ice el refrán que “año nuevo, vida nueva” y de esa manera muchas personas se afanan al comienzo de cada año en hacer sus listas de propósitos para que el nuevo año sea diferente que el anterior. Por lo general esa lista de propósitos siempre se queda en eso, una lista de buenas intenciones. Quién nos iba a decir que empezaríamos el 2021 con un conato de golpe de Estado en el país que presume de modelo de democracia y desde el que se ejercen políticas de pacificación en otros países del mundo; quién nos iba a decir que empezaríamos el año con una subida de la luz y el gas del 27% en plena ola de frío; o quién nos iba a decir que empezaríamos el año con una gran nevada a lo largo de diferentes comunidades con espacios habitados por personas que no tienen acceso a una vivienda digna y/o sufren una pobreza energética que les impide acceder a luz o agua en sus casas. Todo ello, amenizado con la ya normalizada pandemia entre nosotros. El comienzo de este 2021 está resultando especialmente intenso, benditos derechos humanos… primeras semanas de enero y ya se puede intuir un balance negativo.
A las dificultades permanentes para ejercer derechos humanos que tiene la mayoría de la población mundial se suman los efectos devastadores de la pandemia en áreas tan importantes como la salud, la igualdad, la libertad, el acceso a la vivienda, el trabajo o la educación. Aunque todo apunta a que este recién estrenado año no será mucho mejor que el anterior, es necesario superar el escepticismo natural y realizar una lista de propósitos en clave de derechos humanos para este 2021. El nuevo año se presenta como un reto ante diversas cuestiones sobre las que llamar la atención para que desde las instituciones públicas y privadas, así como la sociedad civil se realice un seguimiento activo.
Entre estas cuestiones destacan los derechos de las mujeres, en lo que se podría definir como la revolución imposible pero irrenunciable, la revolución imparable, la cual requiere mucha más dedicación. La pandemia ha provocado efectos devastadores sobre las mujeres en el ejercicio de sus derechos que deben ser revertidos en la mayor brevedad. La violencia de género y la incapacidad de hacer frente a ella durante el confinamiento, la impunidad frente a las agresiones, el patriarcado privilegiado, la desigualdad e invisibilización permanente, el borrado, la criminalización del feminismo y una larga lista de agravios exigen medidas mucho más contundentes. Y no cabe olvidar otros grupos de la ciudadanía como las personas migrantes, las personas con discapacidad o todo el colectivo LGBT: porque una misma persona puede sufrir la vulneración no solo por unas circunstancias concretas, sino por dos, tres… o todas a la vez. A pesar de todo esto, no se pueden olvidar grandes pasos que se han dado en este año que hemos dejado atrás, como el acontecido en Argentina a finales de diciembre con la descriminalización del aborto, y lo que está por llegar.
Igual de preocupante es la tensión y el equilibrio entre la libertad y la seguridad. La seguridad debe garantizar y usarse como medio de disfrute de la libertad y como protección ante violaciones de derechos tanto individuales como colectivos. No ha sido la primera vez, ni será la última, que se emplea la excusa de la seguridad para recortar libertades, para convertir las democracias en Estados parapoliciales y permitir todo tipo de abusos e impunidades de fuerzas de seguridad, imponer teorías del miedo para exigir a las personas que renuncien a sus derechos y además, ejerzan de policías de balcón. Lo vivimos de manera muy cruda en 2001 tras los atentados de las torres gemelas (que este año cumplirán 20 años) y lo hemos vuelto a revivir este año.
El uso de las nuevas tecnologías, la brecha digital y la división de la sociedad entre sociedad conectada y desconectada es otra cuestión sumamente preocupante. Resulta una contradicción dar por hecho que todas las personas tengan acceso a internet, cuenten con los equipos necesarios y sepan y puedan utilizarlos. Hablar de sociedades digitalizadas es una quimera en buena parte del mundo. Esta brecha digital cada vez es más profunda y las sociedades desconectadas, que por lo general se corresponden con las sociedades en las que viven los grupos vulnerables, están cada vez más alejadas de los beneficios y los privilegios de las sociedades conectadas. Las desigualdades que estás brechas provocan son motivo, ya, de conflictividad social. Y si a esta desigualdad le sumamos la utilización de los datos y el derecho a la privacidad de las personas nos encontramos con otro reto muy importante. Acabamos de ver la ausencia de democracia de las grandes plataformas que manejan nuestros datos y nuestra interacción con las redes sociales con el cierre de las cuentas de Twitter y Facebook del, ya, expresidente Trump. La democratización de las redes sociales y del uso de los datos personales y la garantía del derecho de privacidad de las personas es otra de esas cuestiones que debería avanzar en este 2021.
Otra cuestión relevante para 2021 va a ser el tema de empresas y su relación con los derechos humanos. Al igual que en el apartado anterior las relaciones de las empresas con la ciudadanía son motivo habitual de conflictividad social y ambiental En este 2021 existe la posibilidad que la transformación del mundo empresarial a partir de la implementación y exigencia de la debida diligencia en materia de derechos humanos sea una realidad más cercana. La adopción de la prevista directiva europea de debida diligencia en materia de derechos humanos y protección del medio ambiente debe marcar un punto de no retorno para que las empresas se sometan a dicha debida diligencia, transformen sus modelos de negocio y asuman la necesidad de respetar derechos humanos en el desarrollo de sus actividades. El modelo capitalista neoliberal debe reorientarse hacia ese capitalismo más preocupado por las cuestiones sociales y ambientales del que se viene hablando desde hace tiempo, y sobre el que los gurús de la economía mundial del foro de Davos ya nos vienen avisando que debemos implementar.
Otra cuestión clave para 2021 es la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. La figura de los refugiados climáticos ya es una realidad jurídica tras los avances del año pasado de diversos mecanismos internacionales. Puede decirse que esto es la punta del iceberg y que los conflictos socio ambientales y la negación de derechos que la crisis climática provoca es mucho más grave de lo que la clase política quiere reconocer.
El cuestionamiento de muchos derechos humanos y los postulados ideológicos que quieren revisar de manera laxa las obligaciones que estos generan debería terminar. El derecho a la salud, al acceso a la sanidad pública, a un trabajo digno y de calidad es irrenunciable; los derechos sociales, económicos y culturales no pueden reducirse en beneficio de la globalización, los mercados económicos y las desigualdades tan conflictivas de nuestras sociedades. La protección de los grupos vulnerables no puede ser una moneda de cambio de favores políticos. Se debe ser mucho más intransigente frente a todos estos discursos contrarios a los derechos humanos y exigir el cumplimiento de las obligaciones internacionales. Las sociedades deben dejar de ser conformistas y atomizadas para asumir un mayor compromiso con el reconocimiento, la defensa y protección de los derechos. Es una obligación hacerlo aunque nunca nos lo hayan contado. La corresponsabilidad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de nuestros deberes debe impulsarse con mucha más fuerza desde las instituciones públicas y sobre todo desde la sociedad civil.
Se deben asumir e implementar las normativas internacionales, todas. Dejar de cuestionar la legalidad internacional y fortalecer los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos para avanzar en la garantía y protección de los derechos. Igualmente se deben asumir las agendas internacionales que promueven la transformación social y económica de un mundo demasiado desigual y demasiado injusto. La agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en su calidad de agenda global de consenso planetario requiere medidas concretas y políticas públicas sin ambages.
En este 2021 se debe tener muy presente que la solución nunca ha estado en el recorte de libertades o en la negación de derechos que desembocaría en una pérdida relevante de calidad democrática y en una crisis de los modelos de gobernanza. Se deben restaurar las garantías de las libertades, el disfrute de los derechos, las medidas de control y supervisión de las actuaciones de las fuerzas de seguridad y la exigencia a todos los actores públicos de coordinación para favorecer el ejercicio de derechos, de transparencia, de rendición de cuentas y del respeto más estricto de todos los derechos humanos. Igualmente se debe luchar contra la apatía social y el conformismo con unos sistemas complicados de transformar. Hay que luchar por esa Europa de los derechos, del pilar social, de la calidad democrática en contra de esa Europa del control migratorio, de negación de derechos básicos a personas que no sean ciudadanas, de esa conceptualización de la ciudadanía como una clase privilegiada que tiene derechos.
Aunque todo apunta a que este recién estrenado año no será mucho mejor que el anterior, es necesario superar el escepticismo natural y realizar una lista de propósitos en clave de derechos humanos
En este 2021 se debe tener muy presente que la solución nunca ha estado en el recorte de libertades o en la negación de derechos que desembocaría en una pérdida de calidad democrática
