Según el informe de Tendencias del Consumidor de 2022, gastamos el doble en alimentación que hace 20 años. Este incremento de precios es consecuencia de múltiples factores. Sin embargo, es evidente que debemos poner el foco en las grandes distribuidoras. El productor, en muchos casos, sigue vendiendo el producto a precios irrisorios, mientras que el consumidor lo adquiere a precios desorbitados. En palabras sencillas, el intermediario compra el producto a 4 duros y lo vende por un 400% más caro. Por ejemplo, según el índice de precios en origen y destino de los alimentos de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos, las patatas se compran a 32 céntimos y se venden a 2 euros, y las naranjas se compran a 39 céntimos y se venden a 2 euros.
A pesar de las medidas adoptadas por el Gobierno de España para mitigar el impacto del incremento de precios provocado por la guerra de Ucrania y proteger a los colectivos más vulnerables, el precio de los alimentos ha aumentado un 20% en el último año. Esto ha ocurrido a pesar de la supresión del IVA en alimentos que ya tenían un tipo reducido del 4% y la bajada del 10% al 5% en aceites y pastas.
España cuenta con las mismas diez cadenas de distribución que hace más de 20 años, y las cinco primeras controlan ya más de la mitad del mercado. ¿Es la distribución la responsable del ascenso de los precios? Claramente, tiene responsabilidad en ajustar los precios que paga a los agricultores y en aumentarlos cuando los productos llegan a los supermercados.
Por ello, desde el Partido Socialista creemos necesario que el Gobierno de España refuerce las acciones del Observatorio de la Cadena Alimentaria e implemente precios justos en el sector primario, ajustando los márgenes de beneficio de las distribuidoras para que tanto productores como consumidores se vean beneficiados. Además, nos parece oportuno aumentar las inspecciones relativas al incumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria, especialmente en lo que respecta al abuso de los márgenes de ganancias de determinadas empresas distribuidoras.
Estamos de acuerdo en que la agricultura y la ganadería son actividades esenciales para la sociedad, no solo por su importancia en el abastecimiento de alimentos, también por su relevancia en el desarrollo de los territorios rurales y la preservación del medio ambiente. El futuro del sector y de nuestros territorios rurales depende de una buena alianza entre agricultores, industrias, empresas de distribución y consumidores.
Tras las movilizaciones del sector, hace unos meses, se han puesto encima de la mesa diferentes medidas a corto, medio y largo plazo, pero en ningún momento se ha hablado de la gran distribución. Por eso, creemos que la reducción del margen de beneficio de las distribuidoras es un aspecto más a tener en cuenta en la cadena de valor de los alimentos y es complementario a las medidas que las diferentes administraciones están implementando en favor del sector primario. Francia y Portugal han pactado con las grandes distribuidoras un tope de precios; España también puede estudiarlo.
La realidad es que el sector primario ha sido víctima de la caída de los precios debido a la globalización y la competitividad en la gran distribución. En los años 2000, la gran distribución se concentró mucho, adquiriendo gran poder de compra y presionando los precios. Entre 2000 y 2020, gracias a la globalización y a nuevas técnicas agrícolas, la alimentación europea fue la más barata de la historia.
La cesta de la compra se ha encarecido un 20% en el último año. ¿Qué hemos hecho los consumidores? Buscar alternativas más baratas, lo que ha provocado el auge de las marcas blancas y el aumento de las cuotas de mercado de las grandes distribuidoras. Por ejemplo, Mercadona ha ganado un 40% más que en 2023, Carrefour un 23% más y Eroski un 70% más. La diferencia de cuota de mercado entre el primero y el segundo es del 16%.
Además de los precios, estamos atravesando una coyuntura especialmente difícil debido a los efectos del calentamiento global y el cambio climático, que impactan directamente en la agricultura. En este contexto, estar en contra de la Agenda 2030 carece de sentido, ya que uno de sus objetivos es precisamente trabajar en armonía con el planeta y el medio ambiente. Es necesario conseguir el equilibrio entre medio ambiente y agricultura. Si no somos capaces de valorar la alimentación, no somos capaces de valorar a quienes la producen.
El precio de la compra ha subido un 20%, las ganancias de las grandes distribuidoras son las que son, y los agricultores siguen vendiendo a precios irrisorios. Saquen sus propias conclusiones.
El autor es portavoz del PSN-PSOE en la Comisión de Desarrollo Rural y Medio Ambiente en el Parlamento de Navarra
