Desde el inicio de la presente legislatura, el PP está patrimonializando el Senado para alcanzar sus fines partidistas. En su estrategia del todo vale, el PP ha dado un paso de especial gravedad al utilizar el Senado como un campo de batalla para que las CCAA gobernadas por el PP y Vox hagan oposición al proceso de investidura del candidato Pedro Sánchez y se posicionen sobre una inexistente ley de amnistía, a pesar de que, en ambos casos, su debate correspondería a las Cortes Generales.

Se trata de una instrumentalización del Senado que claramente quiebra la organización institucional que regula la Constitución por los siguientes motivos:

En primer lugar, la Comisión general de las CCAA se creó para profundizar en la función del Senado como cámara de representación territorial. A tal fin, el reglamento de la citada comisión prevé la posibilidad de celebrar debates generales sobre materias de naturaleza autonómica, informar acerca del contenido autonómico de las iniciativas... Así, a modo de ejemplo, la citada comisión se reunió la pasada legislatura para debatir sobre la situación generada en las CCAA por la aplicación del estado de alarma.

Por el contrario, el PP pretende utilizar el Senado no para servir como foro de cooperación entre el Estado y las CCAA, sino para que sus presidentes autonómicos confronten e interfieran en el proceso de investidura del presidente del gobierno de España, lo que excede su ámbito competencial y quiebra el principio de lealtad institucional que rige en las relaciones entre el Estado y las CCAA.

El PP está abriendo la posibilidad de un caos institucional con consecuencias imprevisibles. A modo de ejemplo, mañana se podría utilizar la comisión general de CCAA para que los presidentes autonómicos se manifiesten en el Senado sobre cualquier otra ley sin contenido autonómico como, por ejemplo, la ley de eutanasia, la revalorización de las pensiones o la reforma del Código Penal. O, a la inversa, el presidente del gobierno de España o sus ministros comparecieran en los parlamentos autonómicos para manifestar su criterio sobre el programa de gobierno de un presidente autonómico o sobre las leyes autonómicas en tramitación. Consecuentemente, resulta entendible que ni el gobierno de España ni los presidentes autonómicos socialistas hayan decidido no ser partícipes de este deterioro del Senado y de nuestro sistema constitucional.

En segundo lugar, la estrategia del PP en el Senado trata de suplantar las atribuciones de las propias Cortes Generales en el proceso de investidura y en el control parlamentario al gobierno. De acuerdo con la Constitución, el debate sobre el programa de gobierno con el que el candidato a presidente del Gobierno pretende obtener la confianza de la cámara, esto es, el procedimiento de investidura, se realiza en el Congreso de los Diputados y, además, el control parlamentario al gobierno lo ejercen las Cortes Generales, esto es, Congreso y Senado, no los presidentes de las CCAA (arts. 66.2 y 99 CE respectivamente). Esta quiebra de la Constitución por parte del PP no es nueva, pues lleva más de 5 años en rebeldía constitucional al negarse a renovar el Consejo General del Poder Judicial.

En tercer lugar, la capacidad legislativa del Estado corresponde a las Cortes Generales y, por tanto, los competentes para participar en los debates legislativos son los diputados y senadores, no los presidentes autonómicos. Parece que los barones autonómicos populares quieren tutelar a sus diputados y senadores, incluido el del Sr. Feijóo tras su investidura fallida.

Lamentablemente, no es nueva esta estrategia del todo vale. El PP ha seguido al pie de la letra el manual de acción de la extrema derecha 2.0. A los hechos me remito: tanto por activa como por pasiva, los diversos líderes y barones del PP califican al presidente Sánchez como ilegítimo. Como reflejan los distintos diarios de sesiones, la derecha ha calificado al presidente Sánchez como traidor, ocupa o enemigo de la patria con el objeto de deslegitimar su mandato y polarizar la política española.

Creo que ya es el momento de que el PP se centre y respete las reglas del juego democrático que establece la Constitución y, por tanto, asuma que en nuestro sistema de gobierno parlamentario obtiene la presidencia del gobierno el candidato o candidata que obtenga la confianza de la mayoría del Congreso de los Diputados.

*El autor es senador socialista por Navarra y profesor titular de Derecho Constitucional