El carácter científico y sistemático de la represión que indican las masivas cifras de encarcelados en Navarra en las primera semanas después del golpe de Estado de julio de 1936, de ellos cerca del 40 por ciento asesinados, no se puede entender sin la existencia de un trabajo previo de recopilación de información sobre el adversario político.
Esa tarea fue desarrollada en paralelo y de forma particular por los diferentes actores golpistas. Frecuentemente los historiadores hemos subrayado la experiencia en esas lides del general Mola, cerebro desde el gobierno militar de Navarra, al que llegó en marzo de 1936, de la conspiración civil-militar que condujo al golpe de Estado. En su labor al frente de la Dirección General de Seguridad, entre febrero de 1930 y abril de 1931, puso en marcha organismos centrados en la recopilación de información sobre sujetos sospechosos de simpatías comunistas para una adecuada y eficaz acción policial. También hemos remarcado la labor en ese sentido de las fuerzas de seguridad, que confeccionaron listados de los elementos a neutralizar a partir de la participación en acciones y movilizaciones políticas durante el bienio radical-cedista.
Más desconocido es el desarrollo de estructuras de contraespionaje dirigidas en contra del adversario político por parte de carlistas y falangistas, las formaciones civiles que capitalizaron la represión a partir de julio de 1936.
Los carlistas, fuertemente implantados en Navarra, ya desde el otoño de 1934 contarían con un servicio de espionaje propio. Tal y como hemos demostrado en un artículo reciente, en un informe de la Comunión Tradicionalista se habla de una “Sección de Policía y Espionaje”, dotada con presupuesto propio, que, junto con otras, era dirigida por “una Junta de Jefes y Oficiales que son el alto mando de las milicias” requetés. En otro documento que discernía el Plan de Organización y división del trabajo con las secciones del preparativo conspiratorio carlista dirigido por la Sección Primera de Dirección y Coordinación en manos del príncipe don Javier, de Fal Conde y de Lamamié de Clairac, figura la Sección Novena o de Información, dirigida por Calixto González-Quevedo y José Maria Oriol, junto con otras secciones (como las de Estado Mayor Central; la de Cuadros de Oficiales; la de Requetés; la de compra de armas y su transporte; la financiera a cargo la de Propaganda y Prensa).
A partir del julio de 1936, sería la Jefatura de Requetés, ubicada en el colegio de Escolapios, dependiente de la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra, la que asumiría la movilización de los voluntarios carlistas, pero también la gestión la limpieza política, acogiendo un servicio de información, una policía secreta propia, un centro de detención y un tercio de segunda línea (Tercio Móvil) especializado en funciones represivas que protagonizó asesinatos colectivos de gran entidad. Al mando de todo ello estuvieron la mayor parte del tiempo Esteban Ezcurra (con rango de capitán) y sus lugartenientes Benito Santesteban y Vicente Munárriz (con rango de tenientes). Durante una decena de días de octubre de 1936, Ezcurra, al ausentarse de Pamplona, fue sustituido por Jaime del Burgo Torres. A sus órdenes trabajaban tres policías secretas del Requeté: Jaime Larrea, Angel Sagardia y Miguel Goñi. A ellos se unió en los primeros meses un cuarto, Francisco Lizarza, posteriormente ejecutado por sus propios compañeros por mediar en un canje. El mismo Jaime del Burgo en su libro de 1970 Conspiración y Guerra Civil, aunque silenció que estuviera al frente en aquellos días de octubre del Cuartel de Requetés, sí que mencionó que la JCCGN “tenía su policía propia” allí, citando por su nombre a los agentes de policía referidos, así como que “había un servicio de información, del que formaban parte” Santesteban y Munárriz, “ambos instituídos tenientes de requetés y colaboradores” del comandante Ezcurra. De entre aquellos policías requetés, con posterioridad destacaría Jaime Larrea ya que, tras abril de 1937 estuvo dirigiendo el Servicio de Información e Investigación del partido unificado, y único admitido, FET de las JONS. Otro insigne requeté, Remigio Múgica Gorricho, participante en incidentes de lucha callejera en la primavera de 1936 en Pamplona, heredaría el puesto de Larrea al ser nombrado en 1945 delegado provincial del Servicio de Información de FET y de las JONS.
Por su parte, en lo que se refiere a los falangistas, según un artículo de Arriba España de 21 de julio de 1938 de Lucio Arrieta (jefe local de la Falange pamplonesa en el verano de 1936), se decía que, previamente al golpe de Estado, el partido contaba con una sección de Investigación e Información dirigida por Francisco Uranga Galdeano, muy ligado a Diario de Navarra, y por Ángel Lostao, procurador de tribunales muerto por enfermedad año y medio después. También se hablaba de un servicio de vigilancia a cargo del remontista Patricio Fernández España y de Antonio Arrarás. Por otras fuentes conocemos también de la implicación de otros falangistas en el servicio de espionaje de Falange: Galo Egüés Cenoz, uno de los miembros más señeros del más famoso escuadrón de la muerte falangista en Navarra, la Escuadra del Águila, lo declaró en su ficha de excombatiente. En sus fichas dos falangistas de Burlada también declararon haber prestado “servicios de Policía en Pamplona” y, en una declaración, el tafallés Luis Jiménez Pérez enunció que tras realizar en Tafalla “guardias en las cárceles y edificios públicos” y colaborar en la conducción de “presos al Fuerte de San Cristóbal, servicio especial nocturno, servicios en otros pueblos del distrito”, trabajó en septiembre y a partir de diciembre “como Agente del Servicio Secreto de FE de las JONS”, siendo destinado en el intervalo en San Sebastián “en la Escuadra de Vigilancia especial nocturna”.
Por lo tanto, considerando todo lo anterior, los cuerpos de seguridad de toda España en general, así como las organizaciones derechistas navarras, estaban familiarizadas desde 1934 con la elaboración de listados de desafectos. Tras el golpe de Estado de julio añadieron a todo ello la implementación de la incautación de la documentación de afiliados de las sedes de partidos y sindicatos con el fin de maximizar el barrido, lo que concuerda con las elevadísimas cifras de ingresados en los centros de detención que presentamos hace años. Hay múltiples testimonios de esos registros e incautaciones.
Y mientras tanto, los requetés de base observaron con aquiescencia la oleada de registros y de detenciones. Mateo Arbeloa, voluntario requeté de Mañeru que estuvo en Pamplona entre el 19 y el 26 de julio, día este en que marchó al frente de Gipuzkoa, contó en una carta del 22 dirigida a su familia que “hoy se han quemado dos o más imprentas comunistas, se ha asaltado a los nacionalistas y muchas más casas; se está haciendo una limpieza entre fascistas y requetés”. Muchos otros testimonios parecidos transmiten algo parecido: la normalización de lo que era una quiebra total de las pautas vigente hasta entonces, en un marco de limpieza política brutal y bárbara para con el adversario político en una provincia en la que los golpistas no encontraron ninguna oposición.