l pasado 23 de diciembre de 2021 se vio con claridad en el Parlamento de Navarra que la consejera de Hacienda, Elma Saiz, no contaba con suficientes apoyos para sacar adelante la modificación de la Ley del Convenio Económico. Al menos, desde luego, no se los había trabajado con las socias y socios de Gobierno y, ya en ese momento, se pudo percibir que el PSN miraba en otra dirección. Hoy podemos decir que no nos equivocábamos. Poco después, con el nuevo año, a principios de 2022, conocíamos que había un acuerdo con UPN de cara a posibilitar en el Estado la aprobación de la Reforma Laboral con implicaciones para Navarra. Algo que pudimos comprobar en su peor expresión en el Ayuntamiento de Pamplona el pasado 3 de febrero. Ahí saltaron las alarmas: parece que no sólo se buscaba el acuerdo de UPN en algunas "cuestiones menores", también se buscaba en cuestiones mayores que afectaban a las instituciones navarras. Además de los compromisos escritos filtrados a la prensa se había abierto una senda de entendimiento en otros temas y con el acuerdo de la Reforma Laboral se inauguraba una agenda oculta de acuerdos entre UPN y PSOE. Y dentro de ella, los hechos han demostrado que estaba una modificación de la Ley del Convenio que contiene un punto crítico en el que, a nuestro entender, se elimina la posibilidad de que el Parlamento de Navarra tenga margen de decisión política sobre el índice de imputación, es decir, sobre el porcentaje con el que Navarra debe contribuir al sostenimiento de las cargas generales del Estado. Y con la foralidad no se juega. No al menos para EAJ-PNV.
Vuelvo a 2021. Aquel 23 de diciembre, la consejera de Hacienda, Elma Saiz, se vio obligada a retirar en el último momento la reforma de la Ley del Convenio Económico que debía ratificar el Parlamento de Navarra. La falta de apoyos y la posibilidad de que por primera vez el Legislativo Foral rechazara una reforma de estas características llevó al PSN a dar marcha atrás y tratar de buscar un mayor consenso para garantizar su aprobación.
Geroa Bai había anunciado su abstención por entender que la reforma limitaba el margen de decisión al Parlamento. Uxue Barkos se mostró muy crítica con la actuación de la consejera de Hacienda, a quien reprochó el hecho de no haber querido buscar el consenso previo con su socio de Gobierno. Y ese mismo malestar fue el que Unai Hualde, presidente del Parlamento de Navarra, hizo constar en acta en la Mesa de las Cortes con ocasión de la tramitación de la reforma a Pleno.
Así las cosas, llegó 2022 sin consenso en la materia. El polémico artículo 67 que reduce el poder de decisión del Parlamento sigue ahí. En ese momento estalla la polémica por el acuerdo entre PSOE y UPN en torno a la Reforma Laboral. El PSN se asusta y decide ganar tiempo para no volver a coincidir con Navarra Suma en otra votación vital. Cuentan con ello, pero la foto es fea en ese momento. UPN atraviesa una crisis sin precedentes por el voto en contra a la Reforma de Sayas y García Adanero. Luego, llegaría la crisis del PP. Para dilatar el asunto, la consejera Saiz se saca de la chistera la creación de un comité de expertos en torno al Convenio Económico que propone a todos los grupos, pero sin modificar una coma del acuerdo anterior, y que se constituiría después de que aquel fuese aprobado en el Parlamento. Cuando ya no hay margen. Una cortina de humo.
Geroa Bai valora positivamente la creación del grupo de expertos pero aclara, tanto a la consejera como a la opinión pública, que sólo votarán a favor "en caso de que se elimine de la reforma la modificación del Artículo 67". Pero Saiz hace oídos sordos a sus socios; pasa el tiempo y todo sigue igual, la operación de lavado de imagen del PSN no cambia lo sustancial del problema. La voluntad de eliminar la modificación del artículo 67 por parte de la consejera es nula.
Llegamos a marzo y UPN, coincidiendo con la presentación pública de la plataforma de Sayas y Adanero, manifiesta públicamente su apoyo al PSN en torno al texto del Convenio Económico que criticó rotundamente en diciembre y que mantiene el artículo de la discordia. Se confirma la agenda oculta incluso al precio de que el Parlamento Foral, legítimo representante de la soberanía navarra, no tenga en adelante nada que decir en la negociación con el Estado, sobre una magnitud políticamente tan relevante como el índice de imputación, elemento inalterado desde el año 1990. En más de tres meses la consejera no ha movido ni una coma del texto. Para este viaje no hacían falta tantas alforjas. Y no, no es verdad que el nacionalismo vasco nunca haya votado a favor de la Ley del Convenio. Lo hizo en el Parlamento de Navarra en 1990. Lo hizo en 2003. Ahí están las hemerotecas y los diarios de sesiones. Y lo hizo sin ir más lejos Uxue Barkos como diputada de Nafarroa Bai en el Congreso en 2007. Ya como Geroa Bai, en 2015, tanto en Madrid como en Navarra, nos abstuvimos por, entre otras cosas, haber sido excluidos de la negociación.
Resulta curioso que para partidos autodenominados foralistas, UPN y el PSN, un elemento clave de la foralidad resulte ser la no participación del Parlamento en cuestiones fundamentales del Régimen Foral. Entienden las fuerzas de obediencia española que, tanto en la negociación de una reforma de la LORAFNA como en cuestiones esenciales de nuestro régimen económico privativo, el Parlamento de Navarra debe tener un papel secundario, en beneficio del Gobierno o, en el peor de los casos, de una comisión técnica. Incorporar al Parlamento al proceso de aprobación de aspectos clave de la Ley del Convenio Económico es una cuestión eminentemente política y no jurídica. Y nuestra postura es darle un papel digno y protagónico.
Esto es relevante porque en el futuro nunca puedes descartar que al otro lado de la mesa de negociación tengas un Gobierno, por ejemplo, formado por Vox o con Vox, partido que sin duda va a intentar reducir nuestras competencias. Es nuestra posición, los demás deberán explicar la suya.
Navarra posee como piedra angular y base económica de su autogobierno el Convenio Económico. Por eso, es importante que el Parlamento de Navarra en democracia tenga algo que decir en la conformación de la voluntad de la parte foral. Eliminar esta posibilidad como se hace en este texto, de común acuerdo entre los gobiernos del Estado y Navarra, es volver a la concepción del Convenio Económico que existía en tiempos de Primo de Rivera y en tiempos de Franco. Ni un paso atrás.
El autor es burukide de EAJ-PNV Nafarroa y concejal de Geroa Bai en Burlada
