a apuesta por un sistema energético limpio ya está lanzada. Se le atribuyen efectos encadenados y virtuosos que nos sacarán de la profundidad de las crisis del siglo XXI. Es la palanca de la riqueza, proclama la propaganda. Gobiernos, ciudadanos y empresas confían una parte de sus esperanzas en que los fondos del Next Generation EU tomen la forma de proyectos de economía verde e impulsen una novísima política industrial y energética. Sin embargo, la transición energética encierra múltiples derivadas y exige reglas de gobernanza que garanticen el desarrollo de incentivos económicos y el equilibrio social. ¡Qué difícil!
La zanahoria son los incentivos fiscales y las ayudas directas para alcanzar el objetivo de que en 2030 un 70 por ciento de nuestro sistema eléctrico sea de base renovable. Son treinta puntos más que hoy. El palo es que hay que hacerlo en menos de una década. Y hacerlo bien. En la salida encontramos algunos ganadores de esta apuesta y, menos advertidos, algunos riesgos. Solo Iberdrola ha presentado un total de 115 proyectos con una inversión prevista de 21.000 millones de euros (el 15% de todo lo que el NGEU ha asignado a España) y la promesa de 215 mil empleos y la participación de 350 empresas. "Bueno, es lógico que sea así, dadas las capacidades transformadoras de las grandes compañías, podrán hacerlo y ganarán dinero", dirá el analista a ojo de buen cubero. "¿Y qué hay de las pymes y las starups? ¿Qué pasa con las instalaciones de autoconsumo con fuentes renovables? ¿Cuál es el beneficio social de todo esto?", rebatirá el francotirador de turno.
Pongamos el ejemplo de la energía fotovoltaica para responder a esos interrogantes. Los avances tecnológicos de los últimos 50 años nos permiten transformar directamente la radiación solar en electricidad que se enchufa a la red. Sus incrementos de escala han tomado la forma de cada vez más extensos polígonos de placas solares diseminados sobre superficie rústica a precios cada vez más competitivos (esta tecnología ha reducido un 90 por 100 sus costes en diez años). Cada semana prolifera el anuncio de nuevos parques fotovoltaicos por toda la península ibérica, atraídos por el imaginario maná europeo.
Las historias del sector eléctrico y de la gestión del suelo en España aconsejan ser precavidos y vigilantes sobre estos planes energéticos. Los movimientos sociales que en el pasado se activaron contra el gigantismo de los promotores nos brindan algunas lecciones. En los decenios de 1970 y 1980 fue el activismo antinuclear. En los 1990 y desde el 2000, con mucho menos eco, se enfrentaron a la expansión de los parques eólicos. La fórmula que ha prevalecido sobre el negocio de los aerogeneradores fue la del dominio de las grandes compañías eléctricas, bajo el paraguas del Estado y con capacidades financieras y tecnológicas para ensayar con éxito una innovación muy poderosa (con efectos locales positivos y un 21% de nuestro mix eléctrico anual en 2020, similar al de origen nuclear). Y acaba de llegar el tiempo de aceleración de la energía solar, fotovoltaica, que hoy representa en torno al 6% de la generación eléctrica nacional. Las cifras nos permiten augurar que vamos a asistir a una burbuja fotovoltaica si nada lo remedia. Según las proyecciones España pasaría de menos de 5GW de potencia solar fotovoltaica instalada antes de 2015 a 37GW en 2030. Veamos un ejemplo de cerca.
A pocos kilómetros de Pamplona ha surgido la plataforma Salvemos el Perdón 4.0/Erreniega Salba Dezagun. Persigue frenar los macroparques fotovoltaicos al sur y norte de las faldas de una sierra rica en usos agrícolas, pecuarios y paisajísticos, atravesada por el Camino de Santiago y enclave en sus crestas de los primeros aerogeneradores que en 1994 pusieron a Navarra en el panorama internacional de la energía eólica. Esta plataforma denuncia el riesgo de implantar "un modelo industrial en el que las grandes empresas buscan el enriquecimiento a costa de un recurso público: el espacio y el paisaje", con el que desaparecerá terreno útil para la agricultura y se alterará el medio en el que viven especies animales y vegetales. Bajo los paneles solares se esconde una infraestructura de hormigón, cableado y sistemas de evacuación pluvial muy lesivas con el suelo originario.
Estos activistas no son contrarios a las renovables. Simplemente desean otro modelo de gestión de la energía a nivel local, descentralizado, donde haya espacio a la participación abierta de ciudadanos y fórmulas empresariales cooperativas y más respetuosas con el equilibrio ambiental. Esos hombres y mujeres del medio rural del siglo XXI son agricultores y ganaderos, ingenieros industriales y agrícolas, técnicos en renovables, abogados, arquitectos, artistas y paisajistas. Y se han organizado con una idea de progreso heterodoxa.
Mientras, y al más puro estilo de las desamortizaciones del siglo XIX, algunos testaferros de grandes corporaciones han comenzado a comprar tierras a particulares antes de que se autoricen los proyectos. Se busca reconvertir terrenos comunales en parques solares con el rechazo de los vecinos y algunos ayuntamientos han planteado una moratoria para recabar más información y dotarse de herramientas de transparencia (auténtico eco de las luchas contra las centrales nucleares y los parques eólicos). El conflicto está servido. ¿Cómo lo resolvemos?
Invoquemos el espíritu de Elinor Ostrom en las laderas de Zariquiegui. Fue la primera mujer a la que se otorgó, en 2009, el premio Nobel de Economía. Su análisis de la gobernanza económica de los recursos comunales demostró que la cooperación en la gestión de sistemas ecológicos diversos puede ser lo más eficaz. Aplicando la Teoría de Juegos a este tipo de dilema social, Ostrom destaca que la mejor fórmula al desencuentro es construir normas y reglas de uso que permitan a las comunidades cooperar y alcanzar acuerdos colectivos. Reconocidos por las instancias superiores, esos consensos favorecen el desarrollo de relaciones socio-ecológicas sostenibles y ayudan a que ese patrimonio natural se mantenga.
La burbuja fotovoltaica puede derivar en una batalla judicial larga e incierta. Hay otras alternativas para el negocio eléctrico y la economía verde. Bastaría colocar esos paneles en el espacio urbano. Una superficie equivalente a la que se pretende cubrir en la sierra del Perdón la tenemos en la ciudad de Pamplona, en los tejados, terrazas y fachadas de nuestras viviendas, edificios universitarios y deportivos, complejos hospitalarios, aparcamientos, polígonos industriales... Una propuesta más mesocrática, cooperativa y creativa, además de menos agresiva con el capital natural.
El autor es catedrático de Historia Económica en la Universidad Pública de Navarra
Las historias del sector eléctrico y de la gestión del suelo en España aconsejan ser precavidos y vigilantes sobre estos planes estratégicos
Bajo los paneles solares se esconde una infraestructura de hormigón, cableado y sistemas de evacuación pluvial lesivas con el suelo originario
