complementarias, para ocupaciones elementales y poco remuneradas. Que se traduce en la contratación de mujeres de forma temporal o a tiempo parcial para cubrir picos de producción, con el fin de ahorrar costes. Que crea categorías feminizadas para pagar menos sin caer en la ilegalidad. Que dificulta a las mujeres la promoción interna y el acceso de puestos directivos. Que las convierte en protagonistas casi exclusivas de las medidas de conciliación.
Son todas estas situaciones cotidianas y generalizadas en nuestra vida laboral las que sientan las bases de una desigualdad económica estructural y permanente en el tiempo.
Una desigualdad que, como no cabe en nuestro ordenamiento constitucional y en la legalidad vigente, se sortea con todo tipo de triquiñuelas que acabo de mencionar, y con las que hay que acabar de forma inmediata. Pero hasta que no hagamos realidad la aplicación de los planes de igualdad en las empresas, que muchas veces se quedan en un elemento meramente decorativo, no avanzaremos sustancialmente en este terreno.
La ley de igualdad salarial va a ser, sin duda, otra herramienta fundamental, pero tanto en este caso como en el de los planes de igualdad es precisa una mayor implicación de las Administraciones Públicas, que permita formar y desplegar en las empresas figuras clave como la del delegado/a de igualdad y que refuerce el control de la aplicación de las normas de igualdad a través de la inspección.
Porque, como he dicho, esta situación es inaceptable para la mujer en un Estado democrático, pero además es ruinosa para la sociedad. La desigualdad y la discriminación laboral tienen un altísimo precio para las trabajadoras, que la sufren en forma de menores salarios o pensiones, cuando abandonan la actividad; para el Estado, al que se priva de cuantiosos ingresos vía impuestos y cotizaciones; y para el conjunto de la sociedad, cuyo bienestar y calidad de vida se ven profundamente erosionados. Una de las lecciones de esta crisis desatada por la pandemia, que ha hecho más visible todavía la injusticia con la que se trata a las mujeres, que constituyen una amplia mayoría en las profesiones esenciales y que están en primera línea de la lucha contra la pandemia, debe ser que el proceso de reconstrucción para alumbrar un nuevo país y una nueva sociedad tiene que realizarse sobre la base de eliminar todo tipo de discriminaciones, incluida la brecha salarial.
La autora es secretaria de Política Sindical de la UGT de Navarra
