Desde que se celebraran las elecciones autonómicas en Navarra el 28 de mayo, los ciudadanos venimos asistiendo, desde la barrera, a las negociaciones entre los diferentes grupos políticos para conseguir formar gobierno. Ya hemos ejercido nuestro derecho democrático, no tenemos derecho a más. Pasados ya más de dos meses, las cosas no parecen avanzar demasiado. Tras la convocatoria de elecciones el 23 de julio, todos asumimos que no sería hasta después de esa fecha que los grupos navarros se pondrían de acuerdo. Y parecía que sería rápido.
¿Pero qué significa ponerse de acuerdo? Por lo que se está publicando en los medios de comunicación, las negociaciones están consistiendo en un tira y afloja por adjudicarse más o menos consejerías. O, dicho de otro modo: por lograr conseguir el máximo poder posible. Ojo, que en ningún caso se está discutiendo el reducir el número de consejerías para ser más eficientes con el gasto.
Poco o nada ha trascendido sobre el contenido propiamente dicho de las reuniones, sobre qué les une o qué les separa. Y no será por temas trascendentes para los que Navarra necesita consensos lo más amplios posibles. Se me ocurre, para empezar, afrontar el tema de la competitividad de Navarra, que lleva años estancada. Para conseguirlo habría que reconocer, de una vez por todas, que el dinero público no cae del cielo, sino de los bolsillos de los contribuyentes. Que las cuentas públicas que va a manejar el futuro gobierno ya van por los 5.000 millones de euros de gasto anual, y subiendo, sin que se plantee una reforma de la administración que la dote de más eficiencia al menor coste posible. Los últimos años han sido el mejor ejemplo de que se ha gastado más, mucho más, sin que los servicios hayan mejorado, más bien al contrario. Solo hay que mirar, por ejemplo, a nuestro sistema sanitario. Pensar que reducir la deuda pública y el déficit no debe de ser prioritario es de una miopía que asusta.
Tampoco parecen entender algunos partidos que la riqueza y el empleo lo genera la empresa privada y que a ésta hay que apoyarla al máximo para que cree puestos de trabajo y, así, haya más contribuyentes cotizando. Que una Navarra próspera no se consigue a base de subvenciones públicas a diestro y siniestro, sino logrando que todo el que quiera trabajar pueda hacerlo en unas condiciones óptimas. La empresa y el empresario no son el enemigo a batir, sino el compañero al que ayudar por el bien de todos. Como siempre defiendo, la mejor política social es la que crea puestos de trabajo.
La fiscalidad es otro tema en el que no hay consenso. El que paguen los ricos se ha instaurado en el imaginario colectivo y pocos comprenden que la fiscalidad navarra no solo penaliza a los ricos, sino a las clases medias y bajas. No lo digo yo, lo dice el Colegio General de Economistas: sobre la premisa de un contribuyente con rentas de trabajo, soltero, menor de 65 años y sin hijos, Navarra es la región donde más IRPF pagan las rentas de hasta 20.000 €, la segunda más elevada para rentas de hasta 45.000 €, la primera para rentas de hasta 70.000 € y la tercera para rentas de hasta 110.000 €. Por el contrario, Madrid y las tres provincias vascas son las regiones donde menos IRPF hay que abonar. Una fiscalidad competitiva y bien orientada debe ayudar a atraer inversiones y talento, crear nuevos puestos de trabajo de alto valor añadido, con lo que la recaudación fiscal se incrementará permitiendo a su vez ciertos ajustes a la baja y sin necesidad de crear nuevos impuestos.
Las infraestructuras son otra asignatura pendiente en Navarra. Lo sufrimos quienes queremos realizar un vuelo internacional, bien sea por trabajo o por ocio, y comprobamos las poquísimas conexiones con las que cuenta nuestro aeropuerto. Lo vivimos en nuestras propias carnes cuando a menudo compensa ir en coche a Zaragoza y allí coger el Ave a Madrid, trenes que cuentan con una frecuencia altísima frente a los dos o tres Alvias Pamplona-Madrid. Lo saben de primera mano los agricultores que siguen esperando que se finalice de una vez por todas la ampliación de la primera fase del Canal de Navarra y arranque la segunda fase. Estos retrasos, debidos en gran parte a disensiones políticas, no a criterios técnicos, también los sufren los riberos que todavía, en pleno siglo XXI, no pueden beber agua de boca.
Como decía, las negociaciones no se están haciendo con luz y taquígrafos. Pero mucho me temo que los temas citados no están siendo la prioridad. Como ciudadanos deberíamos exigir unas negociaciones transparentes en las que de antemano se conozcan las posiciones de los partidos y qué consecuencias van a tener los pactos en las políticas públicas. Sería igualmente saludable que para plantear las grandes reformas que necesita en este momento Navarra participen el mayor número de partidos posibles. Implementar muchas de estas reformas llevará más de una legislatura, por lo que se puede saber quién la inicia sin saber quién la terminará, pero este hecho no debería impedir que haya grandes acuerdos con la mayoría más amplia posible del arco parlamentario. Cuantos más apoyos, mejor. Estar de acuerdo en lo importante se hace fundamental.
Llámenme iluso, pero me niego a pensar que los navarros nos merezcamos este proceso tan dilatado en el tiempo donde el “qué hay de lo mío” prima más que la Navarra de todos.
El autor es presidente del think tank Institución Futuro
