Armonización fiscal y régimen foral

09.12.2020 | 00:29
Armonización fiscal y régimen foral

en la necesidad de abordar con serenidad el complejo debate de la financiación autonómica o armonización fiscal, no resulta la mejor apertura la cesión de la iniciativa del Gobierno Sánchez a Gabriel Rufián e Isabel Ayuso, bomberos más expertos en avivar que en apagar fuegos.

Cada vez que se abre en España el melón de la financiación autonómica, en lugar de abordar un tema tan complejo con trabajo y diálogo, hay quien prefiere el camino esencialista de "buscar al enemigo", proclamar la "igualdad" –cuando lo que se busca es la "uniformidad"–, y propinar unas collejas a los regímenes fiscales de Navarra y la CAV como si éstos fueran los "desarmonizadores". Es la actitud ancestral del viejo nacionalismo español, transversal a toda la derecha y a buena parte del PSOE, en la que se mezcla como si fueran lo mismo la armonización fiscal, la desaparición de los sistemas forales, la igualdad y la equidad, solventadas de manera mágica y litúrgica por el "constitucionalismo" que todo lo cura.

Hay quienes se colocan la escarapela del "constitucionalismo" para defender su ensoñación de su España unitaria, y negar la propia Constitución española cuando ampara y respeta los derechos históricos y por ende, los sistemas forales de financiación. Unos, simplemente pidiendo su abolición y otros, sembrando continuamente dudas sobre la metodología del cálculo de la Aportación y del Cupo, que es lo que la ciudadanía navarra y de la CAV aportan al Estado por los servicios no transferidos.

Decía Mikel Aranburu, consejero de Economía y Hacienda en el Gobierno Barkos, gran experto en el Convenio Económico de Navarra, que "si en el pasado, la astucia fue empleada por los dirigentes navarros; en la actualidad debe ser la transparencia y la pedagogía nuestra mejor herramienta en su defensa". Algo similar invocaba la presidenta Chivite –pedagogía y firmeza– para defender el régimen foral de los viejos y nuevos ataques.

El Convenio Económico de Navarra y el Concierto de la CAV están incardinados en la Constitución española que ampara ambos regímenes. La Constitución es un puzzle construido entre distintas sensibilidades. Y si se eliminan piezas esenciales de ese puzzle la foto no se reconoce. No se puede apelar a diario a la Constitución para unas cosas y olvidar otras. No son constitucionalistas quienes enarbolan la Constitución solo para lo que les interesa y rechazan lo que no.

Hagamos, pues, pedagogía. Recién aprobados los presupuestos del Estado, los ingresos han sido las partidas más criticadas. Pues bien, la única partida segura de esos ingresos es la de la Aportación Foral y el Cupo de las comunidades forales. Son partidas seguras porque independientemente de cómo les vaya la economía y la recaudación deben cumplir con los compromisos y aportar al Estado la cantidad previamente acordada. Es lo que se llama el "riesgo unilateral", al que se añade el hecho de que estas dos comunidades son las únicas que no pueden recurrir a préstamos del Estado.

Tanto la Aportación Foral como el Cupo no sólo son en pago por los servicios comunes que el Estado presta (Asuntos Exteriores, Casa Real, Ejército, Ferrocarriles, Aeropuertos, Puertos, pensiones no contributivas€), sino que también son aportación a la deuda del Estado (y de las demás autonomías) y al pago de sus intereses, lo que supone ni más ni menos que el 29% de la Aportación. Hay, por tanto, un claro componente solidario. Solidaridad por aportar más que lo que nos correspondería por población y por PIB, y solidaridad por contribuir a la deuda de otras autonomías independientemente de que éstas gestionen bien o mal.

Quienes critican la metodología con que se fijan la Aportación y el Cupo ponen en cuestión la profesionalidad y la capacidad de los economistas del Estado que son los que debaten con los técnicos de ambas comunidades cuánto se debe pagar. Las conversaciones no terminan hasta que hay un acuerdo. Afirmar que hay opacidad y que pagamos menos de lo que deberíamos pagar equivale a acusar a los técnicos del Estado de prevaricar.

Algunos afirman que es un privilegio que los gobiernos de comunidades forales puedan decidir cómo actuar en momentos de crisis. Veamos. En Navarra, después de la crisis de 2008, los gobiernos de UPN con apoyo del PSOE utilizaron la autonomía fiscal para bajar impuestos, generando un déficit estructural, multiplicando cuantitativa y cualitativamente el endeudamiento y dejando la tesorería en situación de remanente negativo. Es la herencia que recibió el Gobierno Barkos y que revirtió llegando al superávit, recuperando la tesorería positiva y renegociando el endeudamiento; y todo ello aumentando la inversión social y dotando el primer plan de inversiones municipal desde aquel fatídico 2009. ¿Cómo? Gestionando mejor, recaudando más impuestos de navarros y navarras que las demás comunidades autónomas; asumiendo nuestro régimen foral y nuestro riesgo unilateral. Nuestro "privilegio" fue pagar más, gestionar mejor y seguir siendo solidarios.

¿Es un privilegio la capitalidad de Madrid? Es evidente que una estructura radial de carreteras, un AVE y tráfico aéreo madrileñizado, 2/3 de las licitaciones del Estado y 1/3 de sus funcionarios (los más altos y los que más cobran y cotizan) que residen en Madrid suponen una bicoca. Usar el tramo fiscal autonómico y los impuestos de Sucesiones y Patrimonio no para mejorar los servicios del conjunto de madrileños, sino para bonificarlos en favor de los más ricos, supone alimentar la picaresca de tráfico de contribuyentes del resto de las comunidades autónomas hacia la capital y el empobrecimiento de las mismas. Porque quien traslada su domicilio, traslada todos sus impuestos. Esto es convertir un fuero de concesión de capitalidad en un privilegio que, aunque técnicamente no se puede definir como dumping, es sin duda una picaresca y una trampa insolidaria.

Lo grave, por tanto, es que miles de personas puedan simular tener su domicilio en Madrid cuando realmente viven en Cáceres, en Barcelona, en Huelva o en Pamplona (presumiendo de navarrísimos), cotizando en Madrid y usando los servicios en Navarra, sin preocuparles que el resto de sus vecinas y vecinos paguen los costes de los servicios de que disfruten ellas y ellos y sus familias.

Esto era precisamente lo que expresaba el lema electoral "Navarra no se toca" que utilizamos hace algún tiempo: que Fuero es libertad, solidaridad y responsabilidad. Colaboraremos de buen grado en el debate territorial español tan necesario como urgente, y ojalá todas las comunidades autónomas se igualen por arriba€ y no precisamente por abajo como predican los de la España Una, Unitaria y Uniforme.

El autor es senador autonómico de Navarra (Geroa Bai)

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