En la memoria de Villafranca (Navarra) ha permanecido a lo largo de la historia la afirmación de que el llamado “soto comunal” de la Higuerilla lo robó el conde de Rodezno. Es verdad que este Rodezno, Tomás Domínguez de Arévalo, coleccionó en vida una lista de inculpaciones que la historia ha recogido muy bien, aunque, para conocer su alcance, lo mejor es repasar las alabanzas de las que fue objeto por parte de sus compañeros golpistas. Gracias a estas, su retrato de político sin escrúpulos queda mucho mejor dibujado que si lo hiciera la oposición. Lo que dicen sus apologistas de lo que hizo y representó para España y Navarra nadie lo reivindicará hoy día. Rodezno, por derecho propio, es incompatible con la democracia y el Estado de Derecho.
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Pero a lo que voy. Quienes han escrito sobre Rodezno y le atribuyen el robo de este soto, llamado La Higuerilla, se equivocan. Ni Tomás Domínguez Arévalo ni, su padre, Tomás Domínguez Romera robaron ese soto, ni ninguna pieza del comunal de Villafranca. Eran caciques, pero no tan burdos a la hora de hacerse con lo ajeno. Ni, en sentido estricto, lo expolió ni lo compró, aunque en la inscripción del citado soto en el Registro de la Propiedad hablen de dos sotos, “Comprado” e “Higuerilla” que forman una sola pieza de 551 robadas”. (Tomo 86, libro 3, año 1935).
No lo compró la familia Arévalo, sino que fue resultado de una permuta artera entre el Ayuntamiento de Villafranca, hecha el 14 de abril de 1867. Difícilmente puede atribuirse a Domínguez Arévalo ningún tipo de responsabilidad en ese cambalache, dado que nació en Madrid en 1882. Los responsables fueron Alcaldía, Diputación y Javier Arévalo, que no era conde. Sí lo era su hermano, Justo, tras casarse en 1840 con Ángeles Navarrete, condesa de Rodezno y Valdellano, y abuelo del futuro Tomás Domínguez.
Ese trozo de soto comunal limitaba con una heredad de Arévalo, llamada Higuerilla y fue, a partir de entonces, cuando al conjunto de ese terreno, permutado y el que ya era propiedad de los Arévalo, pasó a denominarse el “soto de la Higuerilla” y, coloquialmente, “el Soto Robado” en opinión de la sabiduría popular y “Soto comprado” para la casa Arévalo. Pero no fue ni una cosa, ni otra, sino permuta o trueque.
Este cambalache fue autorizado por Diputación y consistió en que J. Arévalo entregaba “una casa de su propiedad” y se “derribara en pared” para ensanchamiento de la calle y el resto se destinase a escuela de párvulos y carnicería. El Ayuntamiento informó que la permuta convenía al pueblo “por motivos de higiene y salubridad públicas y por ornato”; pero más al sr. Arévalo y al alcalde del momento, Emeterio Victoria, y poco o nada al pueblo.
La casa se tasó en 46.830 reales y por ella el Ayuntamiento entregó 273,50 robadas del Soto por ser la fracción que estimó un tasador fulero equivalente al valor de la casa. Pero, según los datos recogidos, el soto producía de regaliz 20.000 reales; de hierbas, de 1.600 a 2.000 reales y además arbolado, estiércoles y carrizo, y la casa producía 720 reales. El día de la permuta producía 560 reales. Además, el dueño se reservaba la planta baja a excepción de las cuadras.
El Ayuntamiento posterior, con fecha de octubre de 1868, decidió gestionar la anulación del contrato de la permuta. Demandó a Arévalo para rescindirlo fundamentándose en el grave perjuicio que había sufrido el Ayuntamiento. Sin embargo, el juzgado de Tudela dio la razón al sr. Arévalo y, hecha la apelación a la Audiencia de Pamplona, esta “confirmó la anterior sentencia, a pesar de que, si bien se observaron las prescripciones legales en la permuta del soto comprado respecto a distribución, uso y aprovechamiento, pero no ventas ni permutas”. A pesar de este mea culpa de Diputación y de reconocer que “se hizo la permuta con notoria extralimitación, habiéndose comprobado error en la medición por el que se entregaron más de las doscientas setenta y tres robadas y media, se sentenció que el exceso lo abonase el sr. Arévalo al mismo precio que el resto”, se absolvió a este Arévalo.
Con fecha del 23 de junio de 1870, Lucio Arévalo, hermano de Javier, ofreció al Ayuntamiento “el medio para que pudiera recobrar el soto, previas las formalidades y entrega de su importe, no habiéndolo hecho antes intencionadamente por esperar a que los tribunales fallasen su derecho a favor de él, y por su propia dignidad”. Porque para legales, los Arévalo. Faltaría más. El Ayuntamiento contestó que aceptaba el soto para el pueblo “a cambio de las mejoras que recibieron en sus casas D. Javier Arévalo y don Emeterio Victoria, que bastante había pagado el pueblo con los concejiles que había sufrido para demoler la casa y dar lucimiento a los dichos señores y que se entendieran ambos para abonar su importe entre los beneficiados con su derribo”. No coló.
Fueron Julia Álvarez y Nicolás Jiménez, del Centro Republicano Socialista, quienes hicieron acopio documental de este pleito, y presentado al Ayuntamiento el 10 de agosto de 1931. En él se descubrió que Javier Arévalo “había recibido de su padre en herencia la famosa casa primicial derribada, pero que carecía de todo título y que le hizo un expediente posesorio como requisito para llevar a cabo la permuta. Así consta en la Escritura de Permuta”.
En fin. El Soto de la Higuerilla nunca fue robado por el conde, pero cabe añadir que quienes se hicieron con su propiedad fueron unos mafiosos, a los que tanto el Ayuntamiento y la Diputación les hicieron el juego, haciendo dejación de sus deberes de respetar el comunal. Perpetraron una injusticia que, con el tiempo, trajo graves conflictos. En septiembre 1895 cientos de agricultores invadieron dicho soto y otros por considerarlos propiedad del Ayuntamiento. La represión fue tan brutal por parte de un destacamento de soldados y de la guardia civil que 103 villafranqueses fueron llevados a la cárcel del Distrito de Tudela. El relato de este hecho puede leerse en el periódico Germinal, escrito por el periodista republicano Luis Morote.
Quedaría por decir que Tomás Domínguez Arévalo heredó este patrimonio, incluido el soto de la discordia, en 1920. Y, aunque sabía que su propiedad fue adquirida por vías legales sui géneris, cuando los socialistas de 1932 intentaron negociar con el conde para recuperar su propiedad para el pueblo, ni siquiera respondió personalmente al envite. Fue su testaferro, Miguel Malo quien contestó a la comisión socialista: “En relación con el Soto comprado y la corraliza que posee el sr. Conde, no está autorizado para hacer ninguna gestión”. Y no se hizo.
Y, cuando el conde decía que era “soto comprado”, también, mentía.