Nunca como ahora la ambición de las grandes empresas de alimentos o energéticas ha sido tan evidente, y nunca como ahora la intervención de las instituciones públicas ha sido tan necesaria y urgente. En el reparto de competencias entre Europa, el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra es necesario unir fuerzas para que las mayorías sociales no se resientan en su capacidad económica. Hacer viables las empresas y lo que producen implica abaratar los costes de producción. Y hoy el coste de la energía está lastrando nuestro crecimiento económico y está empobreciendo a amplias capas de trabajadores y trabajadoras.

Por eso, ante situaciones extraordinarias como la pandemia, lo público debe intervenir en defensa de la gente trabajadora. Resulta sonrojante el bloqueo, la cerrazón y la avaricia desmedida de la clase empresarial, que prefiere empobrecernos a limitar, en parte, sus márgenes de beneficios.

Ante un IPC elevado, necesitamos acuerdos salariales que garanticen el poder adquisitivo durante un ciclo amplio. De tal manera que acordemos subidas salariales para el corto plazo y para los próximos años, evitando así que se pierda poder adquisitivo. Lo que desestabiliza especialmente a las empresas navarras es el precio de las materias primas que tienen que ver con la imputación de los costes de la guerra a los precios finales.

Para enfrentar esta situación, la negociación colectiva, el salario mínimo interprofesional, el control de precios y la política fiscal deben emplearse hasta donde haga falta. El riesgo en España no es que los salarios impulsen una espiral inflacionista, es que una devaluación salarial deprima la demanda interna, incremente la desigualdad y la pobreza, agrave la situación económica, y, a la vez, que las empresas mantengan márgenes sin bajar precios. Es primordial evitar la espiral de precios, pero también el hundimiento de la capacidad de compra de los hogares.

Para ello es fundamental la corresponsabilidad de las grandes empresas en esta situación. Establecer una pugna, un pulso, entre dos intereses contrapuestos como están haciendo los empresarios es la peor forma de salir de una situación inflacionaria. Porque hace de la avaricia –y no del sentido de sociedad– el motor de la negociación. La ambición desmedida hace que el dogma liberal de la no intervención, el laissez faire, se caiga. Sin regular o limitar las élites tienden al abuso acumulativo, incluso en situaciones delicadas. Ese es su sentido de sociedad. Por eso creo que la política debe ser un instrumento que les pare.

Ante esta situación socialmente delicada, están quienes proponen un modelo social individualista y quieren que las necesidades de las personas se resuelvan en el ámbito del mercado, siendo este el proveedor de derechos. Otros queremos avanzar hacia sociedades integradoras, capaces de construir un modelo que asegure un mínimo de calidad de vida para toda la sociedad.

Esta dinámica debe corregirse mejorando salarios a costa de beneficios empresariales y no de precios. De no abordar así las cosas, nuestro país será más pobre, más desigual y corre el riesgo de instalarse en un escenario de crecimiento débil e inflación alta. No puede ser que los beneficios empresariales se multipliquen y los salarios se dividan.

Como he subrayado, la actitud cerrada de la patronal obliga a los poderes públicos y a los sindicatos a tomar decisiones. Por un lado la política debe ser un instrumento que les pare, que fije límites a sus enormes beneficios, y los sindicatos unidos debemos salir a la calle y redoblar la presión en las mesas negociadoras.

Actualmente, los principales convenios colectivos de Navarra están en una fase que oscila entre el bloqueo y la espera. Eso provoca, sin duda, una enorme incertidumbre en las miles de personas trabajadoras afectadas por estos convenios. A ello se le suma un encarecimiento de la vida que ya golpea a nuestros hogares y que se alargará en el tiempo.

Consolidar tendencias cooperativas frente al sálvese quien pueda del liberalismo es hoy una obligación. Se necesitan políticas públicas ambiciosas que logren parar la dinámica especulativa en la que están instaladas muchas grandes empresas. Por ello, hay que tener claro que las bajadas generalizadas de impuestos ni son útiles ni son deseables.

Lo más útil para las mayorías sociales es que se dé un pacto de rentas que contemple subidas salariales, cláusulas de revisión salarial, medidas fiscales que ayuden a repartir la riqueza y limitar los beneficios de las grandes energéticas y distribuidoras de alimentos y medidas sociales que protejan a las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad ante la escalada de precios.

En base a esas propuestas, es necesario impulsar una movilización que visualice la fuerza de la gente trabajadora frente a la usura empresarial. Merece la pena hacer un esfuerzo por la movilización porque está en juego no solo nuestra calidad de vida en el corto plazo, sino también nuestro modelo de sociedad.

El autor es secretario general de CCOO Navarra