Recientemente el politólogo Ignacio Sánchez-Cuenca denunciaba la muy dispar atención que se le presta al anuncio de nuevas políticas públicas, como el bono cultural o el IMV, y al escaso seguimiento que se hace de las mismas. Nos gusta anunciar nuevas medidas, pero no sabemos qué tal están funcionando. Apenas dedicamos tiempo a su seguimiento o incluso, en algunos casos, es el propio diseño de la medida el que imposibilita su seguimiento.
Una vez ha concluido la X Legislatura de Navarra, es conveniente hacer un balance de lo realizado, conocer si los recursos públicos han ido destinados a aquello que se nos dijo. Aunque el Acuerdo Programático de la Legislatura 2019-2023, que era continuamente invocado como documento rector, supone un buen punto de referencia, puede originarnos alguna dificultad en esta tarea.
No pretendo discutir la necesidad del mismo, que considero fundamental, ni el fondo de sus contenidos, los cuales surgen de una negociación política no siempre sencilla, sino únicamente aportar unas pautas que puedan facilitar su elaboración.
El volcado de 876 medidas en el Acuerdo 2019-2023 puede invitarnos a pensar que se trata de un programa amplio y detallado, pero lo que debe preocuparnos no es su extensión, si no su utilidad. El Acuerdo, en su redacción final, adolece de una estructura lógica vertical y horizontal que dificulta la rendición de cuentas y su misma puesta en marcha.
Por estructura vertical hacemos referencia a la jerarquía de las actuaciones, que debe seguir una cascada de Principios > Ejes > Objetivos > Líneas de actuación, según su jerarquía y nivel de concreción. Vemos entremezcladas medidas que deberían tener el rango de principios (y, por tanto, de difícil medición) con otras que apenas llegan a ser líneas de actuación, por lo que invaden y se solapan con el ámbito de actuación de los planes departamentales.
Los puntos de conexión con los planes departamentales son fundamentales, en la medida en que permiten detallar el cómo se alcanzará un objetivo. De manera recíproca, los planes departamentales que se aprueben deben indicar qué punto del acuerdo satisfacen y en qué medida.
Otras actuaciones del Acuerdo Programático corresponden al calendario legislativo; y otras son meras declaraciones de intenciones desiderativas, que, si bien es bueno incluirlas en la exposición de motivos, no deberían formar parte del núcleo del Acuerdo.
Por estructura horizontal hacemos referencia a que, en la medida de lo posible, las áreas en las que se divide el Acuerdo Programático deben responder a la estructura de gobierno encargada de ejecutarlo. El Acuerdo Programático actual cuenta con algunas áreas muy heterogéneas y difusas, cuyas actuaciones se esparcen por diferentes departamentos, lo cual dificulta su asignación a responsables concretos.
En definitiva, este formato de volcado y corta y pega de diversos programas electoralesno permite su seguimiento y rendición de cuentas.
Otras dos vinculaciones necesarias de las que adolece el Acuerdo son la estadística y la presupuestaria. De las 876 actuaciones del Acuerdo, únicamente 12 llevan aparejado algún indicador que nos de pistas sobre su grado de cumplimiento. Los aspectos cualitativos son relevantes, pero no pueden inundar todo el Acuerdo.
Sin embargo, de nada sirve asignar indicadores si estos no están vinculados con la estadística oficial a través del Plan de Estadística de Navarra. Este documento cuatrienal orienta la política estadística del gobierno y debe estar informado por el Acuerdo Programático: le debe decir qué medir y cómo. Huelga decir que los recursos estadísticos deben ser suficientes para poder realizar esta crucial tarea.
Por último, debe existir también una vinculación presupuestaria. El Acuerdo Programático permite un aumento de derechos que lleva aparejada una expansión del presupuesto público, que debe ser cuantificada. Una mejor organización de los recursos no supone caer en el mantra liberal que sacrifica los derechos en el altar de la eficiencia. Combinar equidad y equilibrio debe ser el objetivo de cualquier responsable público.
El Acuerdo Programático debe ser una herramienta viva y eficaz de gestión, no un tótem al que acudir para airear los desacuerdos. Este trabajo de seguimiento debe extenderse durante toda la legislatura y depender de un departamento transversal con capacidad ejecutiva: dealmente, de Presidencia. Tal y como está estructurado el Acuerdo Programático 2019-2023, aventurarse a decir que “se ha cumplido en un 90%” es un acto de fe.
De no estructurarse así, cualquier apelación a desacuerdos tasados o a mecanismos de seguimiento es puro papel mojado. El no contar con un programa fuerte y consensuado puede devenir en la gestión de la inercia y en consumir nuestras fuerzas en la resolución de los problemas del día a día.
Esta estructura no es neutra e influye también en el orden de negociación: se debe dar prioridad al qué se va a hacer, sobre el cómo y el con quién. Es decir, programa, estructura, y por último personas. Además, puede ser una herramienta política que haga de parapeto ante las voces interesadas que quieren achacar cualquier demora en la negociación al tan manido “reparto de sillones”. Esperemos que tras 8 años en la oposición hayan comprobado la inutilidad de tal argumento.
La política no debiera aspirar a otro objetivo que a la construcción de una sociedad de
ciudadanos libres y responsables, con sentido y crítico y capacidad de transformación. Es tarea de la política concederles las herramientas adecuadas.
