La Comisión de Personal de la Policía Foral, por unanimidad de los sindicatos que la componen, denuncia la situación actual que está sufriendo el Cuerpo autonómico debido a la acuciante falta de personal existente dentro de una plantilla envejecida y con una media de edad muy elevada.

Esta situación no deja de ser muy preocupante, aun con la puesta en marcha del anticipo de la edad de jubilación e incluso con el anuncio por el consejero de Interior de una eventual próxima OPE de 100 plazas de agente, ya que además la materialización de la transferencia de la competencia de tráfico a Navarra, tan esperada como incumplida hasta el momento por el Gobierno de Navarra, debería venir acompañada de la aprobación de las OPEs y convocatorias de plazas necesarias para dar un buen servicio a la ciudadanía.

Aunque se trata de una situación que se arrastra desde hace años, una vez pasados los Sanfermines en donde, por cierto, el trabajo se solventó gracias a la profesionalidad y a la voluntad de los policías forales, que acudieron a trabajar de forma voluntaria en sus días de descanso, y al uso y abuso que desde la Jefatura de la Policía Foral se hizo de los alumnos en prácticas, que incluso prolongaron servicio tras la realización de sus respectivos turnos. Sin embargo, a mediados de julio la mayoría de la plantilla dijo “basta” y decidió dejar de ofrecerse voluntariamente para completar servicios mediante la realización de horas extraordinarias en sus días de libranza, iniciativa que cuenta con el apoyo de la totalidad de la representación sindical, debido al hartazgo del colectivo por el ninguneo del Gobierno de Navarra, concretamente del Departamento de Interior, en lo relativo a la falta de desarrollo reglamentario y a la escasez de efectivos de que se adolece en la práctica totalidad de las unidades y comisarías de la Policía Foral.

Y esto es porque, así como muchas de las policías locales y estatales que operan en la Comunidad Foral vienen mejorando sus condiciones laborales estos últimos años, actualmente la Policía Foral es una de las que peores condiciones laborales y retributivas tiene en comparación con el resto de dichos cuerpos policiales, a pesar de que la Policía Foral, con poco más del 25% de los efectivos policiales que trabajan en Navarra, saca adelante el 50% de los delitos anuales que se denuncian en la Comunidad Foral, investiga el 42% de los delitos estratégicos, el 70% de los accidentes de tráfico, el 80% de las investigaciones de los accidentes mortales, así como el 70% de las imputaciones por delitos contra la seguridad vial.

Comisarías territoriales que no disponen de agentes ni para sacar una sola patrulla de servicio, sino fuera por el apoyo de patrullas de Pamplona que, al desplazarse a dichas comisarías, dejan descubierta su propia demarcación, dentro de una tónica general de falta de personal, servicios mínimos y sobrecarga de trabajo en todas las unidades.

Ésta es la realidad del servicio que presta la Policía Foral y que el Gobierno de Navarra, perfecto conocedor de la misma, parece querer ofrecer, pero desde luego que no es el servicio público de seguridad que la sociedad navarra demanda y se merece, y en donde la única solución que está ofreciendo la Administración para cubrir la carencia de personal es la obligación a la que está sometiendo a los policías forales de tener que acudir a trabajar forzosamente en sus días de descanso a través de la figura de los llamamientos forzosos, para cubrir servicios, muchos de ellos previstos desde hace meses, mediante la realización de horas extraordinarias que, por cierto, se retribuyen a un precio inferior al de la hora normal de trabajo y, además, considerablemente inferior al que se paga en otros Cuerpos autonómicos y locales.

Y todo ello, además, aderezado de una falta de interés y diálogo por parte de los máximos responsables del Departamento de Interior y de la Jefatura de la Policía Foral que, no contentos con dejar recaer estas carencias estructurales en la espalda de los policías forales, ni siquiera se han puesto en contacto con la representación sindical para dar una salida a esta problemática. l

Los autores son: F.J. Tarazona (CSIF-SPF), Santiago Arraiza (APF), Javier Ojer (CCOO), Felix San Juan (ELA), Iosune Sánchez (UGT)