l pasado 3 de marzo el Parlamento de Navarra aprobó, con la mayoría de sus miembros y con el voto en contra de Navarra Suma, la toma en consideración de la Proposición de Ley Foral para el fomento de un parque de vivienda protegida y asequible en la Comunidad Foral de Navarra, presentada por el Partido Socialista de Navarra junto con los grupos parlamentarios de Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu.
De esta manera, el Parlamento daba el visto bueno a que esta proposición, esta propuesta, sea trabajada, sea debatida en Comisión por parte de todos los grupos. Sorprende, por tanto, el voto en contra de Navarra Suma, puesto que no se trataba de aprobar o no la Ley sino de permitir el debate de su contenido y proponer las enmiendas que se consideren oportunas.
Las y los socialistas hemos presentado esta proposición en Navarra, al igual que lo hemos hecho a nivel estatal, convencidos de la imperiosa, urgente y humana necesidad de fomentar un parque público de vivienda. Así de sencillo, así de complicado y así de exigente con nuestro convencimiento moral de que la vivienda es uno de los principales cimientos del Estado de Bienestar.
Necesitamos dotarnos de las herramientas que nos permitan alcanzar un parque público de viviendas sólido, y en esto consiste esta proposición de ley.
Una proposición de ley que nace del consenso alcanzado por las tres fuerzas políticas que conformamos el Gobierno de Navarra. De un trabajo previo y concienzudo que queremos poner en valor en unos tiempos convulsos, en los que parece que el diálogo y el acuerdo no están de moda.
Los y las socialistas asumimos, además, que esta disposición al diálogo y al acuerdo lo vamos a mantener en el período que ahora se abre.
Como socialistas partimos de una premisa: la vivienda no puede ser un artículo de lujo ni un objeto especulativo del mercado.
Consideramos esta proposición una oportunidad para atajar problemas endémicos del mercado inmobiliario, un mercado inmobiliario que ha dejado fuera de la vivienda asequible y digna a una parte importante de la ciudadanía. Todas y cada una de esas personas con una historia, con sus frustraciones, incertidumbres y su desamparo.
Hablamos de las personas jóvenes que no pueden independizarse; de quienes quieren seguir viviendo en sus pueblos y no tienen opción por no poder acceder a una vivienda; de aquellas familias que tienen que vivir compartiendo piso o habitación con otras familias, con otras personas.
El acceso a una vivienda es un derecho, pero también una necesidad básica, esencial para nuestra integración y desarrollo personal, y que lleva aparejado el desarrollo de otros derechos reconocidos en la Constitución.
Sí, la Constitución. A aquellos grupos defensores del sacrosanto y amigo mercado que tachan nuestras propuestas de discurso radical de izquierdas, de sectario o progre, en el sentido más peyorativo de la palabra, les diría repasen la Carta Magna.
Por todo ello, proponemos medidas que consideramos necesario introducir en la legislación actual para seguir desarrollando el derecho universal, el derecho constitucional de acceso a una vivienda: calificación indefinida de la vivienda protegida, creación de un registro público de contratos de alquiler o el desarrollo del Índice de Sostenibilidad de Alquileres (ISA).
Insistimos en que controlar los precios desbocados en algunas zonas de nuestra comunidad, principalmente Pamplona y Comarca, no va en contra de los propietarios, va en contra de los especuladores.
Trabajaremos en ofrecer un alquiler bonificado en el caso de entidades financieras o inmobiliarias ante supuestos de impago de hipoteca o de alquiler antes de interponer cualquier demanda.
Destacamos la importancia de la rehabilitación en la política general de vivienda y contemplamos que puedan ser objeto de protección pública aquellos alojamientos que constituyan formas intermedias entre la vivienda individual y colectiva como pueden ser, entre otras, las viviendas colaborativas. Se trata de dar una respuesta a nuevas demandas que plantea la ciudadanía de cómo quiere vivir.
Una vez más, situamos a las personas en el centro de las políticas huyendo de los artificios y la tiranía que muchas veces ha impuesto e impone el mercado.
Esta proposición no va en contra de nadie y sí a favor de todos. Los y las socialistas abogamos por revertir la liberalización y las burbujas inmobiliarias. Nos ponemos del lado de las familias para hacer frente a una necesidad básica.
Se trata de desarrollar lo que establece la Constitución: “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”. Esto es, nada más y nada menos, lo que pretendemos con esta Ley.
Queremos que el bien común sea el común de los bienes.
La autora es parlamentaria del PSN-PSOE y portavoz de la Comisión de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos
