Las elecciones nacionales tenidas lugar el pasado 28 de julio en Venezuela contaron con un sistema de encriptación de las actas emitidas por las 30.026 mesas electorales que permite la comprobación de la veracidad de las mismas mediante la vinculación de cada una de ellas a un hash (firma criptográfica digital) único, inquebrantable e inmutable que imposibilita su manipulación.

Además, en el momento de emisión de cada acta fue entregada una copia física de la misma a los testigos electorales (interventores) presentes en las mesas correspondientes antes del envió de las mismas al Consejo Nacional Electoral (CNE) a través de su propia red privada.

El régimen venezolano no permitió la presencia en los colegios electorales de verificadores internacionales ni periodistas que no considerase afines.

Uno de estos verificadores que sí pudieron seguir el proceso electoral, el Centro Carter, ya participó en 2004 en otras elecciones venezolanas dando entonces la victoria de las mismas a Hugo Chávez entre fuertes críticas internacionales por posible fraude. Sin embargo, en esta ocasión se ha negado a reconocer los resultados oficiales que dan la victoria a Nicolás Maduro y ha tildado el proceso de fraude masivo negando la posibilidad de hackeo alguno en el envió de los resultados escrutados al CNE.

En Venezuela la separación de poderes es inexistente y tanto el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal Supremo de Justicia, en cuyas manos están en estos momentos las actas originales emitidas y la decisión sobre la validez de resultados electorales, se encuentran completamente controlados por el régimen.

La oposición publicó horas después del cierre de los colegios electorales el 81% de las copias de las actas electorales que obtuvieron sus testigos en las mesas. Éstas darían la victoria de las elecciones al candidato opositor Edmundo González con un 67% de los sufragios frente a un 30% de Nicolás Maduro.

Dos semanas después el régimen venezolano todavía no ha conseguido publicar ningún documento oficial que acredite los resultados oficiales que darían la victoria a Maduro.

Desde el mismo día de las elecciones y a fecha de hoy se han producido 1.200 detenciones (2.000 según manifestaciones de Nicolás Maduro) entre miembros de los equipos de campaña de la oposición, testigos electorales, policías, militares y fiscales en desacato, periodistas, manifestantes y ciudadanos que simplemente han publicado algún comentario crítico en redes sociales. 114 de ellos menores de edad. Hay 24 personas fallecidas (veintitrés por disparos de balas, una a golpes).

Para albergar a dichos detenidos Nicolás Maduro ha anunciado la construcción de dos nuevos centros penitenciarios orientados a la reeducación de disidentes mediante trabajos forzados.

Líderes de la izquierda latinoamericana hasta ahora próximos a Maduro como Gabriel Boric, Gustavo Petro, Lula da Silva, López Obrador o Cristina Fernández de Kirchner se han negado a reconocer los resultados de las elecciones si no se publican las actas oficiales.

El Partido Comunista de Venezuela (PCV) ha denunciado la política de terror y los ataques a la Constitución vigente llevados a cabo por el régimen de Maduro.

Este fin de semana Nicolás Maduro ha calificado a los líderes de la oposición María Corina Machado y Edmundo González de “terroristas” y “prófugos de la justicia” al mismo tiempo que decretaba el cierre de las redes sociales del país en las que se compartiesen opiniones críticas con el régimen.

Según datos publicados por el economista Juan Ramón Rallo, desde 2013, año en el que Nicolás Maduro accedió al poder en Venezuela, el Producto Interior Bruto en el país ha caído un 71%, la renta per cápita se ha disminuido en un 67,5%, el 88,2% de la población se encuentra en situación de pobreza, el bolivar ha perdido el 99,999997% de su valor y hay 7,7 millones de personas desplazadas (casi una cuarta parte de su población). Se estima que otros 4 millones (de los 26 millones de habitantes actuales) podrían abandonar próximamente el país de mantenerse la actual situación.

Quien defiende en estos momentos el sistema venezolano no lo hace ni en nombre de la democracia ni en defensa de la prosperidad o progreso de sus gentes, más bien en contra de todo ello.