esde las Apymas del Pirineo hemos leído y analizado con detenimiento las declaraciones del consejero de Educación del Gobierno de Navarra del pasado 28 de mayo.

Carlos Gimeno se mostraba en ellas muy crítico con todos los organismos que de una u otra manera han puesto en duda la decisión de su departamento de dejar en situación de inferioridad a los estudiantes de Bachillerato procedentes de Aezkoa, Salazar y Roncal.

Sin embargo, más allá de la hábil dialéctica desplegada por Carlos Gimeno en la entrevista, resultan evidentes ciertas contradicciones en las que incurre el consejero de Educación al abordar este tema, y nos han resultado más que preocupantes algunas de sus expresiones. Pasemos a desgranar seguidamente estas contradicciones de una en una.

Primera contradicción. Según Carlos Gimeno, la resolución que permitía al alumnado del Pirineo elegir centro de Bachillerato podría generar inseguridad jurídica (y eso es malo), mientras que el nuevo escenario legal permite “hacer una actuación flexible dentro de la norma” (y eso es bueno).

Esto es, una resolución del Parlamento de Navarra aprobada tras la recomendación del Defensor del Pueblo, y que según nuestros datos no ha generado ningún recurso jurídico en los últimos ocho años, es peor que una interpretación caprichosa dentro de la nueva norma. ¿Cómo se articulará esa actuación flexible? ¿Quizá la flexibilidad dependerá de que la polémica salte a la opinión pública? ¿Estará supeditada acaso a la artificialidad de la polémica por solo afectar a 23 alumnos? Lo que parece quedar claro es que el futuro de muchos estudiantes queda ahora al albur de esa vaga flexibilidad en vez de garantizada por la seguridad de una resolución del Parlamento.

En relación con esta contradicción queremos subrayar que para el consejero de Educación la polémica es artificial porque afecta a muy pocos alumnos. Cuesta asimilar la crudeza de la expresión: “...hay 23 alumnos del Pirineo susceptibles de esta circunstancia, y 8 de ellos, un tercio, están en los centros adscritos (Eunate e Irubide, en la Txantrea). De tal forma que esta es una polémica un poco artificial”. Impacta este no sois nadie en boca de Carlos Gimeno.

Segunda contradicción. El consejero intenta tranquilizar a las familias afectadas, pero solo consigue ahondar en su preocupación. Gimeno señala lo obvio, que los estudiantes del Pirineo podrán estudiar Bachillerato en Navarra. Sí, pero a diferencia del resto de estudiantes navarros, lejos de sus hogares en sus valles y lejos del lugar de su residencia en la Cuenca de Pamplona.

No se puede ser más claro y menos tranquilizador con las familias del Pirineo: “(esto) no significa que no tengan posibilidades de ir a otros institutos que los de referencia. No puedo decir que tengan plaza garantizada, claro, pero tienen muchas posibilidades”.

Léase entre líneas lo que dice el consejero. Por un lado, que hay “muchas posibilidades” de que estos estudiantes pirenaicos tengan una hora de villavesa hasta su instituto graciosamente asignado en la Txantrea. Y, por otro lado, “muchas posibilidades” de que estos estudiantes no sean admitidos en el instituto más cercano a su domicilio en Pamplona. Y esto, se diga lo que se diga, no le ocurre a ningún otro estudiante de Navarra.

Tercera contradicción. Carlos Gimeno se escuda en que existe un Mapa Escolar nuevo aprobado mediante el Decreto Foral 80/2019 que adscribe los centros del Pirineo a los dos centros de la Txantrea. Esta es la norma superior, “la norma madre” que llama el consejero, que según él justifica la desaparición de la cláusula.

Sin embargo, no nos dice que el anterior Mapa Escolar aprobado en el Decreto Foral 150/1996 hacía exactamente lo mismo: adscribir los centros del Pirineo a la Txantrea. Y, obviamente, olvida que, por pura lógica, la Resolución del Parlamento de 2013 sobre el Mapa Escolar de 1996 seguía teniendo en 2019 el mismo fundamento de justicia que ya recomendara el Defensor del Pueblo en aquel momento. ¿Qué habían de objetar la Mesa y los ayuntamientos del Pirineo ante un mapa que no cambiaba nada la situación anterior?

Sus hábiles lanzadas contra el gobierno anterior y los partidos políticos que han respaldado ahora a las familias pirenaicas podrán resultar molestas para los responsables de estas instituciones, pero no parecen justificadas ya que los mapas escolares de 1996 y 2019 son exactamente iguales en lo que respecta al Pirineo.

Cuarta contradicción. El consejero rechaza que la despoblación se combata con la adscripción del alumnado a ningún instituto de Secundaria de Pamplona, pero con las instrucciones de matriculación que ha aprobado su departamento ha enviado un nítido mensaje a las familias de Aezkoa, Salazar y Roncal: “empadronaos cuanto antes en Pamplona si queréis un instituto cercano a vuestro domicilio allí”.

Las expresiones casi mágicas de las que se vale como “fórmulas que cohesionen territorialmente”, o “que vertebren más y fijen población” se vuelven humo en la segunda y detenida lectura donde el lector descubre que “vertebrar el territorio” es “correr a empadronarse en Pamplona” en la dialéctica del Departamento de Educación.

La contradicción definitiva. El consejero de Educación parece responder a la pregunta “¿por qué se retira esa cláusula?”, pero lejos de hacerlo se limita a escudarse y ampararse en el Mapa Escolar que ahora sabemos que es un falso escudo de cartón.

Por lo tanto, ya que el mapa de 1996 y 2019 son iguales en lo que al Pirineo respecta, y puesto que el Departamento de Educación conocía perfectamente la utilidad de la cláusula recomendada por el Defensor del Pueblo y aprobada por el Parlamento, se nos ocurren las siguientes preguntas: ¿Por qué el Departamento de Educación ha eliminado deliberadamente esta cláusula en vez de incorporarla de manera explícita? ¿Por qué este punto no ha sido comunicado para su discusión en otros foros educativos como el Consejo Escolar de Navarra? ¿Por qué, en todo caso, no se avisó con tiempo a los centros educativos para que las familias pudiesen prepararse convenientemente para una nueva e importante fase de sus vidas?

Que las familias del Pirineo tengan solo alguna posibilidad de poder elegir un centro de Bachillerato cercano a su domicilio en Pamplona no es ningún consuelo para nadie. Que objetivamente sean los aezkoanos, salacencos y roncaleses los estudiantes de Navarra con un acceso más precario al Bachillerato, tampoco.

Entendemos que la cláusula aprobada por el Parlamento de Navarra a instancias del Defensor del Pueblo no solo no debe ser eliminada, sino que debe incluirse en el propio Decreto Foral o, en su defecto, recuperarse por medio de una nueva resolución.

Nos quedamos, no obstante, con el espíritu dialogante del consejero cuando afirma que “un instituto de Bachillerato como pide el Pirineo es de justicia”. Nos tendrá al lado para trabajar en este proyecto, pero mientras tanto no cejaremos en reclamar que no se recorte al alumnado del Pirineo su derecho a estudiar Bachillerato en el instituto más cercano a su lugar de residencia en la Cuenca de Pamplona. Esto también es de justicia.

*En representación de las Apymas de Roncal, Luzaide, Garralda y Otsagabia