El pasado 4 de septiembre, los arquitectos y profesionales vinculados a la rehabilitación energética de edificios, como yo, recibimos con asombro y desconcierto la noticia de que, tras la conclusión del verano y el inminente inicio del nuevo curso, muchas de las solicitudes presentadas para las convocatorias de ayudas no serían atendidas. En particular, las ayudas del programa MRR Edificios 2023, a partir del expediente 114, y las del programa PREE 5000, desde el expediente 179, quedarán sin respuesta debido a la falta de fondos europeos, como si se tratara de un fenómeno atmosférico imprevisto.
Lo sorprendente es que, un año antes, las previsiones eran buenas. Se confiaba en la posibilidad de recibir fondos MRR no ejecutados por otras Comunidades Autónomas, para ser redistribuidos entre aquellas que ya hubieran agotado los propios, como era el caso de Navarra. En base a esa previsión, el departamento de Vivienda reabrió la convocatoria, lo que llevó a muchas Comunidades de Vecinos y propietarios a elaborar y presentar, dentro del plazo estipulado, sus proyectos de mejora para la envolvente térmica de sus edificios.
Afortunadamente, la sociedad navarra ha demostrado una creciente conciencia sobre la importancia de la rehabilitación energética. Se ha entendido que es más sensato proteger los edificios contra el frío y el calor, en lugar de derrochar energía para combatirlos, lo cual ha impulsado a muchos a emprender acciones concretas para mejorar su calidad de vida y reducir sus gastos energéticos. Este compromiso es, sin duda, motivo de orgullo.
Sin embargo, la sorpresa llegó cuando, sin previo aviso, la “tormenta” se desató.
Desde el Gobierno de Navarra se ha comunicado que existe un problema de plazos que impide admitir más expedientes.
En consecuencia, un gran número de personas que actualmente habitan en viviendas con problemas de condensación, variaciones drásticas de temperatura y facturas energéticas elevadas, y que confiaron en la posibilidad de solucionar estos problemas a través de la rehabilitación, ahora se ven desamparadas.
A pesar de haber redactado y presentado proyectos para instalar aislamiento en sus fachadas, en plazo, no podrán llevarlos a cabo debido a la falta de recursos.
Si continuamos con el símil meteorológico, podríamos considerar esta situación como una “zona catastrófica” para los edificios afectados, lo que debería activar un mecanismo de ayuda para quienes se han esforzado en cumplir con los planes del Gobierno. Estas personas apostaron por la eficiencia energética y creyeron en un futuro mejor, pero ahora se enfrentan a proyectos que, por falta de fondos, parecen imposibles de ejecutar.
Desde la Delegación de Navarra del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, solicitamos al Gobierno de Navarra que implemente un “Plan B”. Este plan debería ofrecer alternativas para las Comunidades de Vecinos que han quedado fuera de las ayudas. Una opción viable podría ser aprovechar los fondos MRR del Programa 5, destinados a la redacción de proyectos de rehabilitación y a la elaboración del libro del edificio existente, fondos que, a día de hoy, no se han agotado en otras CCAA y que se podrían aplicar de forma ágil y eficiente para motivar una rehabilitación proporcionada. O, ¿por qué no? Crear una línea de crédito que cubra la totalidad de las ayudas comprometidas.
La ciudadanía navarra ha demostrado un compromiso firme con los objetivos específicos marcados por Europa en cuanto al número de viviendas rehabilitadas, ya conseguido. Los objetivos generales a largo plazo, con horizonte 2030, siguen vigentes y deberán cumplirse, lo que significa que será necesario volver a solicitar la participación e inversión de las Comunidades de Propietarios. Por ello, no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que pase la tormenta.
Es imprescindible establecer un marco legal estable y seguro, que ofrezca una financiación accesible y una fiscalidad clara para que la rehabilitación energética no sea un esfuerzo temporal, sino una realidad duradera en el tiempo. Solo así podrá dejar de ser una prioridad para nuestro Gobierno.
Los datos de que disponemos indican que las ayudas no se han pedido por falta de capacidad de gestión y por la falta de voluntad política para apostar por la rehabilitación. Nos preocupa profundamente la falta de intención de continuar con las políticas de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, la cual se ha promovido con tanto énfasis. En estos tiempos de jornadas, encuentros y sensibilización medio ambiental, parece que lo importante es la ideologización de la sociedad, otra cosa bien distinta es el impulso de actuaciones tangibles y efectivas como la rehabilitación energética de los edificios.
Defender una economía social y ambiental como base para el progreso no es coherente con dejar sin ayudas a tantas viviendas que ya han realizado un gasto considerable, incluso han solicitado un préstamo bancario para ello, y que, además, en un futuro cercano, su venta o alquiler dependerá de su calificación energética. Por ello, instamos a los dirigentes políticos a tomar decisiones y apostar por ese “Plan B” que evite deshacer el camino andado, ya que mejorar el hogar es mejorar la vida de quienes lo habitan y, por ende, mejorar la sociedad en su conjunto.
La autora es arquitecta y vocal de la junta del COAVNA
