Asistimos últimamente a una serie de avisos catastrofistas con los que nos bombardean algunos políticos, algunos medios de comunicación y muchos opinadores más o menos profesionales (más menos que más). El mensaje repetido gira sobre lo que nos caerá encima si Pedro Sánchez vuelve a formar gobierno. Y no es nada esperanzador lo que nos auguran: finiquitará el espíritu del 78, romperá España (más gráfico aún, algunos hablan de que la descuartizará), retorcerá las leyes, dinamitará la convivencia, prostituirá la democracia y, como culmen, se saltará la Constitución. Estas y otras parecidas buenas nuevas nos hacen llegar quienes no ven con buenos ojos un nuevo gobierno de Pedro Sánchez.

Ahora, que todos dicen defender la Constitución y su función capital en nuestra democracia, ahora, que hay muchos que temen que alguien (Pedro Sánchez) pueda saltársela a la torera, ahora, en estos principios de septiembre de 2023, bajo la hojarasca del ruido se advierte poca confianza en la Constitución. ¿Acaso esta Constitución Española de 1978 no tiene mecanismos de defensa y garantías de pervivencia en su cuerpo normativo? Sería la primera constitución que no conlleve en sí misma los requisitos necesarios para su modificación o su derogación, que no especifique las mayorías parlamentarias necesarias para ello, y que no enumere qué modificaciones habrán de ser sometidas a referéndum popular como garantía última de la voluntad de toda la sociedad. ¿De verdad creen quienes tanto gritan que nuestra Constitución en vigor carece de todas esas garantías para su vigencia? Pues no. Nuestra Constitución lleva incorporadas todas las garantías necesarias para que nadie pueda violentarla sin apechugar con las consecuencias. El marco de nuestro sistema legislativo no puede romperse de manera arbitraria sin que el sistema judicial se oponga. ¿O tampoco hay confianza en que el Poder Judicial, con el Tribunal Constitucional a la cabeza (que para eso está), acudirá en defensa de cualquier desafuero contra la Constitución?

Dicho esto, habrá que convenir que será lícito todo aquello que no violente el marco constitucional. Habrá que recordar que, nos guste o no, los votos de todos los parlamentarios tienen el mismo valor y la misma legitimidad; que, nos guste o no, quien preside el Poder Ejecutivo es aquél que ha sido capaz de procurarse una mayoría parlamentaria, y que las leyes aprobadas por el Gobierno, con sus correspondientes mayorías parlamentarias, son leyes aprobadas por el Parlamento español.

Mientras hacemos estas reflexiones, el Sr. Núñez Feijóo, siguiendo el encargo del Jefe del Estado, continúa entrevistándose con los grupos parlamentarios (al parecer con todos menos con Bildu) con el objeto de conseguir esa mayoría parlamentaria que le permita formar gobierno. Y tranquiliza saber que el Sr. Feijóo y todos los parlamentarios que avalen su intento de formar gobierno son unos demócratas que juraron o prometieron públicamente defender, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Nos gustará más o menos el gobierno que pueda llegar a formar, pero será un gobierno tan legítimo como legal. Y si el Sr. Feijóo no lograse los apoyos necesarios para ser investido presidente del Gobierno, será el turno, previsiblemente, de Pedro Sánchez. Si el Jefe del Estado así lo considera, propondrá al Sr. Sánchez la tarea de buscar los apoyos suficientes para ser presidente del Gobierno. También, en este caso, tranquiliza saber que el Sr. Sánchez y todos los parlamentarios que le avalen en su intento de formar gobierno son unos demócratas que juraron o prometieron públicamente defender, guardar y hacer guardar la Constitución. Nos gustará más o menos el Gobierno que pueda llegar a formar, pero será un Gobierno tan legítimo como legal.

Por todo esto y más, yo confío.