Cooficialidad del euskera. Por libertad, dignidad y progreso

Digo y repito lo de “apodado”, porque desde el punto de vista técnico-jurídico la Ley Orgánica de la Autonomía de Navarra es del mismo rango que las demás leyes orgánicas de las demás autonomías. No puede ser más que un estatuto, según la propia previsión de la tantas veces ensalzada –y por lo visto nunca leída– Disposición Adicional Primera de la Constitución. Y, sobre todo, tal como lo ha entendido decenas y decenas de veces el órgano político, que es el Tribunal Constitucional, al meter su mano-tijera en las competencias de Navarra. Todo eso de procedimiento foral especial y la fraseología consiguiente fueron y son puras zarandajas, que sirvieron para esquivar el referéndum, que es el pecado original del sistema. Referéndum que fue evitado, no por razones jurídicas, ni históricas, ni políticas, sino porque tenían miedo a perderlo, igual que perdieron el de la OTAN.

El resumen es: 1) Los negociadores navarros desobedecieron el mandato expreso del Parlamento Foral de Navarra de establecer la cooficialidad del euskara en toda Navarra. 2) Fueron precisamente los negociadores navarros, –tanto el trilero oficioso, como los incompetentes negociadores “oficiales”–, los que inventaron y propusieron el desaguisado de la “zonificación”. No fue Madrid ni el supuesto “centralismo” el que impuso tal desastre. 3) Aquel sabotaje político constituye una división de Navarra, una discriminación de las navarras y navarros y una regulación lingüística, que además de ridícula, es perjudicial económica, laboral y socialmente para la ciudadanía navarra.

La conclusión es que: A) El euskara fue sojuzgado durante siglos y perseguido con saña durante la dictadura franquista. B) La Constitución del 78, en vez de promover una reparación de la injusticia anterior, proclamó una desigualdad injusta, estableciendo la oficialidad y la obligación de una sola de las lenguas del estado, limitando su previsión a que se establezca en los respectivos estatutos. C) El Amejoramiento del 82 empeoró la previsión constitucional por el sabotaje, que establece la zonificación. D) La Ley Foral del Euskara 86 volvió a empeorar la regulación del Amejoramiento, sobre todo al dejar fuera de la zona vascófona a la capital: Iruña, que es el municipio con mayor número de vascoparlantes, y que además es donde desarrollan su vida social, cultural y académica todas las navarras y navarros de la zona vascófona, con el insatisfactorio invento de la “zona mixta”. En todas las demás autonomías bilingües, la capital no está excluida de la regulación bilingüe.

La constante y falaz propaganda contra el euskara desarrollada desde el 82 tiene una contestación rigurosa y pormenorizada en cada una de los imputaciones que se suelen emplear, y que en un artículo solo cabe sino mencionar. La imposición suele ser la primera, con la derivada de un presunto perjuicio en el acceso a la función pública; pues bien, la imposición siempre ha penalizado a quienes ven mermada su libertad de lengua, y la mención de la desigualdad en el acceso a la función pública resulta ofensiva en boca de maestrillos, que defienden el “dictado en castellano y en inglés”. ¿Es que alguien ha notado una imposición cuando ha viajado a Donostia o Gasteiz? ¿Es que no es evidente que son los jueces, con sus aciertos y errores, quienes marcan las políticas de acceso a la función pública, con consecuencias en ocasiones tan lamentables como la euskarafobia generalizada de la Ertzaintza en la CAV o la valoración del inglés y francés y no del euskara en partes de la CFN?

Otro argumento-patraña utilizado durante decenios es aquel de que “si llevo a mi hijo al médico, lo que quiero es que lo cure y no que le hable en euskara”. Burrada, que reduce la función del médico a la de veterinario, ya que el signo de distinción de la humanidad es el habla; y más evidentemente aún en casos de enfermedades mentales.

Una tercera cuestión suele ser la de marcar la pauta con las estadísticas sui generis de vascoparlantes, que es la injusta y chulesca excusa utilizada por los autores de tantos perjuicios, como son el impresentable alcalde Maya y el incompetente consejero Gimeno. ¿Cuándo se van a enterar, señores cenutrios, de que también tienen derechos con respecto al patrimonio común, que es el euskara, todas las navarras y navarros, incluso –y quizá más– los que no lo hablan?

De cada uno de estos apartados hay tratados completos, pero el problema es la incapacidad de escuchar, atender y respetar. Ahora, que se ha puesto en evidencia –una vez más– que lo de “la zonificación” del Amejoramiento fue un sabotaje político con todas las agravantes precisamente de los negociadores navarros, lo que habría que hacer es rectificar.

A mí personalmente me dijo un secretario de organización del PSN aquello de que “cuando llegue el tiempo de que tengamos que negociar nos exigiréis la equiparación de la regulación del vascuence con la de otras lenguas vernáculas”. La propia terminología denota la época, pero la vigencia del fondo es permanente. Las señas de identidad y características propias de Navarra, como es el euskara, compartidas en libertad, constituyen contribuciones al progreso y a la democracia, siempre que se hagan con dignidad y corrijan y reparen los sabotajes, trampas y falsedades, que tantos perjuicios y daños han originado a la sociedad navarra.

El balance y el examen del Estatuto navarro, apodado con la denominación medieval de Amejoramiento, no puede limitarse a las ínfulas batuecas del progreso, que obviamente ha habido en Navarra. ¿Y no lo ha habido en La Rioja? ¿Y ha sido menor el de Santander, por poner el ejemplo de dos autonomías uniprovinciales cercanas y sin fueros?

Que los estatutos de la CAV y de la CFN están agotados y obsoletos lo demuestra mejor que ninguna otra cosa el hecho de que no tengan ni hayan tenido resortes para ser cumplidos. Su modificación tiene que empezar por un tratamiento de dignificación del euskara.

El autor es abogado