Un acuerdo esperable y decepcionante

A pesar de que había quienes han pensado que la Ley estatal de Memoria Democrática amparaba el derribo, la realidad es que, como hemos explicado en múltiples ocasiones, el artículo 35 de aquella lo exoneraba de la consideración de elemento franquista al asumir en su redactado el fundamento jurídico de la resolución 673/2008 del Tribunal Administrativo de Navarra. Ese artículo 35 fue fruto de la no consideración en la tramitación parlamentaria, por parte del PSOE y de Unidas Podemos, de las enmiendas presentadas por diversas asociaciones memorialistas navarras y de la retirada negociada, por parte de aquellos partidos con EH Bildu, de la enmienda presentada por esta última formación.

Llama la atención que los tres partidos del acuerdo lo hayan hecho público antes de que conozcamos los términos del real decreto de regulación del catálogo de símbolos y elementos franquistas que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática anunció, abriendo un plaza de recepción de opiniones para ello, en fecha tan poca propicia para un procedimiento de escucha ciudadana como el mes de agosto pasado. Ese real decreto debe ser tramitado mediante la vía de urgencia, según acordó el Consejo de Ministros hace dos semanas. En nuestra opinión, y bien que nos gustaría equivocarnos, ese real decreto avalará nuestra presunción de que el monumento pamplonés no es para el Gobierno un elemento contrario a la memoria democrática, por no ser escenario, a día de hoy, de actos de exaltación. No hay que olvidar que, por sus dimensiones, el monumento pamplonés remite por analogía al del Valle de Cuelgamuros: cualquier actuación de eliminación del primero serviría para reclamar acciones similares en relación con el segundo por parte de sectores de la opinión pública.

Las reflexiones anteriores, obviamente, sirven para que nos interroguemos por el andamiaje legal que sustenta ese acuerdo y por si está suficientemente blindado como para ser invulnerable respecto a demandas de sectores derechistas conservacionistas. Además de manifestar nuestras dudas, queremos expresar que no entendemos los motivos de que no se apueste por un proceso de modificación de la ley foral de memoria histórica, a resultas del cual el monumento mencionado pueda ser conceptuado inequívocamente como elemento contrario a la memoria democrática y pueda posibilitarse la opción de su derribo completo como una alternativa más. Creemos que la modificación de dicha ley foral, y de otras normas navarras, para dar cobertura a la actuación que se anuncia y que se menciona en el acuerdo, pueda no ser suficiente herramienta de blindaje legal, sobre todo cuando no se esclarecen los contenidos de los cambios legales a introducir.

Por otra parte, el acuerdo de esos tres partidos es rechazable por diversos motivos que ya han sido expuestos en muchos artículos a lo largo de estos meses por parte nuestra y de varias entidades y personas, y que obviaremos para centrarnos en los que consideramos menos transitados.

Visto el desenlace hay uno ciertamente nuclear. Al igual que, en su génesis, dicho Monumento fue absolutamente impuesto a la ciudadanía por las fuerzas golpistas que se alzaron con la victoria y la rubricaron con una represión salvaje, consideramos que, tantas décadas después, ha funcionado, en relación con él, un modus operandi inaceptable de imposición de un símbolo claramente carlofascista, a resignificar presuntamente según nos anuncian, sin que haya habido ningún proceso público y plural de debate, convenientemente vehiculizado y difundido por las instituciones, sobre las características del mismo y sobre quienes fueron sus gestores a lo largo de décadas de acuerdo con su finalidad primigenia.

Hay otra cuestión en la que queremos detenernos. Se dice que en el monumento se ubicará un centro de interpretación, y de denuncia del fascismo, denominado Maravillas Lamberto.

Somos escépticos en relación con esa posible resignificación significadora del edificio, y la trayectoria de las instituciones navarras en relación con la gestión de la memoria de lo acaecido durante la última década avala nuestras prevenciones. En los lugares de memoria instaurados, y en las resoluciones normativas que les dan base, y en los paneles y en las placas de todo tipo instaladas no hay mención en absoluto de los victimarios. En la plaza dedicada en Lezkairu a la misma Maravillas Lamberto no hay ni siquiera mención de que fuera asesinada, ni muchísimo menos de los bárbaros que la violaron y asesinaron junto a su padre en un descampado, con sus restos a merced de las alimañas.

Los informes del Fondo Documental de la UPNA, que es el agente que proporciona soporte académico a las acciones de la Consejería y de la Dirección General, y que, es presumible, será el agente conformador de los contenidos de ese centro de interpretación al que se alude, también rehuyen reiteradamente la cuestión de los victimarios. En el Informe Pericial elaborado en 2016 para el Ayuntamiento de Pamplona en apoyo de la fracasada querella argentina, la cuestión de los victimarios de los tres centenares de vecinos de Pamplona eliminados en 1936-1937 se sustancia en un párrafo de cinco líneas que remite a mi libro Sin Piedad. En el informe sobre cartografía e historia de la cautividad en Pamplona, publicado este mismo año 2024, al hablar del colegio de Escolapios se prescinde del hecho crucial de que en la prisión requeté allí instalada también se ubicaba el Tercio Móvil, la unidad de castigo de los carlistas y autora de hechos ciertamente espeluznantes.

Además, por su propia calificación de “centro de denuncia del fascismo”, dicha entidad, a nuestro juicio, parte de una concepción errónea. Más que apuntar a conceptos grandilocuentes, creemos que sería más pertinente y acertado dirigir la mirada a aquellos agentes de la propia Navarra y de la propia Pamplona que, siendo personas corrientes, respondieron a la llamada, realizada por las autoridades y por las élites de sus formaciones y por el ambiente golpista en general, para asesinar y vejar a sus convecinos. Sólo descendiendo a ese plano, podremos entender adecuadamente la impunidad y la desmemoria generadas por esa responsabilidad endógena bajo el axioma de que mancharse de sangre extiende el olvido, y que hoy todavía impera. A la par, habría que atender a los beneficiarios de lo sucedido en todos los ámbitos a lo largo de cuarenta años y que nunca desarrollaron un ejercicio de reconocimiento disruptivo de nada.

Una enorme decepción. Noventa años después, se nos plantea un edificio trasmochado y un relato alicorto e incapaz de sugerir una introspección serena y valiente. Los golpistas siguen ganando la partida.