Catalunya en su laberinto

Desde entonces el conflicto catalán no ha hecho más que crecer, gracias a la mirada de avestruz en que se convirtió la política del PP en esa comunidad. Las conversaciones o iniciativas dirigidas a paliar el conflicto brillaron por su ausencia, durante su mandato, mientras los independentistas catalanes montaban en un caballo desbocado en pos de una meta perdida en la lejanía.

Eso que tenían una buena consejera, lejos del centralismo madrileño, como la Vanguardia, y haciendo oídos sordos, se encaminaron a un choque de trenes, con su declaración, convertida en un brindis al sol, de independencia, el día 1 de octubre de 2018, y la posterior aplicación del art. 155 de la Constitución, como la detención de los líderes de la revuelta, como respuesta previsible.

Ese desenlace se veía venir desde la otra orilla del conflicto, si bien, el barco independentista no ha encallado, pues conservan a su electorado, pero sí que ha sufrido importantes vías de agua, con la división acalorada de las distintas opciones independentistas.

Hoy se da la paradoja de que ERC, principal impulsor de la vía unilateral de independencia en aquel 27 de octubre, al que arrastró al gobierno de Puigdemont, tras retroceder en el amago de nuevas elecciones, ha variado el timón hacia una vía pactista con el gobierno central. Su quijotismo ha sido modulado por el pragmatismo de su fiel escudero Sancho, al darse de bruces con las aspas de la realidad, mientras los representantes de la gran burguesía catalana, los herederos de Convergencia siguen erre que erre, luchando contra los molinos de viento, en una batalla desigual, con previsible desembarco en una playa desierta.

Parece ser que los republicanos han caído en la cuenta que el apoyo de la mitad de la sociedad catalana no da para una declaración de independencia, so pena de arrastrar al pueblo catalán a un enfrentamiento de imprevisibles e indeseadas consecuencias, ni tampoco sin contar con el apoyo de la Unión Europea, sino todo lo contrario, o con la abrumadora oposición del resto de comunidades que conforman el Estado español, incluso de la sociedad vasca y navarra. Estos son los algoritmos a tener en cuenta para marcar cualquier táctica política en Catalunya que los convergentes se niegan a revisar.

En la actualidad, concurre la circunstancia de haberse conformado en el hemiciclo, un grupo de unos 190 diputados, incluída ERC Y Bildu, que están apoyando el programa del gobierno de coalición, una mayoría nada desdeñable que ya ha aprobado la Ley de Educación, los Presupuestos Generales, o la Ley de la Eutanasia, como normas más emblemáticas, con un aislamiento de la derecha que les está conduciendo a la paranoia más extrema, envolviéndose en la bandera y en la defensa del rey emérito, como matriz de su política.

Para proseguir en ese viaje de multilateralidad, los servicios de ERC al Gobierno exigen el billete del indulto para los presos políticos del procés, como condición. La navegación del indulto ya iniciada ha chocado con el primer iceberg, la fiscalía del Tribunal Supremo, quien en su informe, que era de esperar, arremete contra el Gobierno, por situar el indulto en el marco de los intereses políticos, como moneda de cambio, para seguir negociando con ERC, alejándose de su función legal en su vertiente estrictamente técnico-jurídica.

No olvidemos que la concesión del indulto es una potestad conferida al Gobierno con carácter discrecional (art. 21 de la Ley de 18 de junio de 1870, modificada en parte por la Ley 1/1988, de 14 de enero) e irrevocable (art. 18). Los artículos 15 y 16 recogen las condiciones previas a la concesión del indulto, sin que en las mismas se mencione el arrepentimiento. Este vocablo solo aparece en el art. 25, cuando recoge todos los informes y documentos que debe acompañar el Tribunal sentenciador, entre ellos, las pruebas o indicios de su arrepentimiento que se hubieran observado, sin que se establezca como condición sine quanum para la concesión del indulto, circunstancia esta discutida por la Fiscalía del Supremo, y los altavoces políticos del PP. No es de extrañar cuando estamos hablando de Consuelo Madrigal y Fidel Cadena, integrantes del cuarteto de la Fiscalía que ha emitido el Informe, y que intentaron el abordaje del Gobierno, allí por abril, al grito de que el estado de alarma era anticonstitucional, como su acusación de rebelión en el procés rechazada por el TS, todo lo cual, dice muy poco de la profesionalidad de esta gente. Lo mismo podíamos decir de Casado cuando llamó paleto a Sánchez por decir que iba a cambiar el sistema de nombramientos de jueces, modificando la ley del poder judicial, tragándose después sus palabras. Todo un jurista como lo demuestra la obtención confusa de su título.

Ahora las cartas están sobre la mesa de la Sala Segunda del TS, donde Marchena y Cía deben emitir informe sobre la concesión del indulto. No voy a cometer la temeridad de adelantar su contenido, pero mucho me temo que estos señores se dejen llevar por su corazón conservador, y se metan en jardines que no les corresponden, como rechazar el indulto en base a que no se ha acreditado el arrepentimiento, a pesar de que no tenga el carácter de indispensable, poniendo en dificultades al Gobierno, que es su vocación actual, como ya lo han hecho con la denegación del tercer grado a los presos del procés. Ellos están muy seguros, allí arriba, en su cúpula, arropados por todas las altas instancias del poder judicial, nombrados muchos de forma torticera. Cualquier decisión obtendrá el respaldo de todos ellos.

Hay poderosas razones para la concesión del indulto. La primera es si con ello se obtiene la pacificación y estabilización del país, asunto nada baladí, en lo que confían una inmensa mayoría de ciudadanos, hartos ya de la bronca en el hemiciclo, como lo acreditan numerosas encuestas, y prosigan las negociaciones con ERC para reconducir el conflicto catalán por aguas más tranquilas, después de que los republicanos hayan pospuesto sus sueños en aras de abrazar el pragmatismo. Las elecciones catalanas harán de árbitros de la contienda para ver si ese pragmatismo es aplaudido por los electores.

La concesión del indulto viene justificado también porque las penas de la sedición, de 8 hasta 10 años, resultan gravosas si las comparamos con países como Francia o Alemania, con penas de 3 a 5 años, donde la pena agravada exige violencia, y teniendo en cuenta que ya han cumplido parte de la condena, el indulto sería parcial, con remisión de la pena, o conmutación a otra menos grave, que permitiría su salida de la cárcel. En consonancia con ello, la intención del Gobierno es atemperar las penas del delito de sedición, equiparándolas a las que rigen en la UE.

Puestos a elegir, me inclino por una ley de amnistía aprobada por la mayoría del Congreso, porque tendría más cuajo frente a la oposición y el Gobierno saldría menos desgastado.