El verano desgranó sus últimos días y con ello se van reduciendo las opciones que permiten, casi todos los años, juntarnos entorno a una mesa la familia próxima, la alejada y la remota. Con ello, las sobremesas en las cuales, además de intercambiarnos situaciones y experiencias acaecidas en el último periodo entre encuentros, contrastamos opiniones sobre el complicado y complejo mundo en el cual vivimos.

Este año, especialmente, he tenido la breve oportunidad de analizar con uno de mis sobrinos, economista, como yo, y que ejerce de profesor de economía en una universidad de los Estados Unidos, algunos de los elementos que influyen en esa complejidad.

Además de la edad, nos separan dos circunstancias básicas: la cultura y la visión americana que tiene sobre este mundo global, y el nivel de conocimientos sobre economía que son, en extensión y profundidad, superiores a los míos. Solo le supero en una cosa: la experiencia.

Ya en el segundo café surgió, a propuesta de mi sobrino, la reflexión acerca de la influencia de las TIC’s (Tecnologías de la Información y Comunicación) sobre dos aspectos claves en nuestra vida. En concreto, el uso e influencia de las TIC’s en relación al sufragio universal en las votaciones, en el sentido de ir a un escenario de sufragio restringido, y la corrupción.

No cabe duda que las TIC’s bien utilizadas, en el sentido de estar al servicio de la ciudadanía y en beneficio de esta, es una herramienta potente que, entre otras cosas, puede facilitar la democratización de la vida al facilitar a coste casi cero el acceso a determinados bienes y servicios. El conocimiento y la información serían ejemplo de ello. Por otra parte, no resulta descabellado inferir que también permitirán implementar formas de gobierno de países y de empresas sustancialmente diferentes de las actuales.

En concreto, los blockchain, red básica para la creación y el funcionamiento de las monedas virtuales, como los bitcoins, y los smartcontract, “contratos inteligentes”, que podríamos conceptualizar como contratos virtuales autogestionados utilizados en la comunidad científica, pueden tener un importante impacto en la descentralización y desburocratización de las maneras de gestión. En este sentido, podrá suponer, entre otras cosas, una mayor transparencia en los procesos administrativos, económicos y sociales y, lo que es más importante, una reducción del error humano y de la corrupción.

Quizás, también, ciertas políticas podrían ser especificadas de manera automática, a la manera de los correctores automáticos ya existentes en política económica, pero con una eficacia superior. Un buen ejemplo sería la política monetaria o fiscal que podrían automatizarse de manera independiente de los ciclos electorales.

Pero tampoco conviene olvidar que su implantación y utilización masiva genera dos grandes costes sociales. Por una parte, el volumen, la intensidad y rapidez que las TIC’s impulsan en la actualización del conocimiento y la información implica una creciente incapacidad del ciudadano medio de asimilar y entender todo ello, lo que supone un incremento de la incertidumbre, del miedo y de la desconfianza en el sistema. El aspecto más visible de este escenario es el auge de las opciones políticas antisistema, ya que esos procesos y sus consecuencias se sienten como algo antinatural y descontrolado.

En segundo lugar, han posibilitado la ruptura, –el debilitamiento por superación–, del ámbito territorial político-administrativo unitario, el Estado, instituyendo la mundialización y globalización en los que no existe una autoridad mundial ejecutiva capaz de actuar en ese espacio global con el fin de aplicar las normativas multilaterales exigibles a las operaciones, económicas o no, que se realizan en ese dominio global. Los paraísos fiscales serían una buena muestra de lo indicado.

En lo referente a utilizar las TIC’s y su innegable capacidad y potencia para facilitar a todos los individuos el acceso a opciones esenciales, el voto puede ser una de ellas, cabe proceder con mucha cautela.

En este sentido, el voto restringido, –entendiendo por tal la consulta a un colectivo determinado, finito y teóricamente más conocedor de la materia sobre la que se consulta que el resto del censo electoral–, en contraposición al sufragio universal, implica adentrarse en un campo altamente complejo como es el de los derechos básicos y la justicia. No olvidemos, tal y como recuerda Daniel Innerarity en su libro La sociedad de la desinformación, que “la democracia no tiene como objetivo alcanzar la verdad, aunque muchos ciudadanos así lo piensen y muchos políticos así lo digan, sino decidir con la contribución de toda la ciudadanía, sobre la base de que nadie (mayoría triunfante, élite privilegiada o pueblo incontaminado) tiene un acceso privilegiado a la objetividad que nos ahorre el largo camino de la discusión pública”.

A la idea del voto restringido es oportuno aplicar, a favor del sufragio universal, el concepto económico de economías/deseconomías externas. Ejemplo, el Brexit, el voto universal en el Reino Unido, ha tenido afecciones al resto de la Unión Europea, y al mundo. Al igual que la elección del anterior presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y sus efectos multilaterales y multinacionales. O la locura de Putin, o la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi a Taiwán... Todo ello quiere decir que vivimos en un mundo que cualquier decisión que adopta democráticamente un país, afecta, positiva o negativamente, a otros que no han tenido la posibilidad de participar en esa votación.

Además, el voto restringido podría ser aceptable siempre que se garantizara el respeto a la opinión de la mayoría y de las minorías, cosa harto complicada. Solo los afectados directa e indirectamente en un asunto podrían votar, si a través de las TIC’s fuera posible acotar con exactitud a ese colectivo y, técnicamente, aislar un tema, sin caeteris paribus. Es decir, teniendo en cuenta todas las variables y elementos que afectan al asunto sobre el cual se vota y, por último, sin restringir la definición de los que saben: los expertos. ¿Qué nos hace suponer que votarán sobre y para el bien general, el procomún, en lugar de votar a favor de sus propios intereses?

Discriminar por capacidad intelectual o conocimiento resulta además de populista y faccioso, muy peligroso. Pero podría ser una opción a largo plazo bajo un desarrollo conceptual mundial/internacional y, absolutamente fiable, cosa que al hablar del ser humano…

Pero es que, además ¿de qué hablamos cuando lo hacemos de un Gobierno más representativo. ¿Representativo de quién? El Gobierno ha de gobernar para todos, para la mayoría cuantitativa (>50% de la población), no para “los suyos”. Principio básico de la democracia, cosa distinta es que se cumpla o no, y lo aceptemos, o no, según nos vaya. Podría aceptarse el concepto si es asimilado a una mayor representatividad, con un mayor respaldo de votos.

¿Y qué decir, para finalizar, acerca de la influencia que, vía TIC’s, se puede ejercer sobre la corrupción y su progresiva eliminación?

Algunos enfoques sobre la corrupción serían la existencia de un espacio TIC’s con poderes ejecutivos y ejecutores legal y universalmente aceptados y la tecnología como una herramienta muy potente, pero es solo eso, una herramienta, al servicio de “los buenos”, (salvar vidas, atención accidentes, drones en lugar de tropas), y de “los malos” (drogas, transacciones financieras ocultas o no, dilución de la propiedad). Y todo ello, desde la base de que minimizar o eliminar la corrupción, debería ser posible, y necesario, –aunque no suficiente–, en la cultura de las personas. En nuestro comportamiento. Pero hay un problema, las personas somos corruptas y corruptibles, definición que sirve para una parte influyente del colectivo humano, solo es cuestión de precio.

El autor es economista