La parálisis de la mesa sectorial y el desprecio a los funcionarios de justicia

la situación de los funcionarios de Justicia en Navarra ha llegado a un punto insostenible. Desde abril de 2024, hemos solicitado a la Dirección General de Justicia que se siente a negociar con seriedad y voluntad de acuerdo. Lo que hemos encontrado, sin embargo, es un muro de inoperancia y desdén hacia quienes sostenemos el servicio público de justicia en esta comunidad. La convocatoria de la Mesa Sectorial es un derecho y una obligación. No es un capricho sindical, sino una herramienta esencial para garantizar que el sistema judicial funcione con eficacia y que las condiciones laborales de quienes trabajamos en él sean dignas. Pero la Administración Foral ha decidido ignorar nuestras solicitudes y, con ello, nuestros derechos.

Una dejación de funciones que vulnera La ley

El 18 de octubre de 2024, presentamos formalmente la solicitud de convocatoria de la Mesa Sectorial de Justicia. La normativa establece un plazo máximo de quince días para convocarla. Hoy, casi tres meses después, seguimos esperando. Este retraso no es solo una falta de respeto, es un incumplimiento flagrante de sus obligaciones.

En nuestro reciente requerimiento administrativo, advertimos que la inacción de la Dirección General de Justicia atenta contra derechos fundamentales recogidos en la Constitución española, como la libertad sindical. La falta de respuesta nos obliga a tomar medidas drásticas: acudiremos a los Tribunales de Justicia para exigir lo que por derecho nos corresponde. Es lamentable que tengamos que llegar a este punto para que la Administración cumpla con sus obligaciones más básicas.

Una situación que viene de lejos y se agrava cada día

Este conflicto no es nuevo. Desde abril de 2024, los funcionarios de Justicia en Navarra hemos llevado a cabo concentraciones, huelgas y paros parciales. Lo hemos hecho porque creemos en nuestro trabajo y porque queremos ofrecer un servicio público de calidad. Sin embargo, la respuesta de la dirección general ha sido el silencio. Ni una sola convocatoria al Comité de Huelga, ni una muestra de voluntad negociadora real. La falta de diálogo es una constante que ha marcado esta legislatura.

Las demandas del personal de Justicia no son desproporcionadas ni irracionales. Pedimos un calendario laboral para 2025, medidas de mejora del servicio público y avances en nuestras condiciones laborales. Pedimos que se atiendan problemas como la alta interinidad, la saturación de los juzgados y la falta de formación. Exigimos que se cumplan los compromisos y que se respeten nuestros derechos.

La precariedad laboral como norma

La Administración de Justicia en Navarra lleva años instalada en la precariedad. Desde 2015, no se han actualizado normativas fundamentales ni se han introducido mejoras significativas en la contratación o en la prestación del servicio público. La interinidad ronda el 30%, la temporalidad y la falta de estabilidad en las plantillas sigue siendo la norma en lugar de la excepción. Esta situación no solo afecta a los funcionarios, sino también a la ciudadanía, que ve cómo la sobrecarga de trabajo y la falta de medios repercuten en la calidad del servicio.

Entre nuestras demandas más urgentes se encuentran la regulación de servicios esenciales, la provisión mensual de puestos de trabajo y medidas específicas para los juzgados de violencia de género. La falta de atención a estos problemas demuestra un desprecio absoluto por la importancia del servicio público de justicia, algo que lamentablemente se está viendo agravado en esta legislatura.

El Gobierno Foral sigue sin valorar nuestro trabajo

El Gobierno de Navarra parece no entender el valor que aportamos los funcionarios de Justicia. A pesar de contar con uno de los presupuestos más bajos por habitante destinado a Justicia, el servicio en Navarra presenta unos niveles de pendencia muy bajos en comparación con otras comunidades. Esto no es fruto de la casualidad, sino de la profesionalidad y la dedicación del personal. Sin embargo, lejos de reconocer este esfuerzo, la Administración sigue tomando decisiones unilaterales que afectan a nuestras condiciones laborales, sin informar ni negociar con los representantes sindicales.

Decisiones que implican la creación o eliminación de servicios, la movilidad del personal o la gestión de refuerzos son tomadas de manera unilateral, incumpliendo no solo lo que establece la normativa estatal, sino también sus propios compromisos. Esta actitud es inaceptable y supone una falta de respeto hacia quienes sostenemos el sistema judicial en Navarra.

Persistir en los errores: la falta de voluntad negociadora

Desde abril de 2024, hemos registrado más de 17 escritos y numerosas propuestas de mejora. Hemos solicitado reuniones, presentado un acuerdo programático y mostrado siempre disposición al diálogo. Pero la respuesta de la dirección general ha sido la misma: silencio y bloqueo.

El 5 de septiembre de 2024, la Administración presentó una propuesta que incluía una cláusula inaceptable: las organizaciones sindicales debíamos comprometernos a facilitar la implementación del nuevo modelo organizativo y la aplicación de cualquier disposición que afectara al servicio público de justicia. Esta cláusula demuestra una falta total de voluntad negociadora. La dirección general no quiere dialogar, quiere imponer.

Exigimos respeto y soluciones inmediatas

Los funcionarios de Justicia en Navarra no vamos a aceptar esta situación indefinidamente. Exigimos que la dirección general de Justicia convoque de inmediato la Mesa Sectorial y se siente a negociar con seriedad y respeto. Exigimos que se atiendan nuestras demandas y se pongan en marcha medidas que garanticen un servicio público de justicia eficiente y de calidad.

No estamos dispuestos a seguir soportando la precariedad laboral, la falta de reconocimiento y el desprecio hacia nuestro trabajo. La justicia en Navarra necesita soluciones urgentes, y no vamos a detenernos hasta conseguirlas.

En representación de los 10 delegados que suman STAJ y AFAPNA Justicia, del total de 17 que integran la Comisión del Personal de la Administración de Justicia en Navarra