Democracia cloaca

05.05.2022 | 01:55
Democracia cloaca

Fue Felipe González quien afirmó aquello de que "el Estado de Derecho se defiende desde las cloacas". Se refería a la guerra sucia del GAL, pero ahí no acababa todo, pues el problema era la red al completo de desagües y alcantarillado del régimen, apenas reformada desde su instalación en 1936. Desde entonces, pocas son las democráticas depuradoras que han sido instaladas y los vertidos y fugas de la red siguen dándose con rigurosa y apestosa periodicidad.

La hedionda cloaca de hoy se llama Pegasus. Veremos en qué y cómo acaba ésta, pero es preciso recordar que antes ha habido otras más. Al final de los años 80, más de 80 ministros, parlamentarios, empresarios, periodistas y hasta el mismísimo rey, fueron espiados ilegalmente por el CSID (Centro Superior de Investigación de la Defensa), predecesor del actual CNI (Centro Nacional de Inteligencia). Se grabó de todo: conversaciones políticas, empresariales y judiciales, relaciones sentimentales... Le tocó pagar el pato al coronel Perote, alto cargo de aquel servicio a las órdenes del general Manglado, quien fue condenado finalmente a la durísima pena de cuatro meses de arresto. Las depuradoras judiciales seguían sin instalarse.

Pequeñas minucias. Hasta 1995 en que se descubrió el pastel, la sede de Herri Batasuna de Bilbo fue grabada y filmada por el CSID. Poco después, en 1998, mientras se cocinaba el Pacto de Lizarra-Garazi, en su sede de Gasteiz fueron descubiertos unos micrófonos ocultos. Nada se supo de sus autores. ¡Misterio, misterio!

En 2003, el PNV denunció pinchazos en sus teléfonos del Congreso, pues en una ocasión, al descolgar el de su oficina, un miembro del grupo pudo escuchar una conversación suya mantenida el día anterior. Algo similar se repitió en 2012 en la oficina de Amaiur, cuando el diario El Mundo reprodujo textualmente una conversación habida en sus oficinas. Por supuesto, los Mortadelo y Filemón policiales que investigaron todo aquello no descubrieron nada anormal.

Los responsables policiales y beneméritos de los crímenes franquistas no fueron los únicos blanqueados por la Ley de Amnistía de 1977. Junto a ellos, todo el aparato político, sindical, clerical, militar, bancario y empresarial que apoyó el golpe del 18 de julio y fue parte y sostén de aquel franquismo criminal negador de todo tipo de libertades, fue también amnistiado. Nadie exigió a aquél responsabilidad alguna, personal o patrimonial. por todas sus tropelías.

Decenas de miles de personas, pringadas hasta las orejas y miembros activos de aquel régimen dictatorial (militares, empresarios, jueces, cargos del Movimiento, el Frente de Juventudes, la Sección Femenina, el Sindicato Vertical, la Banca y el empresariado), transitaron inmaculadamente al nuevo régimen y ocuparon en él los nuevos y democráticos puestos de privilegio que se les otorgó en aras a la política de reconciliación entonces impulsada.

Quien quiera ahondar un poco en todo lo anterior, no tiene más que leer la excelente bibliografía escrita al respecto estos últimos años. En lo que respecta al ámbito militar, el teniente Luis González Segura, hoy expulsado del Ejército, autor de El libro negro del ejército español, desgrana las consecuencias de lo que ha supuesto el trasvase de todo aquel generalato, coronelato y oficialato al actual Ejército: pervivencia de prácticas corruptas, mantenimiento de las salas de oficiales como nidos fascistas, bunkerización de la milicia frente a cualquier intento de democratización... Que exgenerales, coroneles y altos mandos militares hayan suscrito el conocido como Manifiesto de los Mil, ensalzando la figura del dictador Franco, poco tiene que extrañar. Que no se tomen medidas ante ello, sí.

Joaquim Bosch, ex portavoz de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, ha analizado en su libro La patria en la cartera. Pasado y presente de la corrupción en España, las raíces de ésta, sus precedentes en el s. XIX, su absolutización durante la dictadura franquista y la generosa herencia que la misma ello dejó al actual régimen. Según él "hubo continuidad en los abusos fraudulentos por una razón de peso: batallar contra la corrupción no formó parte de las prioridades de la Transición". Por su lado, distintos índices internacionales (Varieties of Democracy, Rule of Law, Trasparencia Internacional...) han situado al Estado español en los últimos lugares de las listas europeas de independencia judicial, separación de poderes o control de la corrupción, materia ésta en la que la propia Comisión Europea lo coloca en lugares próximos al del coche escoba.

Prosigamos. En el libro Iglesia S.A., de Ángel Munarriz, se habla del poder de esa franquicia vaticana en tierra española y se desgranan los actuales privilegios económicos, educativos y sociales que ésta heredó del franquismo. Por su parte, Antonio Maestre, en Franquismo S.A., ha desmenuzado el recorrido de quienes fueron grandes sostenedores del golpe y la dictadura, y hoy sientan reales en las principales empresas del IBEX-35: Gas Natural Fenosa (Naturgy), Iberdrola, Acciona, OHL, ACS, BBVA, Santander, Cepsa, Repsol...

Los múltiples y variados delitos imputados al excomisario Vilarejo son buena muestra de lo dicho. Antiguo miembro de la Brigada Político-Social franquista (BPS), donde practicó torturas y demás habilidades, su caso ha evidenciado las múltiples conexiones mafiosas que aún perduran entre distintos espacios policiales, políticos, bancarios y empresariales. Algo parecido a lo reflejado en los escándalos protagonizados por el emérito Juan Carlos, Jefe del Estado y de las Fuerzas Armadas, ferviente católico-apostólico-romano y conseguidor mayor del reino, para mayor gloria de multinacionales patrias, satrapías del Golfo y su propio bolsillo.

Mientras pervivió el movimiento 15-M se gritó con ganas en plazas y calles: ¡Le dicen democracia y no lo es! Por ahí van los tiros. La urbanización exterior de este régimen ha sido remozada, pero su alcantarillado sigue siendo una mierda. l

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